Opinión

En Chihuahua, acoso y persecución


 
La acumulación de datos y evidencias detrás de las amenazas denunciadas por el reportero Roberto Vizcaíno ilustra un caso de uso de instituciones públicas contra un empresario de Ciudad Juárez y salpica a la Coparmex nacional y al Consejo Coordinador Empresarial. Se trata de la vieja alianza entre poder político y poder empresarial.
 
Lo que comenzó sólo como una maniobra para entorpecer la candidatura del empresario juarense Carlos Chavira Rodríguez a la presidencia de la Coparmex nacional está empantanado en un caso de manipulación de instancias judiciales chihuahuenses y deriva ya en contrademandas en Estados Unidos contra el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
 
El gobierno de César Duarte abrió el año pasado un expediente judicial contra Chavira Rodríguez como un favor político al presidente con licencia de la Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien competía por la presidencia del CCE pero no quería soltar el organismo patronal y apelaba a dejar a un incondicional. Como Chavira Rodríguez comenzaba a despuntar con apoyos de organismos estatales, el gobierno de Chihuahua se involucró para generar un expediente penal que lo inhabilitara para competir.
 
Así ocurrió, pero el gobierno de Duarte dejó demasiadas pistas de manipulaciones judiciales.
 
Una de ellas amenaza con convertirse en conflicto bilateral con EU. Empleados del consulado de México en El Paso, Texas, en enero pasado citaron al empresario David Marcus, presidente del Museo del Holocausto que quiere preservar la memoria de los crímenes nazis, por el expediente de Chavira Rodríguez, pero lo acusaron de complicidad en presuntos fraudes en la organización del acto Juárez Competitiva. El expediente abierto por órdenes del gobernador Duarte -339/13- derivó ya en órdenes de aprehensión, pero basado en irregularidades que instancias intermedias no se han atrevido a corregir. El tema central se reduce al concierto de Maná que costó 20.8 millones de pesos vía contrato firmado con la empresa OCESA y que el gobierno estatal tasó arbitrariamente en 5 millones sin respetar el contrato legal.
 
El encargado del proceso es el fiscal del estado, Carlos Salas, quien fue el agente del Ministerio Público que operó el arresto del dirigente petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina por medio de pruebas sembradas, como quedó luego probado. Hoy Salas quiere aplicarle al expresidente de la Coparmex de Ciudad Juárez un microquinazo. A Chavira le escondieron el expediente, el delito no amerita prisión y de paso la acusación fabricada por el gobernador Duarte también señala como delincuente nada menos que a Mijail Gorbachov, el líder ruso que encabezó la perestroika por haber cancelado su conferencia en el acto, aunque esa decisión de suspenderla la tomó el propio gobernador.
 
Además de echar luz sobre los estilos personales de ejercer el poder por un gobernador priista, el caso del empresario Chavira en realidad destapa la manipulación política de las elecciones de presidente nacional en la Coparmex en noviembre del año pasado. El presidente nacional saliente Gutiérrez Candiani buscó poner un sucesor a modo y para ello pidió el favor político al gobernador chihuahuense, sólo que por medio de un intermediario político: Diódoro Carrasco Altamirano, exgobernador priista, luego diputado panista, candidato derrotado panista a senador por Oaxaca y miembro del equipo de campaña de la candidata presidencial panista derrotada Josefina Vázquez Mota; la razón radica en el hecho de que Gutiérrez Candiani es el Juanito de Carrasco para la elección de gobernador en Oaxaca en 2016 como parte de la alianza PAN-PRD contra el PRI. Por tanto, Duarte habría beneficiado a un precandidato contra su partido, el PRI.
 
Pero más allá de la política bizarra de algunos priistas, el caso ha salpicado a la Coparmex nacional y al CCE, ambos por el papel de Gutiérrez Candiani en la operación política para dejar a su incondicional Juan Pablo Castañón Castañón. De hecho, la posibilidad de imponer sucesor en la Coparmex fue producto de un acuerdo de Gutiérrez Candiani con el Grupo de los Diez empresarios más importantes de Monterrey. Además del papel que desempeña la Coparmex como sindicato patronal existe también su instancia como aldaba política en el sector empresarial. Y a ello se agregaron algunos pasivos financieros en la Coparmex que hasta la fecha han sido cubiertos con aportaciones extraordinarias y créditos, pero cuyo uso no ha sido aclarado.
 
La historia de la elección en la Coparmex nacional fue revelada en varias columnas de Indicador Político el año pasado. Sin embargo, lo que comenzó sólo como la existencia de un problema penal para inhabilitar al empresario Chavira Rodríguez para no participar en la elección de la Coparmex tomó dinámicas propias por decisión del gobernador Duarte y hoy revela el involucramiento de la PGR del gobierno de Felipe Calderón vía Marisela Morales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de actual gobierno vía el consulado en El Paso y de jueces de encargo que revelan la persistencia de los vicios en el Poder Judicial. Si el asunto sigue su rumbo, el caso de Chavira Rodríguez llevará inevitablemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podría revelar un ejemplo más de la justicia de Presuntos Culpables.
 
Por ahora el acusado prepara contradenuncias, entre ellas una en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque implica manipulación de la justicia y amenazas contra los acusados, incluida la conversión de un delito no grave en delito penal punible con prisión. Además, en el contexto de la acusación, una empresa de Chavira Rodríguez fue incendiada, su hermano fue detenido, torturado y simulado fusilamiento, llamadas telefónicas amenazantes -como las realizadas contra el reportero Roberto Vizcaíno-, acoso con armas y patrullas a la mamá de Chavira Rodríguez que tiene 90 años de edad y una orden de aprehensión sin documentación legal.
 
Se trata de un caso de justicia al viejo estilo priista. Ni más, ni menos.
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