Opinión

Expediente Coahuila 2011

 
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Humberto Moreira

Hoy resurge la discusión de 2011 sobre la deuda de Coahuila, a partir de la aprehensión en España del exgobernador Humberto Moreira por lavado de dinero. En efecto, a partir de que la Comisión Nacional Bancaria difundió en abril de ese año, datos por primera y única vez, de la deuda no registrada de las entidades federativas, deuda bancaria de corto plazo, la sorpresa fue enterarnos que no debía 8 mil 267 millones, que eran los registrados, sino que tenía 23 mil 600 millones de pesos de deuda no registrada, con lo que la deuda estatal ascendía a 32 mil millones de pesos. Por donde quiera que se viese era un acto doloso.

Diputados de oposición en el congreso local, acusaron al gobierno de falsificar autorizaciones del Congreso, requisito para el registro de deuda pública en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y también que en la misma UCEF se había falsificado el número de registro. Dos funcionarios de la misma fueron encarcelados injustamente, uno salió al año exonerado, pero nadie del gobierno de Coahuila cayó en la cárcel por ese asunto.

Los problemas de Jorge Torres, quien fue secretario de Finanzas de Moreira y después gobernador sustituto, y de Héctor Villarreal, presidente del SATEC, el Sistema Estatal de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, se deben también a acusaciones de lavado de dinero.

Un Sistema de Administración Tributaria se debe dedicar a recaudar, no a enajenar activos, ni a contratar deuda, para lo que realmente fue creado en Coahuila el SATEC, además sin hacer público ese endeudamiento. Me sorprendieron esas facultades desde que conocí la iniciativa. Hoy ya no existe.

Por otra parte algunas consideraciones: en ese momento el registro de deuda pública no era obligatorio, en la Ley de Coordinación Fiscal se decía que era voluntario y por lo mismo sólo para fines informativos.

Por otra parte se registraban contratos, avalados por las instituciones bancarias, el registro no servía para la autorización del crédito. No podías registrar lo que no se había firmado.

Para registrar se requería la autorización de los congresos locales, que fue de donde salió la denuncia de la falsificación de documentos.

Ahora bien al tratarse de deuda de corto plazo, lo más irregular fue regularizarla, ya que se autorizó su reestructura para ampliar el plazo de pago, pero ya no se revisó en qué se gastó, sólo se regularizó como deuda de largo plazo.

Ha habido desconocimiento, incluso de algunos diputados federales que pedían al auditor superior de la Federación que auditara la deuda de Coahuila, pero la ASF no ha tenido facultades para hacerlo, lo más que pudo hacer fue un análisis, como apoyo al órgano de fiscalización del Congreso local que sí las tenía.

Como anécdota, Enrique Martínez, gobernador de ese estado hasta 2005, dejó una deuda de alrededor de 300 millones de pesos, y le preocupaba “dejar endeudado al estado”, pero llegó Moreira y ya en 2011 Coahuila debía 32 mil millones.

A junio de 2015, Coahuila es el sexto lugar en cuanto a monto, con 36 mil 927 millones, es el segundo lugar en relación a las participaciones con un equivalente de 249.8 por ciento, y el tercer lugar en relación con el PIBE, 6.5 por ciento. El actual gobernador reestructuró, pero eso significó sólo alargar los plazos y aumentar el costo acumulado, aunque hay un efecto de columpio durante su administración, esto es el servicio será menor.

Seguramente la Ley de Disciplina Financiera ayudará a evitar esos abusos y el doble lenguaje de decir que algunas obligaciones financieras no son deuda pública, aunque sí lo son, ya que exigen recursos presupuestales para su pago.

Desgraciadamente Coahuila no ha sido el único caso, ahí están, entre otros, Nuevo León, Quintana Roo, Nayarit y Veracruz con signos claros de opacidad.

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