Opinión

Espíritu 'rousseauniano'

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Virgilio Andrade, nuevo titular de la SFP. (SFP)

Rousseau, el gran filósofo francés, radical y revolucionario, sostenía que las personas son buenas por naturaleza. Desde la perspectiva de Rousseau, la “educación en libertad” es la herramienta fundamental que permite al ser humano desarrollarse en concordancia a su naturaleza. En su tratado Emilio, o De la educación, Rousseau planteó que a los niños se les debe tratar con suavidad y paciencia, y que no se les debe obligar a pedir perdón, ni imponerles castigos; ideas de avanzada en el siglo XVIII.

Las “acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar conflictos de interés” que anunció la semana pasada la Secretaría de la Función Pública, parecieran estar imbuidas por un profundo espíritu rousseauniano. De forma destacada, el secretario Virgilio Andrade anunció que este mes 206 mil funcionarios deberán presentar la modificación a su declaración patrimonial, la cual incluirá por primera vez una sección de posible conflicto de interés. Los funcionarios deberán reportar información sobre dos aspectos. Primero, los puestos, cargos o actividades que desempeñen ellos, su cónyuge o dependientes económicos (y que pudiera constituir un posible conflicto de interés en relación con las actividades que ejercen en el sector público). Segundo, enlistar los convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico que en su opinión podrían ser “percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interés”.

Es una lástima que, por ley, no sea obligatorio hacer pública la declaración de conflictos de interés. También es desafortunado que el compromiso con el combate a la corrupción no sea suficiente para promover una sencilla modificación que hiciera obligatorio publicar esta sección de las declaraciones patrimoniales. Es comprensible, hasta cierto punto, que un funcionario no revele la información sobre su patrimonio (que pudo haber heredado o que tal vez construyó de forma independiente a sus tareas como funcionario), no así que se mantengan reservados posibles conflictos de interés. Para entender este punto, hagamos una analogía con el sector privado. Un empresario no tiene por qué saber cuánto dinero tienen en el banco sus empleados o cómo hicieron para pagar la casa donde viven. Sin embargo, con toda razón, un empresario puede interesarse en saber si sus empleados también trabajan para sus competidores o proveedores, o si reciben algún pago o beneficio de ellos. Siguiendo esta misma lógica, resulta difícil de justificar que los ciudadanos no tengamos derecho a conocer todos los potenciales conflictos de interés de los funcionarios que trabajan para nosotros.

Si las declaraciones de conflicto de interés se hicieran públicas, cualquier persona que tuviera conocimiento de actividades sospechosas por parte de un funcionario podría señalar las omisiones en su declaración (entonces sí, habría un poderoso incentivo para decir la verdad). También se alimentaría un debate público muy útil que nos permitiría, como sociedad, valorar hasta dónde consideramos aceptable que exista cercanía entre distintas autoridades y los intereses privados con las que éstas interactúan.

Sin embargo, la declaración de conflictos de interés no va por ahí. El secretario Andrade señaló que lo que se busca es que los funcionarios reflexionen con respecto a “la manera como combinan su actividad pública y la actividad privada”. El ánimo didáctico es loable, pero probablemente no sea suficiente en un contexto en el que existen serias reservas sobre la vocación de servicio público de los principales liderazgos de la clase política. Si bien el secretario Andrade también señaló que los funcionarios que mientan podrían enfrentar un proceso penal, no parece que se tengan contempladas medidas para iniciar investigaciones de alto perfil en dicho sentido.

Otras dos de las acciones anunciadas, la publicación de un listado actualizado de empresas sancionadas y de un listado de funcionarios que otorgan permisos o participan en adquisiciones públicas, son positivas, pero tampoco implican por sí solas dificultades serias para quienes hoy abusan de sus cargos. La puesta en práctica de la otra acción propuesta, el “Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que Intervienen en Contrataciones Públicas” no resulta verosímil. Implica, entre otras cosas, que los funcionarios deberán grabar todas las comunicaciones telefónicas que realicen con un particular en el marco de una contratación u otorgamiento de un permiso.

Es claro que sigue existiendo un déficit de confianza respecto a las instituciones de nuestro país. Para revertir en algo esta imagen, y para que el Sistema Nacional Anticorrupción inicie con el pie derecho, sería muy útil que las propias instituciones del sistema –no los periodistas de investigación ni los fotógrafos aficionados– fueran las que desenmascararan el próximo escándalo de corrupción. No se trata de iniciar una cacería de brujas, pero sí de demostrar que existe la voluntad política suficiente para perseguir y sancionar los grandes abusos. En este sentido, es una mala noticia que, al parecer, las declaraciones patrimoniales seguirán siendo, como hasta ahora, un trámite burocrático que se cumple, pero que no se toma en serio como una herramienta para la investigación proactiva de casos graves de corrupción.

Twitter: @laloguerrero

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