Opinión

¿Está el INE a la altura
de sus retos?

 
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El Consejo General del INE. (Tomada de Twitter/INEMexico)

La organización de los procesos electorales es una función de Estado que realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, mejor conocidos como OPLES. En ellos descansa la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad fundamentales para el ejercicio de nuestra democracia representativa.

La última reforma política publicada el 10 de febrero de 2014 contempla una nueva relación entre autoridades locales y el INE en materia de elecciones, ya que si bien el IFE era el encargado de la organización de los comicios federales, bajo el argumento de la intromisión de autoridades locales en el proceso había resultado en falta de alternancia por inclinar la “cancha”, es que se le otorga al INE la facultad de no sólo trabajar de manera conjunta con la autoridad local, sino que en elecciones locales el INE tiene, entre otras facultades, la obligación de impartir la capacitación electoral; determinar la geografía electoral (distritos y secciones electorales); trabajar en el padrón y la lista de electores; determinar la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; dar los lineamientos para los resultados preliminares; así como fiscalizar los ingresos y egresos de partidos políticos y candidatos locales.

Pero además, la desaparición del IFE y de los Institutos Estatales Electorales tal como operaron hasta antes de la reforma, llevaron no sólo a la centralización de tareas sino que se le otorga al INE la facultad de atracción de todo el proceso electoral, asumiendo la organización de procesos electorales locales si los Institutos Electorales así lo solicitan o a propuesta de al menos cuatro consejeros del INE, como ya ocurrió en el elección extraordinaria para gobernador en Colima, debiendo ser aprobada por una mayoría del Consejo General del INE, es decir al menos ocho de los 11 integrantes.

De esta forma, el INE puede asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales y delegar en dichos órganos electorales algunas de sus atribuciones sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

Asimismo, establece que corresponde al INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución y como ya ocurrió con la totalidad de los consejeros de Chiapas (a pesar de que es el INE quien los elige con exámenes, entrevistas, ensayos, etcétera).

En lo que respecta a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el INE puede asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales, como recién se llevó a cabo en la OPLE de Durango.

Resulta entonces en términos de la ley, que ante la ineficiencia de las OPLES, el INE pueda intervenir para darle entre otros legitimidad y certeza al proceso, por eso desde aquí un llamado al INE y a sus consejeros, quienes han sido enmendados por el Tribunal Electoral y cuya legitimidad ante la población a un reto mayor ha ido mermado; sin duda el IFE contaba con mayor confiabilidad que el hoy INE, y ante contiendas electorales no sólo federales, sino locales, debe seguir siendo el organismo autónomo garante de dar certeza y legalidad a los procesos electorales y ser a su vez imparcial y autónomo.

De la misma forma, resulta oportuno el llamado al INE a hacer un ejercicio de autocrítica, ya que en la remoción de autoridades y/o consejeros de OPLES lleva la omisión o en su caso equívoco al ser él quien los nombró y seleccionó para llevar a cabo las tareas encomendadas, y resulta obvio que no seleccionó a los mejores.

Por último es de señalarse el silencio del árbitro local y federal en lo que ha sido “la marca” en casi la totalidad de las campañas, como es la guerra sucia y las campañas negras, dañando la imagen de nuestra de por sí deteriorada democracia y orillando al ciudadano a un mayor desencanto y abstención, es hora de que el árbitro actúe como tal.

Twitter: @SamuelAguilarS

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