Opinión

“Es un desafío extraordinario”,
dice el subsecretario

 
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El miércoles pasado me dirigía a un desayuno y al sintonizar en el auto una emisora de radio, escuché una voz familiar que me dejó aterrado. Cuando llegué con quienes había concertado la reunión y les hablé de lo recién oído, ni alzaron la ceja y sólo se concretaron a decirme, pues sí, este es el México que nos toca vivir.

Es decir, ya estamos acostumbrados. La voz era la de Roberto Campa, subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos. Me resulta familiar ya que lo conozco de tiempos remotos y ahora con frecuencia, lo veo defender los derechos que los criminales no supieron respetar cuando asaltaron, secuestraron y mataron a las numerosísimas víctimas que han sufrido todo tipo de avasallamientos, ultrajes y torturas. Las fuerzas del orden deben procurar no intimidar ni maltratar a los delincuentes. Es la luz que ilumina el macabro escenario.

En reunión de trabajo con la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, ante diputados federales, senadores, el subsecretario reconoció que “la protección a periodistas, comunicadores y a defensores de los derechos humanos en México representa un desafío extraordinario por las condiciones de violencia (que no hemos logrado contener) generadas por el crimen organizado” y ya de corridito, asentó que al menos son 33 los periodistas asesinados y que, en 40 por ciento de los casos, las agresiones a los comunicadores provienen de agentes del Estado. ¿Entonces no son todas del crimen organizado?

El reto es aún mayor, les dijo a los presentes y a nosotros los ausentes, porque en poquísimos lugares del mundo, las corporaciones policiales y de justicia son tan débiles o están francamente penetradas. Roberto Campa culminaba su participación al decir: Todo esto se complica aún más por la facilidad con la que la delincuencia se hace de toda clase de armamento a través de la frontera más grande y transitada del mundo en la cual podemos encontrar más de 8 mil 700 tiendas de armas.

De hecho, podemos inferir que ya se cuenta con un censo o un listado en el que lo mismo se puede comprar y vender una pequeña pistolita calibre 0.22 que un rifle Aka 47, un automático R 15, ametralladoras Uzi, quizás granadas de fragmentación, bazookas y hasta misiles de mediano y largo alcance. Son 3 mil 200 kilómetros de ofertas para que el abasto permita asaltos de precisión o primitivos y violentos ataques a peatones, casas habitación, comercios, vehículos, perpetración de crímenes por encargo y venganzas personales. Se puede hacer todo lo imaginable, hasta tambos llenos de ácido para desaparecer hasta al más robusto de la pradera.

Ya para finalizar, don Roberto Campa señaló que nadie, ninguno que haya solicitado el mecanismo de protección para periodistas ha sido asesinado. Pues sí, es un consuelo pero, ¿en qué consiste ese mecanismo? Acaso el comunicador debe contar con una guardia pretoriana, permanecer encapsulado en su casa o en su centro de trabajo, ¿cómo se brinda esa seguridad? Ciertamente es un desafío. A esto habría que preguntarse, qué pasa con otros gremios como son los abogados o los médicos, o el ciudadano común, simple.

Las investigaciones sobre esos crímenes descansan en una plataforma en la que la PGR ofrece millón y medio de pesos a quien informe sobre esos hechos. Son nueve millones de recompensa por la información veraz y útil que permita dar con los responsables de los asesinatos a cinco periodistas cometidos en este año en diferentes lugares del país. A la manera del viejo oeste es como se pretende dar con los cabecillas que bien armados y bien protegidos por la Subsecretaría de los Derechos Humanos, seguirán perpetrando sus crímenes.

El asunto desarrollado en esa reunión, ocupa páginas interiores y los comentarios en radio, tv y redes sociales han sido totalmente marginales ya que los asesinatos, robos y secuestros no llaman la atención de nadie, salvo los familiares directamente afectados; el resto de la población no tiene ojos para ver ni boca para denunciar, mucho menos conciencia para vivir en un país donde la tolerancia hacia los ilícitos ya es parte de nuestra segunda naturaleza.

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