Opinión

Encarcelados, ¿y?

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Servando Gómez Martínez 'La Tuta' pasó ya su primera noche en el penal del Altiplano. (Especial)

La madrugada del 27 de febrero pasado, el descanso del primer mandatario fue interrumpido por la llamada telefónica de su ministro del interior para darle la buena nueva: el delincuente más buscado por las autoridades mexicanas, Servando Gómez, La Tuta, había sido capturado. Venturosa noticia en vísperas de la visita de Estado a Gran Bretaña.

Otra importante e inmediata detención vino a reforzar el éxito de la primera, el líder de Los Zetas, Óscar Omar Treviño Morales, El Z-42, fue capturado en Nuevo León el 4 de marzo, en plena gira presidencial por Reino Unido.

Ambos eventos no podían ser más propicios, tanto por la relevancia de los personajes como por la oportunidad de su captura. La cobertura noticiosa y la amplia difusión oficial, con lujo de detalles sobre el trabajo de inteligencia y los limpios operativos implementados, contribuyeron a realzar su importancia.

Vistas en conjunto, las recientes aprehensiones de los tres “más buscados” delincuentes mexicanos: El Chapo, La Tuta y El Z-42, debieran suponer la afectación sensible de la actividad delictiva, particularmente la que tiene que ver con el narcotráfico y delitos asociados, toda vez que son los líderes de las organizaciones más significativas en el hampa mexicana y sin duda son poseedores de valiosa información, indispensable para la implementación de acciones continuadas, orientadas al desmantelamiento de las amplias estructuras que subyacen a sus liderazgos.

Sin embargo, la evidencia muestra otra realidad. Comúnmente la expectativa rebasa con creces los efectos prácticos. A la captura de un capo de relevancia le sucede un nuevo líder, de manera natural o arrebatado por la confrontación interna con un alto nivel de violencia, procede el reacomodo y la continuación de la actividad criminal sobre las mismas bases estructurales, operativas, financieras y de protección, que normalmente quedan intactas o mínimamente afectadas.

La memoria mexicana del combate al crimen muestra una dinámica que poco ha variado durante los últimos 40 años. Desde la captura en los años 80 de los entonces más peligrosos narcotraficantes: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero (hoy en libertad), tras el asesinato de Enrique Camarena; las detenciones de Juan García Ábrego, Héctor Luís Palma Salazar; la muerte de Amado Carrillo Fuentes en los años 90 o la captura de Osiel Cárdenas en 2003, más allá del impacto mediático temporal, ninguno de estos eventos ha tenido un efecto contundente o duradero sobre las crecientes actividades criminales que, en cada caso, sólo han sufrido mutaciones, traducidas luego en el surgimiento de nuevas bandas, atomizadas en extensas regiones en busca de control territorial, con la consecuente generación de violencia e inseguridad, que no pocas veces se asocia con la protección, cooptación o participación abierta de alguna autoridad.

Sin demeritar la importancia de las aprehensiones por sí mismas, que al menos sacan de la circulación a renombrados delincuentes, las preguntas obligadas son: ¿cuál es su trascendencia y contribución real para el desmembramiento de las estructuras criminales, de sus redes de protección oficiales y privadas? ¿Cuál es la repercusión en el abatimiento de la violencia, el incremento de la percepción de seguridad, de la certidumbre y la confianza social?

Si el encarcelamiento de los más buscados no pasa de ser un evento mediático aislado, si no se traduce en la neutralización, desarticulación y acotamiento sensible de la empresa ilegal y sus redes de complicidad, si no impacta en el incremento de los niveles de seguridad y paz social en las amplias zonas controladas por sus bandas, carece de trascendencia.

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