Opinión

Encubrimiento a
los otros culpables
de Iguala

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Padres de normalistas

Leyendo con detenimiento el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), queda la sensación de que en lugar de aclarar los eventos violentos del 26 de septiembre de 2014 y la desaparición de 43 normalistas, hay más confusión y sobre todo encubrimiento de la realidad de violencia que se vive en México. Pero este encubrimiento no sólo es por parte de los gobiernos local, estatal y federal, sino también de las escuelas normalistas, partidos y movimientos sociales en Guerrero.

Y hasta que se diga públicamente la verdad, toda la verdad, no habrá justicia no sólo para los 43 normalistas desaparecidos, sino para los cientos de personas cuyos cuerpos se encuentran en las fosas de Guerrero o simple y llanamente reportados como desaparecidos.

En ese sentido, el reporte de la GIEI recalca el nivel de violencia que se vivió en aproximadamente tres horas en Iguala y áreas aledañas ese 26 de septiembre: 180 personas resultaron afectadas directamente por la violencia que sucedió esa noche, la mayoría eran muchachos jóvenes y menores de edad. Seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en cuatro lugares diferentes, a uno de ellos le arrancaron la piel del rostro y a otros dos muchachos los acribillaron a quemarropa.

Más allá de los cuestionamientos que hace el reporte de la GIEI de dónde y cómo morirían los 43 normalistas de Ayotzinapa y el porqué la violencia desbordada de esa noche por parte de la Policía Municipal de Iguala y Cocula, este grupo resalta el hecho de que decenas de funcionarios, de todos los niveles, que sabían de los ataques en Iguala en contra de los normalistas y la población, no hicieron nada esa noche para detenerlos. Incluso dispararon en el mismísimo centro de Iguala contra autobuses que transportaban jovencitos, ante un numeroso grupo de personas que se encontraban en la calle y en la plaza central en un concierto, desplegando todo un contingente de policías municipales por todo el pueblo… y ninguna institución (policías municipales, estatales, federales, Fuerzas Armadas y Cisen) hizo un esfuerzo por contenerlos y proteger a la población a pesar de las múltiples llamadas de personas que pedían auxilio al C-4 (Centro de Comando, Comunicaciones y Cómputo).

¿Será porque también estos mandos estaban coludidos con las organizaciones criminales que llevaron a cabo este salvaje ataque? ¿O hay una política de Estado de dejar que organizaciones y grupos armados se agredan y el Estado mexicano es incapaz o no tiene la voluntad política de controlarlos? ¿Cuáles son los protocolos de actuación de todas las corporaciones de seguridad que permiten el no actuar ante esta barbarie? Adicionalmente, ¿qué sabían los organismos de inteligencia de la completa infiltración del crimen organizado en las policías municipales de Iguala y Cocula y por qué no intervino antes el gobierno federal? ¿De veras los organismos de inteligencia y seguridad de este país no sabían de las múltiples fosas y la desaparición de cientos de personas en esta región?

Por más que argumente el gobierno federal que los ataques y violaciones a los derechos humanos fueron realizados por policías municipales, la negligencia del Estado mexicano de proteger a la población en Guerrero seguramente se traducirá en una condena internacional en contra del gobierno mexicano. Urge que el gobierno aclare su política de desproteger a la población en regiones controladas por organizaciones violentas. De lo contrario, se asumirá que el gobierno federal tiene una política sistemática de negligencia por tener vínculos con el crimen organizado.

Se requiere que la “verdad histórica” se investigue y que se aclaren las actividades de las escuelas normalistas, especialmente en Guerrero. En un tono políticamente correcto, el mismo GIEI justificó el robo de autobuses por parte de los normalistas para "botear"
-exigir dinero a la población (como que esto fuera una actividad normal de estudiantes en México o en otros países- y el por qué se fueron los normalistas hasta Iguala esa noche. Parecería que tiene miedo el grupo de expertos de criminalizar a las víctimas.

La única forma en la que se puede hacer justicia a las víctimas y sus familiares es que se tenga absoluta claridad de quiénes están usando a estos estudiantes normalistas adolescentes y cuáles son los objetivos.

También estos estudiantes merecen protección por parte del Estado mexicano y tener el derecho a estudiar y no ser usados por grupos políticos y sociales. Y también debe de balconearse a los criminales que mandan a adolescentes a robar autobuses y exponerse al peligro que resultó en este caso en la desaparición de 43 muchachos.

Twitter: @Amsalazar

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