Opinión

¿En manos de quién estamos?

 
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El presidente abandonó hoy el hospital. (cuartoscuro)

Cuando se anunció que el presidente Enrique Peña Nieto había sido sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Y aunque la extracción de la vesícula biliar generalmente no debe de tener complicaciones, el hecho es que por algunas horas, el presidente Peña estuvo inconsciente o semiconsciente –sin capacidad de tomar decisiones o de gobernar.

O sea que estuvimos en una situación de “falta temporal” del mandatario. Afortunadamente para el presidente Peña y para México, fue más que exitosa su intervención y su capacidad de recuperación.

Ésta es la segunda intervención quirúrgica que enfrenta Enrique Peña como mandatario.

Pero el hecho es que jurídicamente estuvimos sin presidente. Y esto no puede permitirse en un país con la importancia económica y política que tiene México. Obviamente sería catastrófico para el país si algo le sucediera al mandatario. Pero aún más trágico y con un impacto más dramático en la seguridad nacional sería si hubiera algún cuestionamiento jurídico o irresponsabilidad política en los pasos posteriores.

Seré más clara de cuál es mi preocupación con el esquema de sucesión en el caso mexicano. Artículo 84 constitucional dice: “En el caso de falta absoluta del Presidente de la República, ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en colegio electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente Interino; el mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación del Presidente Interino, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho”.

¡Oh Dios! El problema es que en una situación tan crítica, la estabilidad del país está en manos del Congreso, o sea que dependeríamos de que nuestros legisladores estuvieran a la altura y con capacidad de ser estadistas. Estamos hablando de los mismos legisladores que al cierre de la actual Legislatura, se autoasignaron casi 2 millones de pesos cada uno por concepto de fondo de ahorro, dietas y parte proporcional del aguinaldo, costándole al erario aproximadamente 943 millones de pesos.

La organización de las elecciones para votar por un presidente permanente en caso de que la falta absoluta sucede en los primeros dos años del mandato, estaría en manos del Instituto Nacional Electoral (INE). ¿Qué tanta confianza tenemos en las autoridades electorales?

La importancia de que no exista ninguna duda jurídica ante la falta permanente o temporal de un mandatario se refleja en la mayoría de las constituciones, aun de países que no son necesariamente políticamente estables o democráticos. En países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, la Constitución permite una transición estable y generalmente sin sobresaltos jurídicos o políticos ya que sus cartas magnas incluyen la figura de por lo menos un vicepresidente.

El caso de Estados Unidos es aún más dramática la necesidad de absoluta seguridad de cómo es esta transición ya que desde su independencia ocho presidentes han muerto durante su gestión. De estos ocho, cuatro fueron asesinados, y cuatro murieron de causas naturales. Y en la Constitución de EU la responsabilidad recae en el vicepresidente.

Las imágenes del vicepresidente Lyndon Johnson tomando posesión como nuevo presidente de Estados Unidos en el avión que llevaba el cuerpo del asesinado presidente John F. Kennedy –a su lado Jacqueline Kennedy sosteniendo la Biblia, su saco manchado con la sangre de su esposo, subraya la estabilidad de la transición ante la tragedia.

Ante esta realidad sí es importante que los candidatos presidenciales en 2018, puedan demostrar su capacidad física y asegurar que se encuentran en relativamente buen estado de salud. Dos posibles candidatos ya han tenido problemas en el corazón que han requerido de atención médica de emergencia –en situaciones distintas, pero de emergencia al fin: Andrés Manuel López Obrador sufrió un infarto al miocardio en diciembre de 2013, por lo cual fue necesario realizarle un cateterismo cardiaco. Miguel Ángel Mancera tuvo cirugía a corazón abierto en octubre de 2014.

¿Cómo comprobar la salud mental de los candidatos? Vale la pena recordar que el Artículo 86 constitucional dice que “el cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.” La causal de locura no está incluida.

Twitter:@Amsalazar

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