Opinión

Estado lisiado


 
Frente al acoso que sufrió el Poder Legislativo la semana pasada de parte de los maestros disidentes de la CNTE, así como el agravio que sufrieron miles de capitalinos, turistas y comercios, la gente exige que se aplique la ley y se ponga orden. Los gobernantes guardan silencio y argumentan que es preferible la “prudencia” a la violencia. Pero los ciudadanos no piden represión; simplemente que se garantice su libre tránsito aunque ello requiera el uso “correcto” y legal de la fuerza en contra de quienes violan la ley.
 
 
Como Benito Juárez que se llevó en carrozas al gobierno de la República en 1863 para protegerse de los invasores franceses, ahora los diputados y senadores tuvieron que legislar en sedes alternas ante el acoso magisterial y la falta de protección de sus instalaciones. Las autoridades del DF prefirieron evitar el enfrentamiento, aunque eso significara permitir que se violara la ley y que se afectara a decenas de miles de ciudadanos indefensos frente a un puñado de miles de maestros.
 
 
La mayor debilidad del Estado mexicano —sus gobiernos, sus policías, sus jueces, sus partidos, sus legisladores— es aplicar la ley y garantizar el orden, simple y llanamente. La mayor vulnerabilidad de la política mexicana es la incapacidad de sus gobernantes para cumplir su función primigenia que es garantizar el libre tránsito y permitir que las instituciones democráticas operen.
 
 
Tres factores limitan la habilidad de las autoridades para garantizar el orden y el libre tránsito frente a protestas políticas. Primero, la capacidad de los cuerpos policiacos es limitada porque salvo la Policía Federal, las otras estatales o municipales están mal entrenadas, cuentan con equipo obsoleto y poca experiencia para lidiar con protestas políticas de provocación. Con frecuencia carecen de protocolos para detenciones y el ministerio público no cuenta con los recursos para recluir a los detenidos y para investigarlos y probar hechos vandálicos.
 
 
El segundo obstáculo es de cálculo político. Desde 1968, se ha vuelto un cliché que aplicar la fuerza legítima del Estado es sinónimo de represión. Aunque en aquel año sí hubo un uso desmedido de la violencia que desembocó en cientos de estudiantes muertos, desde entonces cualquier uso de la fuerza —así sea de forma correcta, legal y transparente— se equipara con represión y sirve para protestar más.
 
 
En 1996, por ejemplo, el entonces secretario de seguridad pública del DF, David Garay Maldonado, aplicó la fuerza ante una marcha de maestros de Oaxaca que caminaban a Los Pinos. Fue despedido por el presidente Zedillo. Hace pocas semanas el gobernador de Guerrero detuvo a varios maestros que participaron en el bloqueo ilegal de la carretera de Acapulco; frente a la presión, desistió. El 1 de diciembre de 2012 la policía del DF detuvo a decenas de vándalos por los desmanes causados a edificios públicos y comercios privados. Frente a la presión, la Asamblea Legislativa cambió el código penal para que pudieran ser liberados y enfrentar el proceso judicial en libertad.
 
 
La experiencia ha enseñado a los gobernantes que es mejor la omisión que actuar con el enorme riesgo de ser acusado y tener que recular. En México pesa más la presión de los manifestantes “ilegales” que la demanda de miles de ciudadanos que exigen protección a sus derechos.
 
 
El tercer obstáculo para que las autoridades garanticen el orden en las calles es acaso el más complejo y difícil de vencer: la escasa legitimidad del Estado mexicano para hacerlo. Como la ley no se aplica pareja para todos, la impunidad de los poderosos es la mejor justificación para que “los de abajo” violenten la ley en nombre de la justicia y de la igualdad. ¿Cómo poner orden frente a miles de maestros si en ojos de la sociedad no se pone orden frente a funcionarios que delinquen y corrompen? ¿Por qué se exige castigar a los maestros “revoltosos” pero no se exige con la misma enjundia actuar en contra de los exgobernadores de Chiapas o Coahuila? ¿Qué afecta más: las miles de horas hombre que los capitalinos perdimos la semana pasada en medio del tráfico, o los miles de millones de pesos que se han ido a bolsillos privados en los últimos años?
 
 
La falta de legitimidad se alimenta de la falta de oportunidades. Un Estado incapaz de generar crecimiento y oportunidades para su habitantes, tiene poca credibilidad para aplicar la ley, sobre todo frente a protestas que se hacen bajo la bandera de los des poseídos. Muchos maestros que protestan sí creen que la reforma educativa los desplazará de su empleo. No se trata de simple molestia frente a ser evaluados: es temor real de perder el sustento económico.
 
 
Reconstruir la legitimidad del Estado para que pueda aplicar la ley y proteger los derechos de terceros llevará mucho tiempo. Mientras ello ocurre viviremos una y otra vez problemas como los de la semana pasada. Se requiere no sólo voluntad, sino sobre todo construir la percepción y la realidad de que los gobiernos aplican la ley de forma pareja y justa. Por eso la reconstrucción de la legitimidad implica no sólo aplicar la ley en las calles, sino sobre todo adentro de los palacios.
 
 
Twitter: @LCUgalde