Opinión

En la frontera de la aristocracia

La muy agitada actividad de medios y redes sociales en torno del perfil de algunos diputados o diputadas, o sobre el gasto de los senadores, siempre en la órbita de la proposición para que el número de curules que conforman el Congreso se disminuya, anuncia lo que muy probablemente será el sentido en el que podrían impulsarse serias reformas a la Constitución que, en esta ocasión, afectarían la esencia del Legislativo. Sin embargo, ¿La disminución del número de legisladores fortalece nuestra democracia?, ¿La decisión aminoraría el poder de los Partidos Políticos?

Puedo compartir el enojo o la frustración de muchos ciudadanos sobre el trabajo de algunos legisladores; --entiendo, sin embargo, que el papel que estos desempeñan no es sólo el que aparece en la televisión y que, además, no todos tienen exactamente la misma responsabilidad parlamentaria--. No puedo dejar de ver, de cualquier modo, que cualquiera que fuera del desenvolvimiento del legislador sujeto a observación, los factores originarios que inciden en su actividad se reducen a dos elementales: uno, porque la ciudadanía, propiamente, votó por ellos; y otro, porque la Constitución lo permite.

Leía comentarios muy críticos con relación a la edad de algunos diputados, o sobre su escolaridad. Se critica el hecho de que tengan una percepción económica que no alcanzaría a recibir cualquiera de sus cogeneracionales en el ejercicio libre de cualquier actividad profesional que se hubiera elegido. ¿Debemos suprimir a los plurinominales, disminuir el número de legisladores y exigirles cierta escolaridad? Esa sería la conclusión que arrojaría la severa crítica que arrojan los comentarios que circulan en las plataformas más populares.

A manera de descargo a favor de los legisladores, debo hacer notar en este espacio que, en estricto sentido, cada uno de aquellos que decide el contenido de nuestras leyes, fue votado y electo para realizar la actividad que viene desempeñando. Seguramente alguien dirá que no, que los plurinominales no provienen del voto de la ciudadanía; sin embargo, a éste tendríamos que hacer ver que, en estricto sentido, siendo el voto directo el que privilegia a los legisladores de mayoría relativa, no es sino el voto de partido, indirecto, el que también favorece la asignación de la representación proporcional, por lo que
todos los legisladores provienen de la voluntad del electorado, expresada en forma directa o por partido.

¿Será conveniente desaparecer a los plurinominales? En mi opinión, ese sería un muy grave error, pero por la importancia de la respuesta, espero dedicar a ella mi colaboración de la semana entrante.

Un mecanismo inviable para remediar el descontento con relación a los legisladores sería el de suprimir la herramienta de la elección indirecta de la ciudadanía, modificación que iría a contracorriente de lo que sucede en las democracias más avanzadas, pues impediría la representación política de las minorías en los órganos de representación parlamentaria. Las modificaciones a la Constitución en torno de la representación proporcional buscó, acertadamente, la apertura de un camino para que los ciudadanos que hubieran votado por un candidato no ganador, también accedieran a través de algún representante de partido a los espacios de deliberación político-legislativa.

¿Podría mejorarse el desempeño legislativo imponiendo requisitos de orden subjetivo a todos aquellos a quienes se encomienda tan honrosa como trascendente labor constitucional? ¿Sería conveniente acaso exigir algún grado mínimo de escolaridad a nuestros diputados y senadores? La Constitución, hoy, no lo contempla.

En el Congreso deben de encontrarse representadas las voces, los pensamientos, las demandas de todos aquellos individuos que conforman el policromado mosaico nacional, y así como existen cada día más jóvenes con mejor preparación académica, hay comunidades enteras, alejadas de las urbes más importantes del país, en las que todavía no existe ese grado de superación intelectual. Imponer requisitos subjetivos podría satisfacer a los críticos del sistema imperante, pero alejaría incuestionablemente la posibilidad para que algunos líderes sociales auténticos, no licenciados en alguna profesión, accedan a la legislatura, no obstante la importante legitimación que podría asistirles para hablar en nombre de una comunidad alejada que, indudablemente, siempre debería encontrarse políticamente representada.

La aparente deficiencia no proviene de la forma en que está diseñado el sistema. El andamiaje legal es perfectamente acertado con relación a la apertura que debe existir en el Congreso. La imperfección proviene de las personas, y la manera más adecuada para remediarlo, de acuerdo con la opinión personal del que a través de estas líneas lo acompaña, estimado lector, es por medio de la reforma político-constitucional que ya fue aprobada: la reelección de nuestros legisladores y la subsistencia del voto efectivo, de repudio o de premiación a favor de aquellos que realicen correctamente su trabajo, lo que permitirá, en el mediano plazo, la integración de un Congreso mejor legitimado y más profesionalizado.

Suponer la imposición de requisitos personales a cargo de los legisladores, además de considerarlo un desvío de nuestra democracia, debe asumirse como el allanamiento del camino para el establecimiento de una aristocracia. ¿Quienes entonces deben de hacer las leyes? Los más preparados, o los más cercanos al pensamiento del electorado.