Ante mi indecisión si escribir sobre un tema u otro esta semana, decidí hacerlo sobre los dos. Primero, la política de tolerancia cero sobre migración que está siguiendo Donald Trump es despreciable y sólo digna de un fascista. El gobierno de Estados Unidos, y los millones de norteamericanos que siguen a Trump, están mostrando su peor cara en muchos años. El trato hacia los niños es indigno y reprobable por todos. No es fácil encontrar palabras mesuradas ante semejante situación de maldad, perversidad y egoísmo de un gobernante y una parte de su pueblo. Utilizar como rehenes a niños para obtener una ley migratoria a su antojo y al mismo tiempo 25 mil millones de dólares de rescate, lo coloca al mismo nivel de un secuestrador. Un secuestrador de Estado. Un fascista.
Sí, se trata de un fascista de película de terror. Me recuerda la cinta Sophie's Choice, de Meryl Streep, donde la madre tiene que escoger a cuál de sus dos hijos se le separa de ella para ir al campo de concentración. Las imágenes y la trama son desgarradoras. La historia está basada en hechos perpetrados por el régimen de Hitler. La similitud con los actos de Trump es muy clara.
Después de una enorme presión, el miércoles por la mañana el presidente Trump se vio forzado a suscribir un decreto que revierte la política de separar familias de migrantes indocumentados mientras resuelven su caso. Aún no se sabe en qué va a terminar su política migratoria y si los legisladores cederán ante sus demandas económicas, si van a acceder a pagar el rescate. Es una derrota para Trump, pero de ninguna manera es definitiva. No por ello dejará de ser un fascista. A pesar de la firma del decreto, Trump NO cambió su actitud u opinión al respecto. Sólo cedió ante la gigantesca reacción interna y mundial. Tampoco queda claro qué sucederá con los miles de niños ya separados de sus padres y miles de otros que, según parece, la Homeland Security ya perdió rastro de ellos en Estados Unidos. No saben en dónde están. Gravísimo.
El segundo tema que quiero abordar es uno nacional, también muy grave. La cantidad de asesinatos de políticos en relación a este proceso electoral son inéditos y lamentables. Van hasta este momento 113 casos y, de acuerdo al Cuarto Informe de Violencia de Etellekt publicado hace unos días, la mayoría de ellos están relacionados con alcaldías. El último caso es el de Alejandro Chávez, candidato a la presidencia municipal de Taretan, Michoacán, la semana pasada.
Mi lectura es que no se trata de una lucha política sino de poder… de poder tener acceso a la llave del cofre. Es una lucha por el control del territorio, que le permitiría a quien lo tenga ser 'socio' de contratistas, de desarrolladores urbanos y, especialmente, del crimen organizado. Es decir, se trata de controlar la policía, los servicios forenses, utilizar las bases de datos sobre sus habitantes, resguardar terrenos, casas y localidades sin la supervisión de la autoridad, y tantas otras posibilidades que el control de la alcaldía le permite a un presidente municipal corrupto. Un alcalde así puede ser, sin mayor problema, un aliado natural (o más bien un socio) de quien controla la producción y el tráfico de drogas, del huachicol, de quien extorsiona y cobra derecho de piso, quien regentea la prostitución, la trata de personas y un largo etcétera. Me parece que esa es la historia lamentable de muchos de los asesinatos que hemos visto en los últimos meses durante este proceso electoral. Personajes y grupos locales han combatido por tener el control del territorio para volverse socios de los grupos criminales. Tan vulgar y terrible como eso.
Y este panorama lo ha exacerbado el propio comportamiento de los partidos. Con mucha frecuencia no han reparado ni prestado mayor atención a la selección de sus candidatos, o han confiado en el 'buen juicio' de los líderes y caciques locales para designarlos con el visto bueno, o más bien ciego, de los jerarcas partidistas. En otros casos, líderes de los partidos a nivel local han vendido candidaturas al mejor postor, sin importar su probidad ni su capacidad, y mucho menos su sentido de servicio público. Algunos de ellos, claramente socios o parientes de criminales. Por ejemplo, un candidato independiente a la alcaldía de Palmar de Bravo, Puebla, Ángel Morales Ugalde, hermano del exalcalde Pablo Morales Ugalde, huachicolero ampliamente conocido y vinculado a proceso por operaciones de procedencia ilícita. Este candidato fue secuestrado el 12 de mayo de este año sin que a la fecha haya alguna línea de investigación robusta.
Así está el 'ambiente electoral' en muchos municipios del país, y hay quien afirma que esta misma lectura se aplica a varios estados del país, como Puebla.