Opinión

En materia de elecciones, vuelta al pasado

 
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Coahuila

Hasta hace poco menos de dos décadas, una elección de gobernador sólo se podía anular por la vía política. Es decir, eran los llamados colegios electorales, constituidos por los Congresos locales, los que tenían esta facultad. Calificaban y en su caso declaraban la validez de los comicios, o bien los anulaban. Así sucedió en el país durante casi dos siglos.

Hacia finales de la década de los noventa del siglo pasado se introdujo un cambio sustantivo en esta materia. Desde entonces ya no son más los colegios electorales, órganos típicamente políticos, los que tienen tales funciones de calificar, validar o anular en su caso las elecciones de gobernador. Ahora son los tribunales en la materia, locales y federal, los que disponen de dichas facultades.

Hoy rige pues la vía jurisdiccional. Se supone que más justa, imparcial y objetiva, al margen de caprichos y arbitrariedades. En lo que va de la implantación del actual sistema, sólo dos elecciones de gobernador han sido anuladas. La primera, una de Tabasco hace tres lustros y la 
última en Colima hace un par de años. En el 2017 que corre es posible que se presente otro par de casos: en Coahuila y el estado de México, que tuvieron comicios el pasado 4 de junio.

En el espacio de los tribunales, no resulta fácil lograr la anulación de una elección de gobernador. En Coahuila su Ley de Medios de Impugnación establece once causas por las cuales es posible anular la votación recibida en una casilla.

Entre otras: porque ésta se instale en un lugar distinto al señalado sin causa justificada, o en fecha distinta, o por diferentes directivos de la mesa receptora, por la expulsión injustificada de los representantes de los partidos, por llevar a cabo el escrutinio en forma dolosa, por ejercer violencia sobre los votantes y por otro tipo de irregularidades graves plenamente acreditadas.

Pues bien, la propia ley dispone que cuando al menos el veinte por ciento del total de las casillas es cancelado por cualquiera de las once razones previstas, procede entonces la anulación de la elección toda. En la elección para gobernador de Coahuila hubo tres mil doscientas casillas. En consecuencia, se tienen que demostrar que al menos 640 de éstas deben anularse. Desde luego que no resulta algo fácil de probar, aunque en la realidad los hechos sí sucedieron.

Pero no es la única posibilidad que hay. Se señalan al menos otras cuatro, entre éstas la inelegibilidad del candidato declarado con mayoría de votos. Y una a la que debe presentarse la máxima atención. Es la relativa a la superación del tope de gasto de campaña autorizado, si éste es rebasado con el cinco por ciento o más del monto autorizado por la autoridad electoral, y la diferencia en votos entre el candidato ganador y quien le sigue no sea mayor al cinco por ciento.

En el caso de Coahuila es, o fue, palmariamente evidente que el candidato priista a gobernador superó, y por mucho, el cinco por ciento el tope de gastos de campaña autorizado. Y como la diferencia en votos con el candidato que le sigue no llega al tres por ciento, todo parece indicar que estamos ante el tercer caso de anulación de una elección de gobernador.

Así lo solicitó anteayer el candidato de Acción Nacional, para lo cual entregó un escrito de más de mil hojas y varias cajas conteniendo todo tipo de documentos probatorios. El desenlace de este caso no habrá de suceder en tres o cuatro semanas. Pero ciertamente varios días antes de que inicie el próximo diciembre.

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