Opinión

EPN, ¿su iniciativa viola la Constitución? (Segunda parte)

La colaboración anterior puso de manifiesto algunas violaciones a la Constitución si se llegara a aprobar la iniciativa de leyes secundarias de telecomunicaciones presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Continuemos con las evidencias.

La traición más grande. Aunque muchos aspectos son contrarios al interés general y buscan preservar el statu quo de los grandes grupos de poder mediático y económico, el más grave es el relativo a los medios de uso social que incluyen a los medios comunitarios, indígenas y ciudadanos. La importancia de los medios de uso social ha sido soslayada sistemáticamente en México, no nos sorprendamos de la pobrísima calidad de nuestra democracia si ni siquiera podemos dar espacio a voces diversas como aquellas de los medios de uso social. Los requisitos y procedimientos para obtener una concesión de uso social debieran ser mínimos y sencillos, en cambio la iniciativa propone dejar en la incertidumbre a los potenciales medios sociales refiriendo que deben acreditar “capacidad jurídica, técnica y financiera”. ¿Qué se incluiría para acreditar esa capacidad? No se sabe, estaría a la libre decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y, en un descuido, hasta de la Secretaría de Gobernación.

Además, contrario a cualquier lógica, se limita a los solicitantes a un plazo específico del programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias emitido por el IFT. ¿Y si el IFT jamás expide el programa o no incluye bandas para uso social? Ni modo, no habrán medios de uso social. Tampoco se establece una reserva de espectro radioeléctrico de al menos el 20 por ciento para concesiones de uso social para radiodifusión. Se limitan injustificadamente las fuentes de ingresos privándolos incluso de la posibilidad de vender sus productos o servicios, tener proyectos de financiamiento y coinversión para producción de contenidos y publicidad.

El plazo de las concesiones para uso de frecuencias es por regla de hasta 20 años y en el caso de las de uso social, sin justificación alguna, se les reduce el plazo por uno de hasta 15 años. Eso es una discriminación injustificada que viola el artículo primero de la Constitución.

Para la existencia de medios indígenas debiera haber una acción afirmativa, en la cual se reduzcan todos los requisitos al máximo y se fomente la existencia de dichos medios. La iniciativa actual pretende ignorar lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución y además el hecho que la situación de la población indígena exige un trato favorable y de promoción.

Medios públicos. Se ignoraron los principios para garantizar la existencia de verdaderos medios públicos contenidos en la reforma constitucional de junio de 2013. Tampoco se establece la manera en que los actuales medios gestionados por los gobiernos federal y estatales tales como el Canal Once, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), la Televisión Yucateca, la CORTV de Oaxaca, SICOM de Puebla, transitarán a convertirse en medios públicos con independencia editorial, participación ciudadana, opciones de financiamiento distintas de las presupuestarias, etcétera. Ni siquiera se menciona que el presupuesto que reciban sea suficiente y esté garantizado año con año, con lo cual esos medios seguirán a expensas del gobierno y la Cámara de Diputados en turno. Tampoco se establece la inamovilidad por un plazo determinado de quien sea el director general o el presidente del medio público para asegurar su independencia. No se les permite tener publicidad alguna.

Límites a la propiedad cruzada de medios. Los límites a la propiedad cruzada de medios son un instrumento para evitar que se afecte la libertad de expresión y el derecho a la información por la concentración en un grupo corporativo de diversos medios de comunicación. Los límites a la propiedad cruzada de medios no deben ser vistos únicamente como un remedio o sanción, sino que sirven para evitar se afecten los derechos humanos informativos. La iniciativa reduce este instrumento a tan solo un castigo para aquellos que impidan o limiten el acceso a información plural y además no cumplan con determinaciones del IFT, antes no. Los límites a la propiedad cruzada deben estar establecidos en ley y no sólo enviarlos como un remedio después de que ya existe un daño irreparable al derecho a la información de la sociedad.

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