Opinión

Estado de derecho sólo para los ricos

Dentro del decálogo de acciones presentadas por el Presidente de la República la semana pasada para alcanzar y consolidar el estado de derecho, cabe hacer un análisis sobre lo que sí se incluye, pero sobre todo, de lo que no se incluyó. Es sin duda alguna la mayor crisis que ha tenido que enfrentar esta joven administración, y no se deriva de un problema provocado por ella, sino una consecuencia lógica de años, lustros, décadas de marginación, de impunidad, de ineptitud en la procuración e impartición de justicia, de corrupción y sobre todo, de simulación para la aplicación de la ley, en que siempre los poderosos se ven beneficiados del tráfico de influencias, del cochupo de jueces y ministerios públicos, y sobre todo, del limitado acceso para la mayoría de la población a abogados capacitados que puedan defender los derechos de los ciudadanos en los juzgados independientemente de cuál sea su origen socio económico, procurando que se imparta justicia y sobre todo, que se aplique el principio de equidad. No es factible hablar de un “estado de derecho” cuando una aplastante mayoría de la población no tiene acceso a profesionales del derecho que puedan ayudarles en la defensa de sus derechos, situación que se presenta en sociedades como la mexicana, en que la justicia parece estar a la orden del mejor postor…o de quién puede contratar a un mejor abogado, que en general, tienden a cobrar honorarios muy altos. Es en este contexto que se llega a la propuesta de reforma judicial, misma que, entre otras cosas, pretende profesionalizar a jueces, ministerios públicos y defensores de oficio para el caso de que un ciudadano no pueda acceder a los servicios profesionales de licenciados en derecho. Pero más allá de las buenas intenciones que rodean a esta propuesta, es indispensable que exista un mayor número de abogados que puedan poner el interés que requiere la defensa jurídica de los derechos ciudadanos sin requerir para ello, desembolsar grandes cantidades de dinero que hace inaccesible a la gran mayoría, los servicios legales. Es así que en México, la reforma judicial y el decálogo de diez puntos para alcanzar el estado de derecho, se queda corto frente a una realidad lacerante: En México, la justicia es sólo para quienes pueden pagarla. Sobran ejemplos de ello en nuestra historia judicial, de personas que fueron aprehendidas y encarceladas por no contar con un defensor adecuado o –en el colmo de la marginación social- indígenas que han pasado años en la cárcel por no conocer el idioma español. Es preciso que para evitar este tipo de injusticia, existan mecanismos novedosos que permitan a las grandes capas de la población conocer sus derechos y sus obligaciones de manera confiable, honesta y a bajo costo. Desafortunadamente, las políticas públicas en la materia se quedan cortas ante la lacerante realidad de las diferencias sociales existentes en México, ya que no existe ninguna opción para que las personas que se ven afectadas en sus derechos, tengan acceso profesional a asesores en derecho que apoyen las defensas legítimas de sus intereses. Es así que la reforma judicial y los diez puntos para alcanzar el estado de derecho, son insuficientes y francamente omisos en este rubro, ya que al no contar con recursos económicos que hagan factible la contratación de buenos abogados, la mayoría de los ciudadanos quedan a expensas de defensores de oficio mal pagados y con sobrecargas de trabajo excesivas, que entre otras situaciones, únicamente se focalizan en la materia penal, dejando de lado rubros tan importantes como el derecho de familia o el derecho laboral –sólo por mencionar algunos- lo que confirma que en México, el estado de derecho, es sólo para los ricos. Esta es una situación que debe cambiar, de lo contrario todos los esfuerzos que se realizan en este sentido, se quedarán sin efecto real entre la población y una vez más, habremos perdido la batalla contra la impunidad y la oportunidad de transitar hacia un país en que la justicia sea la constante y no la excepción.