Enrique Cardenas

Quizá refinerías, pero NO con dinero público

El reducido espacio fiscal que tiene el actual gobierno, y que también enfrentará AMLO, obliga a escoger muy bien en qué utilizar los pocos recursos públicos con que contará.

Una de las principales promesas de campaña de AMLO, y que ahora se incorpora como uno de los megaproyectos de inversión del sexenio, es la construcción de dos refinerías para agregarle valor al petróleo que se extrae en México.

La lógica es simple. Si producimos mucho petróleo y poco menos de la mitad lo exportamos para ser refinado en otros países, que luego regresa en forma de gasolina importada, ¿por qué no mejor rehabilitar las seis refinerías con que cuenta Pemex y construir otras dos para procesar el petróleo crudo en el país y convertirlo en gasolina, en lugar de importarla? Suena lógico, sin duda. Y se acomoda bien a la idea de agregar valor a las cadenas productivas del país mediante una política industrial vigorosa, que sustituya las importaciones de tantos bienes para que éstos sean producidos en el país. Pero si fuera así de simple, ¿por qué no se hizo en el pasado? Las respuestas de campaña son más ideológicas que económicas: los excesos del neoliberalismo a ultranza, la eliminación del papel del Estado en la economía para que algunos intereses económicos se enriquezcan a costa de las mayorías, el desmantelamiento de Pemex…

Pero tampoco ha ocurrido por una buena dosis de realidad a la que los gobiernos se resistieron enfrentar: por un lado, el poderoso sindicato de Pemex que estaba listo para defender sus posiciones, impedir la adopción de nuevas tecnologías y mantener privilegios de tal magnitud que eran los principales beneficiarios de la riqueza petrolera del país. Y segundo, el propio gobierno federal encontraba más sencillo 'ordeñar' a Pemex, extraerle todos los ingresos posibles para no subir otros impuestos. Con frecuencia se mezclaban las dos realidades.

La reforma energética y la legitimidad de la elección de AMLO, paradójicamente, han abierto la puerta para resolver ambos tipos de problemas. Por un lado, la reforma energética modificó el régimen jurídico de Pemex y lo obliga a ser más competitivo, permite inversión privada en la industria, tanto nacional como extranjera, y un largo etcétera. Por el otro, su legitimidad política y la declarada lucha contra la corrupción le permiten a AMLO transitar hacia un esquema laboral más moderno y acorde con las necesidades de Pemex como empresa innovadora a nivel mundial.

Por tanto, la idea de rehabilitar las refinerías ya existentes y construir otras nuevas que puedan convertir con eficiencia el petróleo pesado que produce México en gasolinas de calidad (para lo cual se requeriría importar petróleo ligero o esperar a que se produzca en México), potencialmente agregaría valor a la cadena productiva de la industria petrolera nacional. Por ese lado, el planteamiento de AMLO resultaría muy atractivo.

Sin embargo, también es una realidad que el petróleo mexicano es pesado y refinarlo tal cual produce combustóleo de mala calidad y muy contaminante (por eso es necesario mezclarlo con petróleo ligero). Además, el margen de rentabilidad de la etapa de refinación es muy reducido debido a la capacidad excedente que existe en Estados Unidos y a la enorme competencia a nivel mundial. Por tanto, cualquier ineficiencia que enfrente la industria puede convertir, con cierta facilidad, una ganancia en una pérdida. De ahí la idea de que si Pemex ha de competir en ese mercado, tendrá que hacerlo refinando el crudo pesado nacional con crudo ligero importado, y con gran eficiencia. De no hacerlo, sería preferible que ese riesgo lo asumiera el sector privado (aunque no está claro que alguien lo quiera hacer) o de plano seguir refinándolo en Estados Unidos, dada su capacidad excedente, e importar las gasolinas como lo estamos haciendo.

Por otra parte, el reducido espacio fiscal que tiene el gobierno de Peña Nieto, y que también enfrentará el gobierno de AMLO, obliga a escoger muy bien en qué utilizar los pocos recursos públicos con que contará. Los aumentos en los egresos públicos por el pago de pensiones, el servicio de la deuda pública, los programas sociales y costos elevados de la corrupción, frente a una promesa de no elevar impuestos en los primeros años, deja al nuevo gobierno ante una estrechez de recursos que todavía no se alcanza a visualizar. Tampoco endeudarse es una opción, pues la deuda pública ha llegado a niveles excesivos. En los últimos años su saldo creció en casi cuatro billones de pesos. AMLO propone que ahorros en salarios de funcionarios de alto nivel, eliminación de varios programas y los productos por reducir la corrupción, deberán generar los recursos necesarios para llevar a cabo el plan de gobierno. No se ve claro que alcanzarán.

Por ello, una opción es utilizar recursos públicos ahí donde no pueda haber concurrencia de recursos privados, aún más si en esas actividades existen altos riesgos de pérdidas y de mayor contaminación, y sin necesidad de subsidiar su producción. Tal es el caso de las refinerías propuestas por AMLO. ¿Para qué utilizar en su construcción recursos públicos que son escasos, cuando la rentabilidad de esa actividad es pequeña y, en todo caso, podría ser provista por capital privado?

¿Para qué usar el dinero de nuestros impuestos en proyectos con baja rentabilidad, en lugar de financiar educación, salud y una pensión digna para todos?

La campaña electoral ya terminó. Viene ahora la tarea de gobernar con sensatez y con claridad de propósito.

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