Opinión

Elecciones de ¿Estado?

 
1
 

 

Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, quien dio la instrucción de la renovación del IEEPO, durante un evento con jóvenes en Oaxaca, ayer. (Cuartoscuro)

Vaya activismo el que han desplegado los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y no precisamente por el seguimiento de los temas de la agenda legislativa, no, la mayoría andan muy ocupados en denunciar delitos de tipo electoral. Resulta que, en general, pelean por los espacios informativos, todos tienen algo que informar, todos parecen haber encontrado el hilo negro en el curso de las campañas políticas, todos tienen datos que hablan de una “elección de Estado”.

Están a la vuelta de la esquina 13 elecciones estatales, los legisladores se quejan de que en entidades como Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, la organización y control del desarrollo de los comicios las encabezan los titulares de los ejecutivos estatales.

Hay denuncias y cada una la levantan de acuerdo al color del cristal con que la miren. Sobre Zacatecas, donde gobierna el PRI, legisladores de Morena, encabezados por la coordinadora del grupo parlamentario de este partido en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, denunciaron que desde el gobierno estatal se está instrumentando una guerra sucia contra sus abanderados, que con recursos públicos los priistas regalan calentadores solares, bultos de cemento y despensas como una forma de coacción del voto y que este tipo de prácticas “clientelares” lo mismo sucede en ciudades como Fresnillo, que en Guadalupe y Zacatecas capital.

En Puebla, donde es gobernador Rafael Moreno Valle, del Partido Acción Nacional, la denuncia la hacen los legisladores del partido tricolor. En voz del diputado federal, Alejandro Armenta Mier, quien además es coordinador de campaña de la candidata Blanca Alcalá, los quejosos hablan de que en esta entidad se están configurando dos delitos, el “fraude del siglo” y una “elección de Estado”.

En su argumentación, acusan que desde el gobierno estatal y el municipio de Puebla, con Rafael Moreno y Antonio Gali Fayad, se maquinó un megafraude al concesionarse los servicios del agua potable y alcantarillado a una empresa privada con fines de lucro personal, por un lado, y fines políticos, por otro.

Señalan que dicha concesión se hizo bajo mecanismos nada transparentes, afectándose a 475 mil usuarios de colonias populares, a quienes se les manipula para que a cambio del servicio recibido se vean presionados a votar por el ahora candidato al gobierno, Gali Fayad. Ese y otros delitos son los expuestos desde las filas del PRI.

De elección de Estado también se habla en Oaxaca y así lo refiere la diputada Mariana Benítez, del PRI, sólo que aquí los señalamientos son contra el gobernador, Gabino Cué, de extracción perredista. La legisladora no duda en señalar que desde las arcas estatales se está apoyando al candidato de la alianza PAN-PRD, al senador con licencia Antonio Estefan Garfias, y específicamente denuncia el uso de los padrones de los programas sociales y los padrones electorales como una forma de promoción del voto a favor del referido candidato.

En este caso, Benítez Tiburcio informó que este despliegue de recursos estatales a favor de una candidatura, lo cual es constitutivo de delito de carácter electoral, ya fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y que esperan que todas las autoridades involucradas tomen cartas en el asunto para que los comicios en la entidad lleguen a buen término.

Desde tribuna de la Comisión Permanente, las denuncias por delitos de “elección de Estado” también se hicieron presentes, ejemplo de ello fue la presentada por el representante de Morena, el diputado Virgilio Caballero, quien expuso que el gobernador Javier Duarte ha hecho de todo con tal de favorecer al abanderado del PRI, y que en Veracruz lo mismo se persigue e intimida a los militantes de Morena e igual se han condicionado programas como “Prospera” y “Creciendo”, entregándose éstos beneficios sólo a los simpatizantes o militantes del PRI.

También solicitó fincar responsabilidades contra funcionarios estatales y federales que –dijo– están utilizando sus cargos para promover el voto.

No hay duda, el activismo que hoy se muestra desde el Poder Legislativo es para posicionar a sus candidatos, para defenderlos, para, en todo caso, si al final las cosas no les favorecen, continuar esa defensa desde la vía de los tribunales, argumentando que “hubo fraude”. Ese es el fin, pero por hoy la agenda legislativa tendrá que esperar.

También te puede interesar:

CIDH, colapso en credibilidad y financiero

Jaloneo por elecciones... y extraordinario

Total incapacidad de autoridades ambientales