Opinión

Entre competencia, telecomunicaciones y justicia especializada

La víspera de la discusión en torno de las reformas en materia de competencia económica y telecomunicaciones exacerba los ánimos con relación a una vieja demanda de la ciudadanía: mejores servicios de telecomunicaciones y precios más accesibles. No obstante, la esperanza de que las nuevas leyes vengan a mejorar el marco de la regulación de los servicios al público per se, hay un rubro que le atañe que permanecerá intacto y que, lamentablemente, podría entorpecer los conflictos que provengan de la implementación del nuevo marco normativo.

Desde abril del año pasado que se discutió y entró en vigor la nueva ley de amparo, uno de los puntos más encumbrados alrededor del novedoso ordenamiento tuvo que ver con la eliminación de la medida de suspensión respecto de actos de la autoridad que implicaran una disposición con relación a los bienes del dominio público. En otras palabras, con una dedicatoria expresa en contra de algunos concesionarios, la nueva ley vino a significar que en contra de las medidas que adoptara la SCT no procedería medio de defensa judicial alguno que pudiera implicar el detenimiento de las resoluciones que vinieran a dictarse para favorecer al público o al Estado mismo.

Meses después, ya entrada en vigor la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la aspiración del Estado en materia de solución de conflictos en la materia de la competencia económica y las telecomunicaciones fue mayor, pues no sólo se previó en las disposiciones transitorias de la reforma que la única vía de defensa en este campo sería el mismo juicio de amparo, sino que, además, se crearon tribunales especializados, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, que sólo conocerían de estas materias.

La especialización de los jueces para resolver una contienda en función de la materia sobre la cual versa, constituye un criterio administrativo que adopta la judicatura con el propósito de satisfacer de manera más puntual y más expedita cualquier controversia que sea sometida a su consideración. En la mayoría de los estados en los que la carga de trabajo es normal, en términos numéricos y de complejidad sustancial, los jueces del fuero común acaban por conocer de las materias civil y penal, y los jueces federales que conocen de las instancias de revisión constitucional, se abocan a resolver todos los juicios que les son planteados, sin importar el órgano del que provenga, es decir, son jueces federales que conocen de todas las materias y que, por consiguiente, no tienen especialidad alguna.

Existen localidades en las que, por el volumen y la dificultad de los asuntos jurídicos que el foro propone, es menester crear juzgados y tribunales especializados por razón de materia, de tal suerte que algunos de los jueces federales acaban por conocer de los amparos exclusivamente penales, y otros los civiles, los administrativos o los laborales.

El hecho de que, como una subrama de la especialidad administrativa, algunos jueces vengan a especializarse en el ámbito de las telecomunicaciones y la competencia económica, arroja cuestionamientos sumamente interesantes. Es positivo por un lado que el conocimiento profundo de ambas materias ofrezca la posibilidad de que las sentencias que se pronuncien en el futuro sean más asertivas con relación a los planteamientos que se hagan; sin embargo, es preocupante que la ausencia de pluralidad de criterios impida la discusión superior necesaria para entender la problemática con una visión más sistémica. La jurisprudencia por contradicción de tesis, tan necesaria, decaerá cuantitativamente.

El punto medular al que queremos referirnos, sin embargo, si bien deriva de la modificación sustancial al que se verá sujeta la nueva normatividad económica que venimos analizando, y si bien está relacionada con la novedosa intervención que habrán de tener los jueces federales para resolver toda contienda entre el Estado y los concesionarios, más bien gira en torno de la inamovilidad del proceso judicial en sí mismo.

Son múltiples las leyes que derivarán de la reforma constitucional en el campo del combate antimonopolios y las telecomunicaciones, incluso habrá modificaciones a la normatividad interna del Poder Judicial de la Federación sobre la organización de los jueces. No obstante, las normas que rigen los procesos para la resolución de los asuntos conflictuales seguirá siendo exactamente la misma.

En la búsqueda de certidumbre jurídica y especialización judicial para la pronta resolución de todo conflicto que derive del ámbito de la vida nacional que aquí nos interesa, habría sido deseable que se iniciaran las mesas de trabajo necesarias para definir qué camino debería emprender la importantísima labor de impartir justicia con miras a un Estado más competitivo.

Por seria que llegue a ser la intervención de los tribunales especializados para la solución de los conflictos que habrán de llegar, poco beneficiosa será para todos los interesados si la resolución que se dicte no proviene de la tramitación de un proceso más ágil y equitativo para quienes contienden en él. Sería quizá pertinente analizar si los principios que rigieron la discusión en torno de la nueva codificación procesal penal, pudieran ser asequibles al resto de los ámbitos de la justicia que interesa a la ciudadanía. La oralidad y la inmediatez en la relación juez-justiciable, vendrían a caer siempre bien en algunos asuntos cuyas características permitirían una resolución mucho más expedita y menos costosa para los contribuyentes.