Opinión

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La marcha de la CNTE salió del Ángel aproximadamente a las 16:00 horas. (Édgar López)

Espero haber logrado convencerlo, en los dos días pasados, de que esto de aplicar la ley en México no es un asunto sencillo. Para mí, es algo obligado si queremos efectivamente tener una democracia que además sea competitiva. Pero que sea obligado no significa que sea fácil, como hemos visto. Permítame proponer algunas ideas de cómo podemos avanzar.

Primero, es imprescindible contar con un Estado fuerte. No hay manera de que haya ley (impersonal) si no hay un organismo calificado para imponerla. La idea de que se pueden tener diferentes leyes, porque hay diferentes conceptos de justicia, es un absurdo que siempre deriva en enfrentamientos. Ponga usted ahí las policías comunitarias, las autodefensas, lo mismo que el crimen organizado, la subversión o los paramilitares. Todos son un problema.

Un Estado fuerte es aquel que tiene la capacidad de aplicar la ley, y la legitimidad para hacerlo. Lo primero es un tema de recursos, capacitación, protocolos, herramientas. Lo segundo es más complicado. En México, la legitimidad en el siglo XX la daba la Revolución: los vencedores tenían el derecho de gobernar, y lo complementaban con la habilidad para negociar entre grupos, que hoy es uno de los pilares fundamentales de la corrupción. Muchos mexicanos consideran que el gobierno hoy no tiene legitimidad. Esto proviene del conflicto del cambio: ahora la legitimidad la dan los votos, y nada más. No todos entienden o aceptan esto. Algunos creen que sólo es legítimo el gobierno que les cumple sus deseos.

Un caso particular de esto son los grupos sociales, que siempre recibieron recursos del gobierno a cambio de ciertos servicios: control político, especialmente. Desde mediados de los ochenta, estos servicios son menos importantes, y el gobierno ha dejado de pagarlos. Muchos de estos grupos no están dispuestos a perder esos ingresos (porque no podrían tener otros) y luchan a brazo partido por ellos. Algunos, además, cuentan con una ideología que les hace considerarse moralmente superiores al resto de los mexicanos, porque ellos luchan por la emancipación del pueblo.

Con base en esa mezcla de ideología y clientelismo, estos grupos abusan de los demás. Ocasionalmente lo hacen en el DF, porque en la capital se dirimen muchos conflictos nacionales, pero también por las características del gobierno, con una ideología de izquierda (muy tenue) y gran ineficacia. Más frecuentemente, lo hacen en las entidades más atrasadas del país: Guerrero y Oaxaca, pero también Michoacán y Chiapas. Entidades con pocos recursos, alta informalidad, pésima educación, y siempre entre las que tienen una mayor
proporción de pobreza.

En el viejo régimen, esas entidades se abandonaron en manos de los caciques locales, que a cambio de mantener razonablemente controlada la región tenían la libertad de seguir siendo señores de horca y cuchillo. Nada extraño en un régimen autoritario, corporativo,
corrupto, como lo fue el nuestro. Pero un obstáculo insoportable para un régimen democrático, que aspira a construir un estado de Derecho y una economía competitiva.

Dicho con toda claridad: si se quiere avanzar en México, es necesario actuar de manera muy diferente en el Pacífico sur. El tiempo de los caciques y los grupos insurrectos debe terminar. Ni puede seguirse soportando al cacicazgo político ni puede solaparse más la lucha social de maestros y normalistas. Y puesto que el Estado es débil en esos lugares, la federación debe respaldar el proceso.

El primer paso, insisto, es un Estado fuerte, pero quedarnos ahí sería el suicidio, el Estado debe estar limitado y controlado, como mañana espero poderlo compartir con usted.

El autor es profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey

Twitter: @macariomx

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