Opinión

Evaluación de las políticas públicas

Como parte de la reforma político-electoral de diciembre pasado, se otorga autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en términos similares a la del IFE, de la Comisión Federal de Competencia, del Ifetel y de la PGR, entre otras. El Coneval es todavía un órgano desconcentrado de la Sedesol con dependencia presupuestal de esa Secretaría; tendrá autonomía constitucional plena hasta 2018. A pesar de que este cambio se incluyó en el paquete de esa reforma, impactará en el diseño y en la evaluación de las políticas públicas, así como en los programas de gasto que ejecuta el Ejecutivo federal y, por tanto, tendrá implicaciones económicas y sectoriales relevantes. Del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, aproximadamente 25% del gasto neto total puede clasificarse como “erogaciones para el desarrollo social” que consideran no sólo los programas de Sedesol, sino los de otras dependencias que canalizan recursos directamente a población beneficiaria y que están sujetos a reglas de operación.

En los últimos años el trabajo más publicitado del Coneval, y en ocasiones polémico, es la medición sistemática de la pobreza. Sin embargo, su mayor contribución ha sido introducir la cultura y metodologías de evaluación de las políticas públicas. Desde evaluaciones de diseño de los programas federales hasta las de procesos, de impacto, de consistencia y resultados, y de desempeño. Ello, junto con la aplicación de “matrices de indicadores de resultados”, ha contribuido a avanzar a la integración y ejecución de un presupuesto por resultados, al coordinar o evaluar directamente más de 500 programas de gasto público federal por año, algunos en concurrencia con los estados.

A pesar de las críticas y argumentos de algunos legisladores durante la discusión de su autonomía, en particular del Partido Acción Nacional a los que no gustaron los resultados de diversas evaluaciones –sobre todo de la evolución de la pobreza durante la administración anterior– el Coneval ha sido un elemento importante para transparentar el ejercicio de los recursos públicos y la efectividad de algunas políticas. En buena medida, y no obstante su carácter de órgano desconcentrado, los consejeros no eran nombrados por el Presidente de la República, sino por la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en el que el Ejecutivo tiene seis de 44 votos y en su órgano de gobierno, con ocho representantes, sólo dos son de dependencias federales (Sedesol y Hacienda). Ello le dio independencia y objetividad en sus decisiones y orientaciones, y le permitió desarrollar capacidades técnicas para realizar las evaluaciones.

En todo caso, la mayor crítica al esquema para evaluar la efectividad del gasto, no imputable al Coneval, es que las evaluaciones las pagan y controlan los evaluados; es decir, las propias dependencias que ejecutan los programas, lo que no ha estado exento de problemas para que se cumplan los criterios y metodología de evaluaciones independientes, aun cuando las realizan terceros independientes (instituciones académicas, consultorías y consultores registrados en Coneval).

Los retos para un Coneval autónomo no son menores. En primer lugar, estará la mecánica de selección y elección de sus siete consejeros, que serán nombrados por la Cámara de Diputados. El riesgo de que ello se politice es elevado. En segundo término, los alcances que tendrá el Coneval y que, como en otras reformas, dependerá de la legislación secundaria que se emita. No queda claro si la reforma le dará “dientes” al Coneval para verificar el cumplimiento de los objetivos de la política social. Por último, el Coneval sólo ha evaluado o coordinado los programas de desarrollo social. Otros programas han sido evaluados por Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. Sería deseable independizar la evaluación de todas las políticas públicas y no sólo de las de desarrollo social.