Hace ya años que el acceso a la salud, a la educación y a una pensión se volvieron derechos de todos los mexicanos. Como siempre ocurre, los cambios constitucionales se vuelven, en un inicio, solamente aspiracionales. Tomó años en que el precepto de la educación primaria obligatoria se convirtiera en realidad. Lo mismo ocurrió con la secundaria obligatoria, que ya casi se cumple, y ahora vendrá la educación media superior. También el acceso a la salud y el acceso a una pensión básica están consagrados como derechos en nuestra Constitución. En estos casos, todavía distamos mucho de poder hacerlos efectivos. Los esfuerzos por ampliar el acceso a la salud y a una pensión mínima han permitido que, al menos en el papel (sin considerar calidad ni acceso a médicos y medicinas), el 87 por ciento de los mexicanos tengan derecho a la salud a través del Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE y otras instituciones públicas. La pensión universal es todavía demasiado magra para resolver el problema de fondo.
En los planes del nuevo gobierno está el objetivo de seguir construyendo un Sistema de Protección Social Universal (SPSU), que incluya la ampliación de la pensión básica universal. Es un objetivo que está en la mesa, pero se cuestiona su viabilidad económica y sustentabilidad fiscal. Desde hace años, primero Santiago Levy et al. (https://bit.ly/2ConmM7) y posteriormente el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (https://bit.ly/2MRy42H) propusieron una transformación de la hacienda pública para financiar el SPSU. Recientemente, tanto Levy (https://bit.ly/2wKEvd4) como el CEEY (https://ceey.org.mx/el-mexico-del-2018/) han reiterado la propuesta, con todavía mayor poder persuasivo. La idea fundamental es contar con acceso a los servicios de salud, seguros laborales y la pensión básica de forma gratuita para empleados y patrones, sin importar su condición laboral. El financiamiento debe provenir de impuestos generales (ISR, IVA, IEPS) en lugar de las cuotas obrero-patronales del IMSS y demás instituciones. Ello implica homologar el IVA a alimentos y medicinas y eliminar otras excepciones de ese impuesto.
El resultado esperado es la formalización de un número creciente de empresas al abaratar el costo de la formalidad, mientras que el pago del IVA adicional de los segmentos más pobres de la población, que sería altamente regresivo, más que se compensa por el acceso EFECTIVO a los servicios de salud (médicos, tratamientos y medicinas). Levy argumenta que la formalización de las empresas las hará crecer y generarán más productividad, lo que eventualmente se convertirá en salarios más elevados. El documento reciente del CEEY (que se basa en un modelo de Chávez et al. https://bit.ly/2Q9tbzM) plantea adicionalmente que eliminar las cuotas obrero-patronales no sólo llevarán a una formalización de las empresas, que pasarían de un 25 por ciento antes del cambio de política, a 50 en 10 años y 70 por ciento en 25 años. Evidentemente, la recaudación fiscal aumentaría todavía más por la incorporación de muchos más trabajadores a la formalidad. Habrá más crecimiento y por tanto menor pobreza.
El tema ha sido ya ampliamente estudiado y estuvo a punto de implementarse en el proceso del Pacto por México de 2013. El gobierno no tuvo el arrojo de homologar el IVA ni tampoco de transformar el sistema de salud, de tal forma que se estructurara para esta nueva etapa. Tampoco hubo una reforma integral al sistema de pensiones. Se perdió una gran oportunidad.
Pero pareciera que las condiciones políticas post 1 de julio permitirían llevar a cabo semejante transformación. Existe la legitimidad política (la gente le va a creer a AMLO que efectivamente va a regresar con creces lo que la gente de menos ingresos pague de IVA por sus alimentos), existe también la necesidad económica y social de más crecimiento y menos pobreza, y además podría alcanzarse un objetivo adicional no argumentado ni por Levy ni por el CEEY: se podrían elevar los salarios de los trabajadores formales a cambio de que los patrones no tengan que pagar las cuotas obrero-patronales. Un posible arreglo sería que si una empresa desea gozar de la exención de las cuotas obrero-patronales al IMSS, debe demostrar que TODOS sus trabajadores ganan, al menos, el equivalente a dos canastas básicas de bienes y servicios determinada por el Coneval. Es decir, no todo el ahorro y beneficio iría para los empresarios formales o que se formalicen, ni tampoco sería solamente un beneficio en especie para los trabajadores al tener acceso efectivo a la salud. Podría haber un aumento real del salario que no afectaría a las empresas, pues el aumento de la nómina de los trabajadores de menores ingresos sería menor que el ahorro de la cuota social de TODOS sus trabajadores. Los salarios aumentarían para los más pobres.
AMLO y su equipo harían bien en revisar estas propuestas de Levy y del CEEY, pues una transformación de esa magnitud sí sería digna del nombre de la Cuarta Transformación. Tienen todo para hacerla.