Cual el Sísifo del mito, Alfonso Romo empuja la roca hasta la cima, sólo para ver cómo se viene cuesta abajo una y otra vez.
El 19 de febrero pasado, en una entrevista que concedió a Nacha Cattan, reportera de Bloomberg, Romo se refirió a las licitaciones petroleras que el gobierno ha realizado y señaló:
"Lo que hemos visto en el proceso de licitación es que (los contratos) son muy buenos para el país, están bien hechos, y hasta hoy no tenemos quejas".
Carlos Urzúa, nominado por López Obrador como secretario de Hacienda, en caso de ganar la elección presidencial, entrevistado por Cattan en diciembre, señaló que los contratos celebrados con empresas petroleras "serán completamente respetados".
Y… cuesta abajo.
El sábado pasado, en el marco de la conmemoración de los 80 años de la expropiación petrolera, AMLO advirtió que va a revisar todos los contratos:
"Se van a revisar todos los contratos que se han firmado en este tiempo, y uno por uno se van a someter a un análisis para ver si cumplen con los requisitos legales y para que además no sean contratos producto de la corrupción, que no sean contratos manchados. No queremos contratos como los de Odebrecht, no queremos sorpresas que han resultado un escándalo por corrupción a nivel mundial".
Y además, señaló que se pedirá al gobierno de Peña que, a partir del 2 de julio, se detengan todas las licitaciones en curso.
¿En qué quedamos? ¿Ya fueron revisados los contratos por el equipo de López Obrador –como aseguró Romo– o no? ¿Se van a dar garantías a las empresas que ya los tienen o no?
Los integrantes del equipo de López Obrador, destacadamente Romo y Urzúa, que se han estado reuniendo con grupos empresariales y han participado en entrevistas y foros, han buscado dar tranquilidad a los inversionistas.
Estos esfuerzos, sin embargo, son descarrilados por las propias declaraciones de AMLO o de personajes de su entorno, como las muy sonadas de Paco Ignacio Taibo II la semana pasada:
"Que yo recuerde hasta ahora, en el último congreso y los tres últimos consejos nacionales de Morena se ratificó plenamente que hay que echar abajo la reforma energética. Y esa demanda es nuestra, no sólo es de Andrés, que lo dijo muchas veces. Entonces habría que preguntarle a Romo, ¿a nombre de quién hablas?, ¿a quién le hablas al oído? Porque si le quieres hablar al oído a las trasnacionales, pues muy tu pinche gusto, pero a nombre del conjunto de los mexicanos que vamos a votar en julio, yo creo que la demanda sigue viva".
Van ocho licitaciones de bloques petroleros y tres farm outs de Pemex. Son 74 contratos adjudicados a empresas de más de 20 países. Tras escuchar las declaraciones de AMLO el 18 de marzo y conocer las de Taibo la semana pasada, ¿qué estarán pensando esas empresas?
Tengo la sospecha de que un buen número de ellas ya ha empezado a analizar cuál es el margen jurídico que existe para desconocer contratos y qué posibilidad tendría AMLO de hacer cambios constitucionales para echar atrás la reforma.
Ya no se trata de una posibilidad distante y meramente hipotética. En la medida que AMLO sigue de líder en las encuestas y ha reafirmado su posición, se trata de un hecho posible.
La evaluación de los márgenes de maniobra que realmente tendría AMLO es algo que hay que examinar. Será objeto de un próximo artículo.