La publicación del Índice Global de Impunidad México 2018, realizado por la Udlap (http://bit.ly/2FCsldD), muestra que este fenómeno empeoró en los últimos dos años en el país. Las variables de dicho índice consideran la estructura y la funcionalidad de los sistemas de seguridad y justicia en cada estado de la República, e incluye variables como número de miembros del ministerio público por cada 100 mil habitantes, el número de jueces, el número de delitos que no son denunciados, entre muchos otros. De acuerdo con el índice, que va de cero a 100 puntos y entre más bajo es una mejor situación, empeoró de 2016 a 2018, al pasar de 67.4 a 69.8 puntos. Este comportamiento se debió, de acuerdo con el reporte de la Udlap, al empeoramiento de las estructuras del sistema de justicia y del sistema de seguridad. En 28 estados existen altos o muy altos grados de impunidad.
Lamentablemente, la gente no denuncia cuando ocurre un homicidio: sólo 6.3 por ciento de los delitos son denunciados, y, de ellos, menos del 4 por ciento termina en una sentencia. Es decir, la impunidad llega al 99 por ciento de los homicidios que ocurren en el país. Y nadie denuncia porque no hay mayor expectativa de que se realice una investigación, que se persiga al delincuente, y mucho menos que se le pueda encarcelar. La gente no denuncia tampoco, porque frecuentemente el ministerio público pide dinero al denunciante o se tiene miedo de que se le pueda incluso involucrar en el ilícito. El resultado es que los sistemas de impartición y procuración de justicia simplemente no funcionan, no tienen la confianza de la gente y no realizan la función para la cual fue establecida. La impunidad constituye un verdadero torpedo a las instituciones.
Otros que han sido lastimados por otro cañonazo, son los partidos políticos. El golpe lo han dado los propios líderes partidistas con su comportamiento. La vida interna de los partidos, o las recientes coaliciones con otros, que son sus antagonistas ideológicos, han mermado la confianza de la gente. Los métodos de selección de candidatos han generado también mucho descontento, divisiones y hasta que algunos de sus miembros deserten de un partido a otro, o de plano abandonen la actividad partidista. Abundan los casos que han llamado la atención de todos y han disminuido la confianza pública. No en balde son una de las instituciones con menos credibilidad. Lo paradójico es que sus propios líderes son quienes han contribuido a su caída, no personas ajenas a ellos.
La ausencia de Estado es también un ataque a instituciones que son vulneradas por grupos económicos o de interés. Por ejemplo, el caso de las compañías mineras mexicanas y extranjeras que operan en la Sierra Norte de Puebla, y que han arrasado bosques e invadido tierras ejidales, con una grave afectación a los derechos humanos y al patrimonio de los habitantes de esa zona. Al no haber respeto al estado de derecho ni a los derechos de propiedad, y sin poder defenderse, esas personas no creen en las instituciones. Y con razón. Esas instituciones son como gelatina, poco sólidas y se mueven como va el viento. Sirven al mejor postor. Otra vez, quienes supuestamente son los encargados de dirigir esas instituciones del Estado, son los primeros en debilitarlas. Quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley, son los primeros en violarla.
Así, resulta paradójico que, como sociedad, debemos salvaguardar a las instituciones públicas de los servidores públicos que las operan. Pareciera que al llegar a esas posiciones, quienes tienen la encomienda de hacerlas funcionar, se convierten en sus dueños que hacen con ellas lo que quieren, como si fueran de su propiedad. No muestran respeto por la responsabilidad pública que se les confiere, sino que se convierten en los principales agresores de las instituciones.
La acción fortuita de la autoridad para hacer cumplir la ley en unos casos, como ejercer acción penal por razones políticas, o el atropello de derechos por la ausencia de Estado que no hace valer la ley –como el caso de la Sierra Norte–, o bien la enorme impunidad que existe, todos son cañonazos a nuestras instituciones, perpetrados frecuentemente por la misma autoridad.
En un año de elecciones, quienes las han vulnerado deberían mostrar, al menos, mayor recato. Ya basta de impunidad.