Opinión

Entre la transparencia y el morbo

10 febrero 2014 4:44 Última actualización 23 julio 2013 5:52

 
 
Víctor M. Martínez Bullé Goyri
 
 
Con ocasión de un amparo presentado desde 2011, la Suprema Corte de Justicia ha dedicado sus últimas sesiones a debatir en torno del derecho a la privacidad de los servidores públicos.
 
En concreto la litis se centra en la constitucionalidad de un artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece como requisito para dar publicidad a las declaraciones patrimoniales de aquéllos el que previamente den su consentimiento para ello.
 

La demanda de amparo se interpuso ante la negativa a un particular, tal vez un periodista, para que le fueran entregadas las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales.
 

Con franqueza no entiendo qué utilidad -más allá del morbo o de las ganas de ventilar esa información- puede tener para alguien o para la sociedad saber con detalle la riqueza y los bienes que pueda tener cada uno de los quinientos diputados.
 
 
Algo similar sucedió cuando con motivo del inicio de sexenio el presidente y la mayoría de sus colaboradores hicieron pública una versión digamos resumida de sus declaraciones patrimoniales. En seguida se desató la crítica señalando que no incluían los valores de cada uno de los bienes que declaraban. Y me pregunto ¿eso a quién le importa?
La realidad es que una torcida concepción del servicio público y de la transparencia es la causa de que los ciudadanos entiendan que tienen derecho a conocer, con pelos y señales, datos e información sobre la vida privada de los servidores públicos.
 

También subyace bajo estas demandas la idea de que por principio todo servidor público es corrupto, y que todos se enriquecen brutalmente al pasar por un cargo público gracias a lo que roban.
 
No cabe duda que hay muchos servidores públicos corruptos, lamentablemente en los medios nos hemos enterado recientemente de algunos casos especialmente groseros y ofensivos.
 

Sin embargo, no es menos cierto que la gran mayoría de los servidores púbicos, varios millones en los distintos niveles de gobierno en todo el país, son ciudadanos honestos y verdaderos servidores, que viven modestamente del producto de su trabajo y gracias a los ellos funcionan muchas en la administración pública.
 

A ellos no hay razón alguna para limitarles sus derechos, siendo uno fundamental el derecho a la privacidad, esto es, a conservar sólo para sí y para quienes ellos quieran compartir su información de carácter privado, confidencial o sensible.
 

La transparencia sin duda es no sólo importante, sino incluso indispensable para la vida democrática, pues nos permite a los ciudadanos contar como elementos para participar en la vida política de la sociedad.
 

Pero no debe confundirse transparencia con negar sus derechos a los servidores públicos. No debemos olvidar, como parecen haberlo hecho algunos ministros de la Suprema Corte, que los derechos humanos son irrenunciables y que ellos no pueden abdicar a su obligación de defenderlos, aunque hacerlo en determinados momentos y temas no sea bien visto por la sociedad.
 
Es evidente que por transparencia debemos conocer cuánto gana cada servidor público, cómo usa los recursos que por su función debe manejar o tiene a su disposición y muchas cosas más que corresponden al ejercicio de su función, pero de ahí a que tengamos derecho a conocer la información de su vida privada hay una gran istancia.
 
 

Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.