Opinión

Espionaje

   
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No hay nada que justifique la práctica ilegal del espionaje. La invasión de la intimidad es repudiable desde todos sus ángulos. Las revelaciones sobre intentos de infectar dispositivos y cuentas electrónicas de periodistas, defensores de derechos humanos y particulares no merecen menos que la condena e indignación generalizadas. Pero debemos tener cuidado: el problema es mucho más grave que una serie de conjeturas sobre prácticas de espionaje ilegal a cargo de un gobierno. En realidad, se trata de la falla estructural del Estado mexicano para custodiar la intimidad y privacidad de las personas. Una falla que ha deambulado en nuestra convivencia desde hace tiempo. Otra más de las múltiples manifestaciones de la impunidad. Un signo ominoso de nuestra progresiva desinstitucionalización.

No es mi intención la excusa anticipatoria al gobierno. Es entendible, ganada a pulso, la mirada por el reojo. El déficit de confianza le cobra, sin duda, una nueva factura en la denuncia del escándalo. Un régimen acosado por la sospecha es blanco fácil del señalamiento. Los precedentes inmediatos de manoteos autoritarios juegan, inevitablemente, en su perjuicio. Su mala relación con la crítica y los críticos, la tentación de control, ofrece no pocos argumentos para hacer verosímil la duda que incrimina. Pero sí se debe poner en perspectiva que el espionaje ilícito, las intervenciones ilegales en las comunicaciones privadas y su difusión interesada, no son fenómenos nuevos ni tampoco prácticas privativas del poder público. Para decirlo con todas sus letras: en México no sólo los gobiernos espían.

La crisis de seguridad que el país padece desde hace cerca de dos décadas, la inversión cada vez mayor en prevención e inteligencia para contener y degradar los riesgos y amenazas derivadas del narcotráfico y del crimen organizado, así como la necesidad de generar capacidades institucionales en todos los órdenes de gobierno, han creado un potente mercado de insumos, equipos y recursos para intervenir en la privacidad de las personas. Un mercado legal sí, pero también mercados negros. Sistemas sofisticados de espionaje se venden a plena luz del día en los restaurantes de Polanco. Los gobiernos locales tienen capacidad legal para comprar y ningún control para que sus operadores distraigan en su beneficio esos recursos públicos. El coyotaje de equipamiento de seguridad ha creado sus propias rutas de escape para evadir la débil regulación vigente. Esos mercados ofrecen todo tipo de servicios: desde espionaje para campañas políticas, hasta seguimiento por entregas, a destajo, de teléfonos, mensajería instantánea y correos electrónicos. Desde hace tiempo se pueden hallar en México empresas que se dedican al espionaje comercial o empresarial y que se contratan para desplazar a competidores o sacar ventaja de los secretos. Despachos de abogados que contratan hackers para irrumpir en los servidores de sus oponentes y conocer su estrategia de litigio. Todo un mundo en la sombra sacando provecho económico de las zonas grises de la legalidad.

Por mucho tiempo, las manifestaciones de esos mercados han pasado desapercibidas, si no es que han sido francamente alentadas y toleradas. ¿Cuánta indignación social ha provocado el hallazgo de centros clandestinos de escuchas telefónicas en contra de adversarios políticos? ¿Por qué esta sociedad no reparó en la gravedad para la autonomía del INE que una llamada personal de su presidente fuera difundida profusamente en medios nacionales? ¿Quién se ha solidarizado con las decenas de personas que han sido afectadas en su entorno familiar o personal por la filtración de sus comunicaciones? ¿Cuántas veces a la semana nos amanecemos con una nueva conversación ilegal en el noticiero, con una edición falsificada de conversaciones en redes o con esa vileza de videos atribuidos a la legión Anonimus? ¿En cuántas ocasiones se recurre al interés público para justificar la difusión de una intervención indebida? ¿Acaso el morbo de husmear en la recámara ajena no también vende? De nueva cuenta con todas sus letras: en México muchos se benefician de espiar a otros.

El caso del malware Pegasus debe motivar una investigación a fondo, pero también una reforma estructural a las capacidades del Estado para hacer valer la privacidad de las personas. Se debe, en primer lugar, poner orden en los mercados de equipamiento susceptible de usos indebidos: registros de proveedores, límites estrictos a la capacidad de adquisición, controles a la importación y a las ventas de segunda mano, inventarios en tiempo real de insumos, sanciones más severas a las prácticas de espionaje ilegal, etcétera. Nos jugamos la seguridad, la competitividad de la economía y, sobre todo, nuestros derechos. Es lo correcto: para no quedarnos nada más en la pura indignación.

* El autor es senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

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