Opinión

En la víspera de 2015

Los partidos políticos, de manera más que ostensible, llevan a cabo sus preparativos para las cruciales elecciones intermedias del año que entra. Como se sabe éstas serán, en lo federal, sólo para renovar la Cámara de Diputados. Pero tienen, en lo local, como interesante ingrediente adicional la renovación de nueve gubernaturas, 17 legislaturas locales y alrededor de un millar de ayuntamientos.

Por supuesto que es perfectamente legítimo que los partidos se preparen para esa contienda de 2015, pues no hay nada en ello de ilegal o antiético. Es más, qué bueno que así sea para que tengan el año próximo una participación organizada y de altura. Organizada en razón de que el proceso electoral tiene previsto en la ley cada una de sus etapas y acciones a realizar. En consecuencia, en esta materia no hay lugar a improvisaciones.

Tener procesos electorales altamente propositivos implica que los partidos, en los términos de su propia regulación interna, lleven a cabo los trabajos necesarios hacia el interior de sus organizaciones para estructurar debidamente su respectiva plataforma electoral. Como se sabe, la ley mexicana dispone como condición o requisito para que un partido político tenga efectivo derecho a postular candidatos en las elecciones, que previamente elabore un documento denominado plataforma electoral, en el cual haga constar por escrito las propuestas que hará a los votantes, según el tipo de comicios de que se trate, y sean esas propuestas las que motiven a los electores a apoyar a sus candidatos.

Pocos lo saben y menos aún lo reconocen, pero el hecho es que esta práctica de seriedad y respeto hacia el electorado la estableció el Partido Acción Nacional desde su fundación, sin que fuera requisito legal. Se puede acreditar documentalmente que en efecto este partido, como paso previo a la postulación de sus candidatos discutía, en ocasiones con pasión y vehemencia, el contenido de su plataforma. Sin desconocer que entonces sus posibilidades de éxito electoral eran mínimas, realizaba esta tarea con toda seriedad y sentido de responsabilidad.

Después, al emitirse la legislación electoral de 1990, esta tradicional práctica panista, a propuesta del mismo Acción Nacional, quedó como requisito legal en los términos arriba señalados. Sin embargo, en el cuarto de siglo que lleva de vigencia desafortunadamente se ha visto y comprobado plenamente que se trata de un mero trámite, de un simple requisito formal que ha de cumplirse para acreditarlo ante la autoridad electoral y alcanzar así el derecho a postular candidatos.

Infortunadamente, se trata hasta ahora de una disposición electoral poco conocida, que ningún seguimiento tiene de los ciudadanos, descuidada por la academia y de hecho en el olvido casi total. Tanto así que en el anterior proceso electoral, el correspondiente a la elección presidencial de 2012, el entonces IFE, luego de registrar la plataforma electoral de cada uno de los partidos, ordenó la publicación de esos documentos en el Diario Oficial de la Federación. Pero omitió hacerlo en el caso de la plataforma del PRI. Este documento nunca apareció impreso en el órgano oficial del gobierno y nadie lo notó y mucho menos lo hizo notar.

Los ciudadanos se quejan y con sobrada razón de los partidos políticos, de sus excesos y desmesuras. Entre éstas hasta su número, pues una decena de partidos nacionales les parecen mucho a casi todos. El sistema mexicano de partidos sufre de descrédito, parece que justificado. Pero en su correcta construcción –o mejor dicho, reconstrucción– hace falta la participación crítica y seria de los ciudadanos. Un buen ejercicio, por ejemplo, que bien vale la pena ensayar en el proceso electoral de 2015. Que bien podía empezar con el monitoreo puntual de las tareas que cada uno de los diez partidos ha de llevar a cabo para la elaboración de su plataforma electoral.