Opinión

Entre la impunidad y la violación de derechos humanos

 
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Tlatlaya

Estamos hartos de corrupción e impunidad. Sin embargo, no ponemos suficiente énfasis sobre la profunda debilidad institucional que aqueja al país, y sobre el alarmantemente defectuoso aparato judicial.

Casos como el de Florence Cassez, o como el de los recientemente liberados militares implicados en Tlatlaya, provocan intensa molestia. Si estos son casos donde los jueces estuvieron dispuestos a asumir el costo por respetar el proceso judicial, quizá deberíamos celebrarlos.

Sin embargo, nadie se ofende porque haya miles de mexicanos que llevan años tras las rejas sin tener acceso a debido proceso, o en el extremo, nadie se ofende porque Elba Esther Gordillo lleve años presa tras un proceso judicial que parece más político que apegado a derecho (aunque, evidentemente, carezco de los conocimientos legales para emitir una opinión más formal). ¿Es más grave la impunidad o violar los derechos de un ciudadano, deteniéndolo a partir de procesos errados?

Es claro que buena parte del funcionamiento del sistema judicial mexicano se da 'aceitando' a diferentes niveles de funcionarios de ministerios públicos y cortes. Hace un par de años, después de ser víctima del robo de su casa, mi mamá de 92 años tuvo que padecer al 'eme pe' (MP) en un juzgado, quien se rehusó a levantar un acta, si no recibía una 'propina' (a pesar de que no había nadie más demandando sus servicios). Los juzgados y ministerios públicos dan profunda vergüenza. En el caso en cuestión, mi mamá acabó desistiendo de levantar cargos contra delincuentes sorprendidos in fraganti en su casa, después de que se le hizo acudir una y otra vez al reclusorio a hacer 'careos'. El abogado defensor sabía que era cuestión de encontrar suficientes trucos que hicieran que una señora de esa edad tuviera que pasar múltiples mañanas en tan remoto e inmundo lugar (donde no había siquiera dónde sentarse), para que eventualmente dejara de presentarse.

En México es complicado apresar a un delincuente; incluso tratándose de funcionarios corruptos, aun cuando parece evidente su enriquecimiento inexplicable. Por ejemplo, parte de la dificultad para que El Bronco pueda cumplir con su promesa de campaña de ir tras de su impresentable predecesor, Rodrigo Medina, proviene de que en nuestro país es complicado perseguir este tipo de delito.

En casos como la 'casa blanca', por ejemplo, el profundo conflicto de interés implícito en recibir una propiedad (o el financiamiento de ésta) por parte de un contratista repetidamente favorecido por obra pública, no es estrictamente ilegal.

Ciertamente, el desarrollo de juicios orales es un paso en la dirección correcta.

Pero es de tal debilidad el sistema acusatorio mexicano, que un abogado defensor no requiere de demasiada pericia en el litigio para que un acusado salga libre.

Quizá eso explica la tentación de soldados o policías para recurrir a ejecuciones extrajudiciales ante la casi certeza de que si detienen a un criminal, éste saldrá libre.

Muchos critican con severidad la guerra contra las drogas en México. Se repite una y otra vez que la demanda de estupefacientes estadounidense ha alimentado al nefasto tráfico. Nuestros vecinos ponen la demanda, y México pone los muertos. Es cierto. Sin embargo, tengo absoluta certeza de que el crimen organizado florecería en México aunque el comercio internacional ilícito de drogas no existiera. Resulta vergonzoso que lo único que ha permitido que algunos crímenes, y bandas criminales, sean perseguidos con cierto rigor, es el hecho de que involucran algún nivel de actividad en Estados Unidos, y por ende son 'jurisdicción' de fiscales o de agencias policíacas de ese país. Duélale a quien le duela, la mínima efectividad de algunos procesos se da porque nuestros vecinos observan.

Es importante preguntarnos por qué se extraditará al Chapo. ¿Será la certeza de que el personal de cualquier cárcel mexicana es corrompible? ¿Será porque sabemos que seguiría manejando su nefasto cártel desde éstas? Será fascinante presenciar el contraste con un proceso judicial en Estados Unidos.

La corrupción no es invención mexicana, existe en muchos países. Según datos del Imco, entre 2000 y 2013, 41 gobernadores fueron acusados de corrupción en México. 16 fueron investigados y sólo cuatro recibieron algún castigo. En el mismo periodo, se presentaron nueve acusaciones a gobernadores en Estados Unidos. Los nueve fueron detenidos. Uno de los factores más poderosamente disuasivos en contra de prácticas corruptas es la certeza de que éstas serán castigadas. En México, la debilidad institucional ofrece una apetitosa invitación a corromperse. La probabilidad de recibir castigo es sólo política, nunca judicial.

Urge un esfuerzo profundo por construir cortes dignas, mayor capacidad para investigar y perseguir delitos, jueces especializados, y un marco legal infinitamente más robusto. Saquemos de la cárcel a quien roba pan, para meter a quien nos roba a todos. Implementemos la posibilidad de negociar sentencias a cambio de cooperación (como se hizo en Brasil). Una ley 3de3 con dientes es un mínimo primer paso.

Desgraciadamente, no hay voluntad política para el cambio indispensable.

Twitter: @jorgesuarezv

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