Opinión

Estado sin derecho ni fuerza

10 febrero 2014 4:20 Última actualización 09 septiembre 2013 5:2

Manuel Villa
 
 
La actitud del gobierno del presidente Peña Nieto en los días previos al primer Informe de Gobierno y el difícil entorno económico, levantaron muchas dudas acerca de la eficacia de sus concepciones y estrategias y, sobre todo, de las habilidades de su equipo. Tiende a dominar la idea de que hubo, si no derrota, sí una barrera que puso límites al reformismo y que obligó a reducir la velocidad del entusiasmo transformador. Pero algunos lo ven de otra manera, consideran que fue mejor para el país obrar con exceso de prudencia, con tolerancia, evitar la provocación y no dejarse llevar por el malestar  que provocó la violencia bárbara y de hecho troglodita de la CNTE. Dicho leninístamente, la estrategia de un paso atrás, para luego dar dos adelante fue la adecuada. No pasará mucho tiempo para evaluar con precisión la actitud gubernamental.
 
 
Lo importante para el país, sin embargo, no está tanto en los hechos de las últimas semanas, de imperio del profesorado cafre en la Ciudad y, de hecho, en la política nacional, sino en cuestiones de más fondo. Cuestiones que no se reducen al problema de represión o no represión, como candorosamente, para ser dulces como él, planteó el gobernante de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera.
 
 
Lo que hay que dilucidar está en otro lado, en las concepciones, en general de la clase polítca y, muy en particular, del priismo, respecto a la vigencia del Estado de Derecho. Tema tan importante, que de ello depende descifrar, por qué no parece estar dando resultados la vuelta del PRI, de los que, supuestamente, sí saben gobernar, quienes no son timoratos, como Fox y Calderón –que, ciertamente sí lo son, además de abusivos-. La versión  de que los priistas sí saben gobernar, mantener el control político y conducir al país, parece diluirse junto con otras, como la del llamado Momento México, dejando lugar a la sensación de que los grandes cambios se quedaran en propósitos; sin embargo, siendo esto relevante, lo es más el verdadero problema del país y del que, prácticamente, dependen gobernabilidad, democracia y reformas; esto es, la vigencia real, efectiva, cotidiana, del Estado de Derecho.
 
 
Y en esto, todo lleva a sostener que la clase política, en conjunto, no tiene idea de ello. Por supuesto, menos que nadie el perredismo. Pero, en cualquier caso, lo que debe preocupar es que no parece saberlo con precisión el propio Enrique Peña Nieto y menos todavía su equipo en el gabinete. Nada indica que lo tengan claro en la secretaría de Gobernación, por más que el secretario Osorio Chong dé muestras de sensatez y tino político. Pero sólo él, porque de los subsecretarios no se obtiene nada. Y  menos aún, del siempre contradictorio y superficial, encargado de la Seguridad Pública, Sr. Mondragón y Kalb.
 
 
El problema se puede plantear así: los priistas fueron eficientes y supieron gobernar en un Estado de mucha fuerza y poco derecho, pero en la vuelta al poder, ya no es así. Ahora, ni fuerza, ni derecho. Y en esta circunstancia, surge el temor de que resulten tan ineficientes como los panistas que les precedieron. Adolecen del mismo mal, confunden democracia con Estado de Derecho. En las nuevas circunstancias, ni unos ni otros saben cómo salir de esta confusión.
 
 
No debe extrañar esta deficiencia de los gobernantes. Baste decir que connotados intelectuales, opinadores de todos los temas y dueños de fórmulas para todo, tampoco parecen saberlo. En los intentos reformistas de la pasada Legislatura, convocados por Manlio Fabio Beltrones, los juristas que diseñaron el inoperante  proyecto de Reforma del Estado, lo único que no consideraron fue este problema.
 
 
El Estado de Derecho supone –inevitable sintetizar- que hay reglas, legítimas, inviolables y que respetarlas iguala a todos los ciudadanos y sólo sobre esa base pueden dirimir sus diferencias y competir por el poder. Es decir, operar en la democracia. La gobernabilidad supone que, electo un Presidente y, reunidos por su propio partido o, en coalición, votos suficientes en el Congreso, puede tomar decisiones nacionales, incluso reformadoras.
 
 
¿Qué ocurre cuando hay grupos, relativamente masivos, que piden democracia, pero rechazan las reglas básicas del Estado de Derecho? Pues nada más, ni nada menos, que el gobierno les responde con democracia, que no puede sino resultar en facilidades para operar fuera del Estado de Derecho. Aquí vale sugerir al priismo, que exorcice el mito del 68, que tanto les ata de manos. Esa fue una represión vil, maquinada en la secretaría de Gobernación, abusando del Ejército, ajena y violatoria del Estado de Derecho. Nada tiene que ver con lo que ahora se requiere.
 
 
¿Qué hacer en tal circunstancia? No se dispone aquí del espacio para plantearlo, pero el gobierno sí lo tiene, todavía, al menos de dos años, para encontrar la vía de una democracia con sustento y liberarse de las ataduras de una democracia discursiva y acosada  por los violentos.
 
manuelvillaa@hotmail.com
 
 
Politólogo-consultor.