A menos de 40 días de las elecciones los ciudadanos seguimos a la expectativa. Los ciudadanos queremos saber qué propuestas tienen los candidatos sobre la bomba de tiempo que significa el financiamiento de las pensiones en México. Sobre todo si se considera agregar el plan de pensión básica universal, que debería estar contenido en una política de protección social universal, a los diversos sistemas de pensiones ya existentes.
A pesar de que 90 por ciento de los sistemas de pensiones en el país ya han sido reformados, el monto que el presupuesto federal debe destinar a las pensiones (IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas, entidades federativas, organismos y empresas del Estado y universidades) aumenta alrededor de 100 mil millones de pesos cada año. Dicha cifra pasó de 681 mil millones de pesos en 2016, a 781 mil millones en 2017 (y se proyecta a 888 mil millones en 2018). Esa cantidad seguirá aumentando cada año hasta alrededor de 2030, cuando comenzará a disminuir por la sustitución del antiguo sistema de beneficios definidos del IMSS por el de las Afore. Para esos años, las pensiones absorberán aproximadamente 13 por ciento del presupuesto federal (estimaciones de Francisco M. Aguirre V. de Valuaciones Actuariales del Norte, presentadas en la Universidad de Monterrey, el pasado 18 de abril).
Además del problema fiscal, ya de por sí muy serio pues cada peso destinado a pensiones es un peso menos destinado a inversión, se agrega el problema social. En primer lugar, apenas 45 por ciento de la población económicamente activa tiene algún tipo de pensión contributiva. De los trabajadores que se van a pensionar en el sistema de las Afore, las aportaciones que hace el patrón por los trabajadores no van a ser suficientes para que, en el momento de la jubilación, ese ahorro pueda sostener a esa persona, y mucho menos a su familia. Es decir, de los privilegiados que pertenecen al Sistema de Ahorro para el Retiro a través de las aportaciones a las Afore, que son la mayoría de los trabajadores que gozarán de una pensión, su ahorro acumulado no alcanzará ni para cubrir el costo de una canasta básica definida por el Coneval. Vivirán en la pobreza si nadie más les ayuda o si no acumularon otros ahorros. Dos razones explican esta situación: las bajas aportaciones para el ahorro que se pagan actualmente (6.5 por ciento del salario; se requiere aumentar al menos al doble), y las altas y crecientes comisiones que cobran las Afore, pues su monto se calcula con base en el saldo de cada ahorrador. Se estima que, para la edad de retiro, dicha comisión pueda sobrepasar 20 por ciento del ahorro acumulado de las cuentas individuales. Por tanto, es indispensable hacer una reforma al sistema que contenga, por lo menos, dos componentes: aumentar las aportaciones individuales y recortar las comisiones de las Afore. No será suficiente, pero sin ello será imposible darle una salida viable al problema.
Por su parte, el Infonavit ha venido acumulando más y más recursos. Sus activos son de más de 4.5 por ciento del PIB y siguen creciendo. Sus créditos han apoyado a millones de trabajadores para hacerse de su vivienda. Para eso fue establecido en los años 70 y ha cumplido su cometido. Enhorabuena. Hoy, el mercado hipotecario ya está prácticamente cubierto por la banca comercial, incluso para viviendas de bajo costo y a tasas efectivas de interés más bajas que las de Infonavit, como demostré en este espacio el 10 de agosto pasado. Por tanto, el cinco por ciento de las aportaciones patronales al Infonavit deberían de pasarse al fondo de ahorro de largo plazo de los trabajadores para asegurar una pensión digna. Con ello se resolvería una parte del problema social que implicará el envejecimiento de los trabajadores, aunque de cualquier forma se requiere una cirugía mayor del sistema de pensiones para hacerlo realmente efectivo. Sobre todo se debe eliminar la inequidad que existe entre sistemas pensionarios, asegurar una pensión básica universal, y darle viabilidad financiera a través de diversas medidas adicionales, como por ejemplo retrasar la edad de retiro.
Naturalmente ni el Infonavit está dispuesto a perder estas aportaciones automáticas a su fondo (imagínese lo que daría un banco por tener este arreglo) ni las Afore desean disminuir sus comisiones que son casi el doble de las de Chile, sobre todo si se les restringe excesivamente el destino de sus inversiones y los valores gubernamentales siguen absorbiendo 50 por ciento de su capital. De cualquier forma, una reforma seria al sistema de pensiones pasará por al menos aumentar las aportaciones y reducir las comisiones. Ambas modificaciones beneficiarían a los usuarios y mejorarían la solvencia financiera del país.
Es tiempo que los candidatos se pronuncien con contundencia sobre este tema. Gerardo Esquivel, asesor económico de AMLO, lo mencionó recientemente en una entrevista con Arena Pública, aunque López Obrador no lo trae en su programa inicial de trabajo. Ojalá lo clarifiquen él y los demás asesores de los candidatos a la presidencia.
Se debe plantear a la brevedad una reforma de fondo al sistema de pensiones, como compromiso de gobierno, y hay consenso entre los especialistas sobre lo que se debe hacer.