Opinión

Evitando retrocesos

A principios de este mes, un grupo de legisladores advirtió sobre la posibilidad de un serio retroceso a la legislación en telecomunicaciones, que afectaría directamente los derechos de los usuarios de telefonía en nuestro país.

El asunto se relaciona con la intención del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de postergar la entrada en vigor de la portabilidad (derecho de cambiarse de compañía conservando el mismo número telefónico) hasta febrero o marzo del siguiente año.

La queja de los legisladores, senadores y diputados de PRI, PAN, PRD y PVEM, se basó en que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecía expresamente la obligación del IFT de expedir a más tardar el 6 de noviembre las reglas que permitieran simplificar seriamente la portabilidad numérica y que ésta se realizara en un tiempo no mayor a 24 horas.

Se trata, como puede verse, de un importante beneficio para todos los usuarios del servicio telefónico, móvil o fijo, y de ahí la preocupación de los legisladores en urgir al IFT para que no pospusiera la implantación de la medida.

Es evidente que la portabilidad tardada y engorrosa genera usuarios cautivos, una incuestionable barrera de entrada para la competencia, que limita el derecho de los usuarios para elegir a la empresa telefónica que le ofrezca las mejores condiciones de servicio y precio. Baste decir que, desde que se implantó en México en 2008, más de 17 millones de líneas han ejercido este derecho.

No extraña, pues, que en la comparecencia de los comisionados del IFT realizada el pasado 4 de noviembre en la Cámara de Diputados, el tema de la portabilidad haya sido recurrente.

Bajo tales antecedentes, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el 6 de noviembre las nuevas reglas de portabilidad numérica que, al tiempo que consideran el reto técnico que habían identificado algunos comisionados, también adopta una posición gradual mucho más alineada con los beneficios inmediatos que se esperan de la reforma estructural de telecomunicaciones.

De esta manera, una vez publicadas las reglas de portabilidad (lo que ocurrió el miércoles), ésta se realizará en un plazo máximo de tres días y sólo se requerirá una identificación del usuario y su consentimiento, eliminándose el requisito de presentar factura, contrato o cualquier otro documento. Además, en un plazo no mayor 90 días, se estarán realizando las gestiones técnicas y operativas que hagan realidad la portabilidad en menos de 24 horas, tal y como lo ordena la Ley.

Los resultados positivos de este diálogo son buena muestra del ánimo de colaboración institucional que debe privar entre el Congreso de la Unión y el órgano constitucional autónomo encargado de regular las telecomunicaciones, el IFT, diálogo que tenga como eje rector los mayores beneficios tangibles a los usuarios.