Opinión

¿Es el Estado de México el más inseguro del país?

      
1
     

         

EDOMEX.

Hay distintas formas de responder esta pregunta. En primer lugar vale la pena señalar que una trampa frecuente de quienes buscan criticar al gobierno estatal y al PRI es utilizar cifras absolutas. Es natural que el Estado de México sea la entidad que tiene mayor número de robos de vehículos, o de cualquier otro delito. En el Edomex viven más de quince millones de personas, casi el doble que en la Ciudad de México, y veinte veces más que Colima.

En segundo lugar, es importante señalar que el Estado de México no es la entidad más violenta. Si tomamos como referencia la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, esa posición la ocupa Guerrero. Con la excepción de la región suroeste –que es también la menos poblada, y que incluye municipios como Luvianos y Tlatlaya– en el Estado de México tampoco se observan con la misma frecuencia que en otras entidades los fenómenos que van aparejados a los conflictos del crimen organizado (como enfrentamientos armados en vía pública o agresiones a instalaciones).

Un aspecto de la violencia en el Estado de México que resulta preocupante es que se observa un número muy elevado de homicidios dolosos que no parecen estar vinculados con el crimen organizado. Lo que quiere decir que estos homicidios muy probablemente ocurren en el contexto de actividades de la delincuencia común (sobre todo durante robos). Esta forma de violencia tiene un impacto muy severo. Justificadamente los mexiquenses temen que los terminen matando sólo para robarles el coche o la cartera.

Por otra parte, cuando analizamos la incidencia delictiva desde una perspectiva más amplia, la del total de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes, el Estado de México escala sin ninguna duda a la primera posición. En este tema la única fuente de información confiable son las encuestas de victimización que periódicamente publica el Inegi (las cifras de 'incidencia delictiva' que generan las procuradurías de los estados son manipulables, además de que no se recopilan de forma consistente, razón por la cual no deben usarse con propósitos comparativos). Los datos del Inegi son francamente demoledores: 46 por ciento de los mexiquenses manifestó haber sido víctima de al menos un delito en 2015, el último año para el que hay cifras disponibles. Este porcentaje es, por mucho, el más alto entre las 32 entidades federativas (el promedio nacional es de 28 por ciento).

Es justo reconocer que la delincuencia tiende a concentrarse en las grandes ciudades, donde las oportunidades para la comisión de delitos son mucho mayores. El Estado de México está, en ese sentido, en desventaja respecto a la mayor parte del país. Sin embargo, la entidad que el PRI ha gobernado de forma ininterrumpida por 88 años no sale bien librada cuando se hace la inevitable comparación con la Ciudad de México. Aunque la capital del país no es ningún remanso de tranquilidad, su tasa de prevalencia delictiva es significativamente menor. La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes es un 50 por ciento más alta en el Estado de México que en la capital.

La inseguridad en el Estado de México no es fenómeno reciente. Aunque ha habido altibajos, Eruviel Ávila ya recibió un estado con una problemática grave de incidencia delictiva y desconfianza en las autoridades. Su principal apuesta como gobernador fue la instauración de un modelo de Mando Único. Para tal efecto, el año pasado se firmaron convenios con 119 de los 125 municipios. Nominalmente este Mando Único tenía entre sus objetivos la centralización del sistema policial de los municipios al mando de la Comisión Estatal de Seguridad. Sin embargo, es importante señalar que la versión de Mando Único que se impulsó en el Estado de México es laxa. Se centralizaron algunas funciones, pero los alcaldes retienen la facultad más importante: la de nombrar y remover a sus comisarios o directores de seguridad pública. Al menos en materia de homicidio doloso, el mando único no dio resultados durante sus primeros 12 meses de existencia.

La inseguridad ha sido –después de las acusaciones mutuas de corrupción– el tema dominante en las campañas por la gubernatura. Por regla general los candidatos no dicen lo que piensan hacer cuando lleguen al gobierno. Rara vez se preocupan siquiera de articular propuestas viables, y se limitan a decir lo que creen que los electores quieren escuchar. Sin embargo, algunos de los posicionamientos de los dos principales contendientes sí parecen indicativos de cuáles podrían ser sus prioridades en materia de seguridad en caso de ganar. Delfina Gómez ha enfatizado la importancia de combatir la corrupción de las corporaciones policiales. Por su parte, Alfredo del Mazo ha destacado la necesidad de incrementar los recursos tangibles: más policías, más videocámaras, más luminarias. La primera se ha manifestado en contra del Mando Único; el segundo, a favor. El partido encabezado por López Obrador no tiene hasta ahora ninguna gubernatura, de forma que el delegado de Cuauhtémoc, quien ni siquiera tiene policía a su cargo, es su figura más visible. Si Morena se lleva la elección del domingo todos los reflectores apuntarán a Delfina Gómez. La presión para dar resultados en materia de seguridad será mayúscula.

Twitter: @laloguerrero

También te puede interesar:
Seguridad bananera
Jalisco, seguridad pública y competencia política
Panorama sombrío