Opinión

En esta esquina… Uber

 
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Uber

La escalada de acusaciones mutuas en el tema de Uber alcanzó en los días recientes un evidente punto de inflexión. La dialéctica estuvo representada, por una parte, por el manifiesto que la Comisión Federal de Competencia emitió en apoyo de esta organización, y por el lado de los taxistas regulados de la ciudad de México, en un cúmulo de acusaciones y amenazas que se ubican ya en el umbral de lo ilegal.

Lo que menos tiene este asunto es simplicidad, y si se quiere tener un análisis serio, todos, incluidas las autoridades, deberíamos huir del reduccionismo y atender a los múltiples argumentos y expresiones de los protagonistas, incluidos desde luego los consumidores y otras autoridades que tienen injerencia. De la andanada de artículos y columnas que abordan el tema, encuentro una predisposición enajenada de condena a los taxistas, que parece pasar más por la visceralidad de las piedras que como clientes por años hemos acumulado como resultado del mal servicio, que por un proceso que pretenda ponderar con objetividad los hilos conductores del conflicto.

Pretender, como he leído en diversos artículos de prensa, que se trata de un asunto que exhibe la obsolescencia de un sistema arcaico y corrupto, frente a la eficacia de los nuevos mecanismos de consumo colaborativo, es válido pero insuficiente. Quienes operan taxis, por más que resulten incómodos y en ocasiones peligrosos, han hecho una inversión basados en unas reglas específicas que la autoridad ha construido por años, y que resultaba correspondiente con el ejercicio de su “concesión”.

Así como existen miles de propietarios de taxis que explotan a los choferes, no pagan prestaciones sociales ni impuestos, y mantienen sus flotillas en niveles mínimos de operatividad, existen también miles de taxistas independientes que con el esfuerzo de años han logrado comprar –o deben– una unidad y un juego de placas, y que todos los días salen a las calles a ganar lo necesario para subsistir, jugando bajo unas reglas en las que había que pagar por participar.

Es claro que nuestros gobiernos deben colocar en el centro del debate los intereses de los consumidores, y atender a parámetros de eficiencia para graduar sus decisiones, pero tampoco pueden abandonar a su suerte a un gremio que, con todo y sus ineficacias, estaba cumpliendo con unas reglas específicas que no pueden ser repentinamente desconocidas.

Si se reconoce que sistemas como Uber son imparables y representan el futuro, habrá que impulsarlos, pero eso no implica beneficiar la libre competencia si no se otorga a los taxis la opción de revertirse para competir en el mismo mercado; ello implicará que la autoridad diseñe planes para facilitar que los taxis puedan modernizar sus unidades, y eventualmente, recomprarles las placas que alcanzan valores de varios miles de pesos en un mercado negro que la propia escasez y la especulación han creado. Por otro lado, debe entenderse que la opinión de la Cofece es precisamente eso, un pronunciamiento, y no una sentencia resultado de un proceso en que todas las partes participen; de hecho, es un documento que en su parcialidad y precariedad jurídica puede enfermar más el ambiente de lo que lo favorece.

Es este un caso paradigmático en el que las capacidades de negociación de un gobierno tienen que aparecer, porque es la propia autoridad la que, en su afán por cuidar la imagen, sigue observando desde la barrera, ante la inevitable escalada de un conflicto alimentado desde la indiferencia disfrazada de “respeto a la libertad de empresa”.

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