Opinión

Estado de derecho, condición necesaria para el desarrollo


 
Recientemente, el ex presidente Ernesto Zedillo dijo que los tres principales problemas que enfrenta México son la falta de Estado de derecho, la falta de Estado de derecho y la falta de Estado de derecho. Tiene razón. Cuando hablamos de la colosal importancia de la reforma energética o educativa, por ejemplo, en ambos casos es la debilidad del Estado de derecho lo que complica y provee obstáculos para que éstas pasen, o limita su potencial alcance, particularmente si incluimos a la impunidad, hermana menor del mismo problema, dentro del cuadro clínico de la enfermedad.
 
 
En un país con leyes, los maestros no podrían dejar las escuelas abandonadas y seguir cobrando sueldos; habría reglas que limitarían la posibilidad de bloquear calles; los padres de familia podrían litigar contra sindicatos que afectan a la educación de sus hijos y podrían exigir claridad en los enormes presupuestos educativos que no se traducen en escuelas dignas y maestros profesionales; habría mucha más transparencia en cuanto a las empresas que hoy proveen a Pemex con todo tipo de servicios; alguien estaría investigando el inexplicable enriquecimiento de líderes sindicales y funcionarios públicos; la reforma fiscal generaría una mayor recaudación porque no sería posible abusar de amparos fiscales; cuando se decidiera liberar a Caro Quintero o a Florence Cassez por deficiencias procesales, no habría escepticismo inmediato por la conocida ineptitud de cortes que funcionan más como lugares de subasta pública abiertos al mejor postor que como sitios donde se logra procuración de justicia. En un país con leyes, creeríamos más en el futuro y no dudaríamos de éste al ver a un gobierno ansioso de resolver problemas a billetazos, pasando por encima de la ley sin miramientos.
 
 
México ni siquiera parece estar emprendiendo el trayecto en la dirección correcta. A veces parece que un Estado de derecho no conviene ni a corruptores ni a corrompidos; no conviene ni al ineficiente ni a quien sabe cómo navegar la ineficiencia con relaciones y mañas que son imponente barrera a la entrada de posibles competidores.
 
 
Un Estado de derecho es un claro potenciador de buenos ciclos y momentos afortunados pero, sobre todo, es extraordinaria protección en momentos de crisis. Hay dos buenos ejemplos de esto. Recientemente, estuve en España para reunirme con entidades que se han establecido para buscar adquirir activos propiedad de bancos urgidos de liquidez ante la fuerte crisis económica que enfrentan. Me sorprendió en sobremanera la eficiencia que se ha alcanzado en el proceso de limpiar balances bancarios y de desarrollar alternativas de financiamiento ante el vacío que han dejado intermediarios devastados, como las cajas de ahorro. Esto ha sido posible gracias a que ha habido proceso de quiebra transparente, en cortes eficientes y con liquidadores justos. Gracias a ello se está logrando limpiar el sistema bancario, reactivar el mercado de crédito y redistribuir recursos de sectores golpeados a otros que han ganado competitividad ya sea por mayor productividad o por mayor eficiencia en sus estructuras de costo. La transparencia y eficiencia están permitiendo el desarrollo de crédito para empresas privadas a tasas de interés extraordinariamente bajas. Si comparamos este proceso con lo que ocurrió en la época de Fobaproa en México, cuando se generaron colosales fortunas privadas y una enorme deuda pública, entenderemos que la falta de Estado de derecho en México ha costado millones de empleos, muchos puntos de crecimiento económico y sustancial atraso.
 
 
Aun en términos latinoamericanos, podríamos afirmar que lo que ha llevado a que Chile crezca tanto más que México en los últimos 20 años es el hecho de que tiene mucho menores niveles de corrupción y que su marco legal presenta mayor eficiencia para resolver disputas, estando aún lejos de ser un país desarrollado. En el otro extremo, la reciente disputa por una aeronave entre el gobierno venezolano y el mexicano nos permite ver que a ese país le tomará generaciones reponerse, en el mejor de los casos, de la extrema debilidad institucional propiciada por un frágil Estado de derecho que permitió que Chávez se aferrara al poder y se lo heredara a Maduro, otro gobernante impresentable, quien ahora podrá legislar sin consultar a las cámaras.
 
 
Es precisamente la falta de un Estado de derecho sólido lo que impedirá la posibilidad de desarrollo real de países como Brasil, Rusia, la India y China. Sin temor a exagerar, podemos afirmar que esa es una condición necesaria para lograr desarrollo económico y es el arma más poderosa para abatir desigualdad y pobreza. Es la única forma para, de fondo, combatir al crimen organizado cuyo crecimiento amenaza a la gobernabilidad del país, conforme más ciudadanos deciden simplemente tomar en sus manos la aplicación de la ley ante el vacío dejado por el Estado. Es quizá por ello tan sorprendente que, en medio de tantas reformas propuestas, no parezca urgente y prioritario forjar el imperio de la ley, reformar profundamente las cortes buscando profesionalización, especialización y abatiendo la corrupción de los jueces; mejorar drásticamente los ministerios públicos para lograr integridad en la impartición de justicia; y fortalecer el marco legal para que sea proporcional a la oportunidad que se le presenta a México y a los sueños de millones de mexicanos.