Opinión

Enfoque de género, Inclusión financiera y tecnologías

 
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POBRES SLP

México es uno de los países con mayor exclusión financiera en América Latina y tiene la menor tasa de los países de la OCDE. De acuerdo con los datos de Global Findex de Banco Mundial (2014), sólo 38.7% de la población adulta tiene una cuenta de ahorro formal, en tanto que estos porcentajes aumentan a 68% en Brasil y 63% en Chile. A nivel nacional las sucursales disponibles son 5.06 por cada 10 mil adultos pero su presencia se concentra en zonas urbanas y algunas semiurbanas. En municipios rurales no hay puntos de acceso de ningún tipo de institución financiera.

Inclusión financiera significa que las personas tienen acceso permanente y a precios accesibles a una gama de servicios financieros diversos como ahorro, diversos tipos de crédito, inversiones, pensiones, medios de pago, seguros personales y patrimoniales, entre otros.

La inclusión financiera y el enfoque de género son prioridades para el Gobierno federal actual y esta prioridad está detrás de algunos programas clave: el más relevante es PROSPERA que fue reorientado para introducir inclusión financiera e inclusión económica que son dos condiciones para una efectiva inclusión social. Tan sólo este objetivo es un reto de dimensiones colosales y rebasan los limites del actual sexenio. Pero es un objetivo alcanzable en una década. Llegar con servicios financieros adaptados a casi 7.0 millones de hogares pobres, la mayoría ubicados en zonas rurales marginadas de baja densidad, fuerte dispersión y malas comunicaciones.

Una estrategia de inclusión financiera efectiva requiere: i) uso de tecnologías y creación de un ecosistema donde la tecnología acerque el uso efectivo de servicios, la mirada esperanzada va a tarjetas y uso de celular; ii) una nueva generación de instituciones financieras con vocación y tecnologías apropiadas a los pobres y iii) hacer que el enfoque de género tenga práctica concretas y efectivas para ayudar a las mujeres a construir activos y empoderamiento en su entorno social.

La decisión de hacer pagos gubernamentales a través del sistema de pagos bancario es uno de los potenciales detonantes de la inclusión financiera, pero no es suficiente: Por ejemplo los 3.0 millones anuales de pagos de Procampo (ahora Proagro), los cerca de 40 millones de pagos de Prospera (7 millones cada dos meses), los apoyos de adultos mayores, becas de estudiantes, apoyos a la cafeticultura, depósitos de subsidios de vivienda a cuentas de ahorro, entre otras.

No es suficiente decidir que todos los apoyos gubernamentales pasen por el sistema bancario, si ese sistema bancario está lejos de las personas, peor aún, si están ausentes de los territorios donde predomina la pobreza y la marginalidad. La inclusión financiera no podrá lograrse sólo desde los bancos comerciales; las entidades de ahorro y crédito popular reconocidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en 2001, ya dan servicio a 9.0 millones de mexicanos, han elevado en tan solo 14 años el índice de inclusión financiera de México; hacen sentir su presencia en nichos de mercado inesperados como el crédito agrícola, donde la Encuesta Nacional Agrícola (Inegi 2014) los sitúa como el mayor otorgante de crédito agrícola con el 25% de participación, frente a un 15% de la banca de desarrollo y un 10% de la banca comercial.

Cuando se habla de perspectiva de género en la inclusión financiera es una política que requiere contenidos precisos. Podemos afirmar que la atención de la mujer rural requiere prioridad en el acceso. Se requiere que las instituciones con posibilidad de otorgar servicios financieros focalicen mujeres rurales en condición de pobreza y vulnerabilidad (identificables por el grado de marginación de la localidad donde viven) y abran la cobertura de las microfinanzas a distintos perfiles: con ingresos propios y sin ingresos propios, migrantes y no migrantes (migración temporal a EUA o como jornaleras agrícolas), para no auto excluir a las más pobres entre las pobres que son las migrantes y las que no tienen ingresos propios.

Perspectiva de género también significa entender las limitaciones y barreras que enfrentan las mujeres y diseñar servicios adaptados: atención gradual para que el empoderamiento económico de la mujer vaya más allá de “administrar su propio dinerito” y se le otorgue soporte a la constitución de activos con miras a que las mujeres que tengan capacidad e iniciativa como productoras, empresarias u otro, tengan oportunidad de acceso a crédito productivo.

Lo anterior significa: evitar sesgo del crédito a mujeres hacia créditos al consumo y a instalación de “mini changarritos”: Adaptar requisitos del crédito productivo en mujeres (las mujeres por su vulnerabilidad de uso de servicios no tienen garantías / avales que los esposos o hermanos si pueden dar); Reducir al máximo las cargas sociales (uso del tiempo) de la mujer rural (existe sobre-carga de uso del tiempo de la mujer en reuniones, juntas, pláticas) que limitan su capacidad para emprender, más tratándose de titulares PROSPERA.

Confidencialidad en los montos de ahorro / crédito de la mujer: respeto a la privacidad de datos personales independientemente de los usos y costumbres de los esposos o familiares. El machismo y la violencia intrafamiliar no están ausentes de los procesos de empoderamiento de la mujer.

Vinculación de la mujer rural titular de PROSPERA con una estrategia de inclusión económica en programas de desarrollo más amplios: complementariedad de políticas públicas con acceso a servicios financieros integrales con énfasis en el empoderamiento económico y generación de ingresos por parte de las mujeres rurales. En el proceso de empoderamiento el rol principal está en los servicios no financieros - educación financiera, construcción de vínculos sociales, intercambios, pasantías, educación empresarial.

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