Opinión

Excesos de la inquisición

   
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Senado de la República Comisiones

La agenda pública tiene en la palestra el tema de la corrupción y la impunidad. En las recientes elecciones, la alternancia que se dio en ocho entidades del país, en buena medida, se debió al enorme malestar que prevalece entre la ciudadanía por las corruptelas de varios de los gobernadores de esas entidades y que exacerbaron el ánimo de los electores.

Los postulados de que el buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y respetuosa del estado de derecho, han sido desdeñados en la práctica, por ello se emprendió en el Congreso la tarea de construir una reforma anticorrupción que esté a la altura del reclamo ciudadano y sobre todo que le otorgue credibilidad al gobierno, al tiempo de dotar de transparencia y rendición de cuentas al ejercicio de los recursos públicos.

La consolidación de la democracia mexicana tiene que pasar necesariamente por el empoderamiento de la gente que exige terminar con la corrupción en el ámbito gubernamental.

Sin embargo, la corrupción no es privativa de los servidores públicos. Si bien es cierto que existen múltiples casos del uso indebido de los recursos públicos por parte de funcionarios sin escrúpulos, también es una realidad que en el sector privado se encuentra la otra punta de la madeja que hace que el círculo vicioso se cierre y perdure, particularmente en aquellos empresarios que buscan participar en la obra pública y en múltiples contratos que abarcan toda una gama de servicios que, sin importar el tamaño de la empresa, se ven beneficiados merced a un acto de cohecho.

Así las cosas, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ya no sólo rige al sector gubernamental, sino que obliga a los entes privados a presentar la información de sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de interés.

El artículo 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción señala que están obligados de presentar, bajo protesta de decir la verdad, declaración de situación patrimonial y de interés ante las secretarías u órganos internos de control… los servidores públicos y cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y municipios.

Todos estamos de acuerdo de que el país requiere una reforma de gran calado en la materia; sin embargo, el irse a extremos peligrosos que ponen en riesgo la seguridad de los propios funcionarios y empresarios referidos como sujetos de este esquema legal, al hacer públicas sus declaraciones, representa un exceso digno de regímenes autoritarios y nos lleva a épocas del oscurantismo religioso como la propia Santa Inquisición.

Los legisladores aprobaron un Sistema Nacional Anticorrupción digno de las democracias más avanzadas del mundo; sin embargo, en aras de cumplir con los anhelos de las organizaciones ciudadanas que participaron en el proyecto, se vulneró la seguridad personal de empresarios y, por supuesto, de los servidores públicos.

Parlatino. En el marco de las actividades que lleva a cabo el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) en el Senado, se han presentado una serie de conferencias que a decir de los enterados, han permitido recoger una visión del acontecer democrático y parlamentario de esta región del mundo. Sin embargo, ha habido algunos ponentes que, lejos de aportar a esta visión integradora de los cuerpos legislativos, se dedicaron a solazarse en su soberbia al desdeñar a los propios congresistas presentes, al grado de regañarlos por la nula atención que prestaban a su ponencia, tal fue el caso de Gabriel Guerra, quien ofreció la conferencia: Coyuntura y Perspectiva sobre América Latina. El ponente debe entender que el interés de la audiencia responde a lo atractivo e inteligente de los argumentos presentados y no a un capricho autoritario.

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