Opinión

Estados: presión para las finanzas públicas

 
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ME peso ahogado. (Especial)

A pesar de la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, éstos siguen siendo factores de presión para las finanzas públicas federales y nacionales, tanto en materia de deuda como de gestión del gasto. En este último aspecto, en su reporte de la cuenta pública de 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “observó” $65.2 mil millones de pesos, ejercidos por los estados, del monto “observado” del gasto público federal ($165 mil millones), esto es 39.5% del total. De ese monto, $33.5 mil millones de pesos correspondieron a lo que la ASF denomina subejercicios y los restantes $31.7 mil millones a observaciones con impacto económico, que podrían ser presuntos daños al erario público.

Más allá del protagonismo con que la ASF presenta cada año los resultados de su revisión y auditoría de la cuenta pública, y de que los montos y acciones se refieren a observaciones que se pueden solventar o explicar, y que no necesariamente son desvíos y/o mala administración de los recursos, destaca que el monto observado representó 8.6% del total de gasto federalizado asignado a las entidades. Ello fue particularmente grave en los recursos destinados a proyectos de desarrollo regional, que es uno de los rubros con mayor opacidad que asignan los diputados a los estados; PROSPERA en el componente de salud; infraestructura social; seguridad pública; y al seguro popular. La entidades con mayores montos observados con respecto a los asignados fueron Michoacán, la Ciudad de México —que presume de transparencia—, Veracruz, Morelos y Guerrero, mientras que las que tuvieron las menores observaciones relativas fueron Campeche, Colima, Tamaulipas, Oaxaca y, sorpresivamente ante las denuncias por desvíos de recursos, Quintana Roo.

Por otra parte, de acuerdo con un análisis de la empresa calificadora de deuda Fitch Ratings (Panorama de Gobiernos Estatales en México en www.fitchratings.mx), la inversión pública de las entidades continuará siendo limitada. En relación con el gasto que ejercen en nómina pasó de cerca de 50% en 2009-2010 a sólo 22.2% en 2015 y se reduciría aún más en 2016-2017, “dadas las presiones de gasto, las necesidades de reasignación del presupuesto y menores transferencias federales por concepto de subsidios y convenios”.

En materia de deuda, Fitch señala que su crecimiento se contuvo en 2016 (aumentó 0.2%, cuando en 2009-2011 alcanzó tasas de más de 25% por año) y para 2017 alcanzaría $37 mil millones, según las leyes de ingresos de las 32 entidades federativas, pero podrían contratar del orden de $110 mil millones en créditos a corto plazo, lo que significaría un aumento superior a 20% en el saldo de la deuda subnacional y presiones de pago en el año. Ello, a pesar de que estima que los estados recibirán 7.4% más recursos de origen federal que en el año anterior. En 2017 las entidades que registrarían mayores incrementos de las participaciones federales, según la mecánica de distribución vigente, serían Baja California Sur (9.4%), Baja California (8.8%), Estado de México (8%), Sonora (7.5%) y Puebla (6.5%); en el otro extremo estarían Campeche (-5.2%), Tabasco (-4.2%), Michoacán (1.9%), Chiapas (2.3%) y Zacatecas (2.6%). A juzgar por esos números y las condiciones económicas de las entidades, parecería que ya es momento de revisar las fórmulas para distribuir los recursos del Fondo General de Participaciones.

En resumen, en los últimos años las finanzas estatales se han caracterizado por un deficiente y opaco ejercicio del gasto, que en alguna medida se deriva de la manera en la que la Cámara de Diputados integra el presupuesto de Egresos (y las partidas de los “moches”); niveles pírricos de inversión y en el que el gasto en nómina cada vez representa una mayor proporción del total; deuda creciente, aunque bajo control con respecto a años anteriores; y una deficiente distribución de recursos federales. No hay duda que queda mucho por hacer en las finanzas estatales.

Twitter:@ruizfunes

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