Opinión

EPN, ¿su iniciativa viola la Constitución? (Tercera parte)

Como si las leyes secundarias de telecomunicaciones fueran enchiladas en una fonda que deben salir rápidas y calientitas, en el Senado las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos, y Radio, Televisión y Cinematografía, presididas respectivamente por Javier Lozano Alarcón (PAN), Graciela Ortiz González (PRI) y Alejandra Barrales (PRD) aprobaron un proceso de fast-track simulado para aprobar (sí leyó bien, aprobar) las leyes secundarias. ¿Cambios? Quizá algunos, quizá los cosméticos, quizá los que no afecten el regreso del control gubernamental, quizá los que mantengan a la sociedad al margen de los beneficios ofrecidos por la reforma constitucional 2013.

No extraña que el prestigiado periódico español El País tituló su artículo “Peña Nieto inicia una contrarreforma a la ley de telecomunicaciones”. Pero como se dicen en los pasillos del Senado y de la Cámara de Diputados con aires de resignación “El PRI con que junte unos cuantos votos de otros partidos, tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados pasará sin problema”. ¿Son estos discursos propios de una democracia? No, pero así están. Pero sigamos analizando los oprobios de la iniciativa.

Publicidad. Contrario a la Unión Europea, Argentina y otros países en que está prohibido incluir más de 12 minutos de publicidad por hora, la iniciativa proponer el 18 por ciento del total de la transmisión para TV y 40 por ciento para radio. De aprobarse así permitiría que en las horas de mayor audiencia se incremente el tiempo de publicidad y durante la madrugada no incluyan publicidad. Peor aún, en detrimento de los derechos que tenemos como audiencia, la iniciativa propone perpetuar el que se penalice al televidente o radioescucha si los concesionarios de radio y TV incluyen producción independiente. En otros países incluir producción independiente y producción nacional es una obligación y no una manera de castigar a la audiencia.

Reducción de derechos. La iniciativa omite incluir derechos de los usuarios que ya están reconocidos hoy en México, lo cual es una regresión. Algunos de los derechos omitidos son que los concesionarios están obligados al desbloqueo gratuito de equipos ( celulares, por ejemplo) cuando el equipo se haya pagado en su totalidad, cuando haya vencido el plazo forzoso o bien, cuando se haya pagado la pena convencional de un contrato con plazo forzosos; la obligación de compensar al usuario y bonificarle al menos el 20 por ciento del monto del periodo de afectación de la prestación del servicio.

La Procuraduría Federal del Consumidor hace su reaparición para “defender” los derechos de los usuarios. ¿Acaso ignoraron los redactores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la larga historia de décadas en la que esos derechos no fueron defendidos debidamente por la Profeco? O quizá eso no les importó porque lo que se quería era retomar áreas de poder y justificar estructuras burocráticas dentro del Ejecutivo Federal, en lugar del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Omisiones injustificadas. La accesibilidad a las telecomunicaciones por personas con discapacidad está prevista extensamente en las leyes de otros países. En cambio la iniciativa a duras penas le dedicó 3 renglones y sin plazo para cumplimiento. ¿Qué el Consejero Jurídico Humberto Castillejos no les avisó que México es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿O no les importa incumplir con los derechos humanos?

Contención de un competidor. Ni la iniciativa, ni la exposición de motivos justifican el porqué se establece un periodo de 24 meses para impedir que Telmex pueda prestar TV de paga. La Constitución impone la obligación de que los servicios se presten en competencia, por lo que limitar la entrada a un agente económico -así sea Telmex- debe tener una justificación observando los principios de idoneidad, adecuación al fin que se persigue, razonabilidad y proporcionalidad. Ello no se cumple con la iniciativa. Si realmente les interesara la competencia, en lugar de retrasar la entrada de Telmex se le hubieran impuestos medidas asimétricas especiales para evitar que pudiera abusar de su poder de mercado.

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