Opinión

Estertores de la reforma hacendaria


 
La propuesta de “reforma hacendaria” del Ejecutivo nunca fue tal. De entrada, ningún cambio en el Presupuesto de Egresos: ni de orientación, ni transparencia y rendición de cuentas, ni en los mecanismos de control y auditoría. Tampoco incluyó modificaciones para inducir mejores sistemas tributarios a nivel local, con la ausencia destacada del impuesto predial, en el que existen rezagos sustanciales. Así, la reforma hacendaria nació como estrictamente fiscal. Frente a un rechazo generalizado de los grupos afectados –lo cual es previsible cuando se propone modificar impuestos e incrementar la recaudación– los cambios que surgirán del Congreso, en acuerdo con la SHCP, la convierten en una miscelánea fiscal. Adiós a la reforma estructural de “gran calado”.
 
Primero fue eliminar el IVA a colegiaturas, un “misil distractor” que alcanzó su objetivo. Siguió el IVA a la renta de casas habitación y a los intereses sobre créditos hipotecarios. Previsiblemente, se acotará para la compra-venta de casas a partir de cierto valor, lo que dejará exento de ese gravamen a una elevada proporción de las operaciones. También se anunció que ya no se aplicará el IVA a espectáculos públicos y deportivos.
 
Para otros impuestos y derechos, la discusión continúa. El polémico impuesto especial a las bebidas azucaradas podría transformarse en un gravamen a todos los productos que contengan azúcar lo que, además del impacto inflacionario que generaría (la ponderación en el índice de precios al consumidor de los refrescos es de 1.1 por ciento, mientras que la de los alimentos y bebidas que contienen azúcar es de 3.2 por ciento). Ello justificaría un apoyo adicional a los productores cañeros de entre 5 mil y 15 mil millones de pesos en 2014.
 
En los regímenes especiales de tributación del Impuesto sobre la Renta, para el agropecuario se plantea desaparecerlo gradualmente para los “grandes” productores y realizar una estratificación para mantenerlo en los “pequeños y medianos”. En un sector tan atomizado, es previsible que más de 85 por ciento de las unidades productivas queden en el régimen simplificado y las grandes se reconviertan a medianas y pequeñas. En el autotransporte, se propone mantener las tasas preferenciales vigentes y las facilidades de comprobación de gastos, a cambio de un impuesto al consumo de diesel (un peso por litro). En materia de consolidación fiscal y de homologación del IVA en la frontera también hay propuestas para aplicarlas gradualmente; en el ISR para personas físicas, incrementar el estrato de aplicación de la tasa máxima de 32 por ciento.
 
En las propuestas en las que parece haber consensos son: desaparecer el IETU y el IDE; eliminar algunas deducciones (restaurantes, compra de autos); establecer impuestos a dividendos y ganancias de capital, así como al carbono que será un incremento “oculto” de los precios de las gasolinas y la electricidad; y, limitar las deducciones personales a cerca de 47 mil al año; por cierto, aunque ello signifique la desaparición de diversas instituciones de asistencia privada y de filantropía que realizan actividades y servicios que debería proveer el gobierno. Ante la incompetencia en la fiscalización de la SHCP, que busca compensar limitando las deducciones, múltiples instituciones le entregarán las llaves.
 
En esencia, las posibles modificaciones se orientan a reducir la recaudación fiscal estimada para 2014 y, algunas recientes, a incrementar el gasto público como la incorporación del Distrito Federal al fondo de entidades federativas, la creación del “Fondo de Capitalidad”, el apoyo a cañeros, etc.
 
Quedará el expediente de aumentar el precio del petróleo que se subestimó en el Presupuesto (de 81 a 90-100 dólares por barril, lo que en el papel aportaría entre 78 y 85 mil millones de pesos) para cerrar las cuentas y, ciertamente, reforzaría la tendencia de un déficit público creciente con todas las implicaciones que ello tendría.
 
La “reforma hacendaria” aún como miscelánea fiscal está en sus últimos estertores, en coma y agonía.