Opinión

Elecciones 2013


 
Tres buenas noticias de la jornada electoral. La primera es que frente a la violencia que caracteriza a varias de las entidades con elecciones: Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Veracruz, la jornada transcurrió en paz y sin incidentes mayores, salvo un homicidio condenable. Hubo amenazas, gritos y estridencia, pero en general la gente pudo votar en orden. Que el crimen organizado no haya interferido en la jornada es una buena noticia.
 
La segunda es que todos ganaron algo: no arrolló el PRI como algunos preveían (aunque sí lo hizo en algunas entidades), lo que permite que PAN y PRD presuman diversos triunfos (notoriamente Baja California) y con ello seguir en el Pacto por Mexico.
 
La tercera buena noticia son algunos contrapesos políticos en algunas entidades. Cinco de las 13 capitales en disputa tuvieron alternancia. En Aguascalientes, por ejemplo, la capital fue ganada por el PAN frente a un gobernador del PRI que fue acusado de intervenir en el proceso electoral. Saltillo, capital de Coahuila —un estado siempre gobernado por el PRI— será gobernada por el PAN. En Oaxaca, donde gobierna desde 2010 una coalición PRD-PAN, su capital fue ganada por el PRI por un estrecho margen.
 
Hay también noticias malas. La primera es que la mayoría de los gobernadores consolidaron el control político de los congresos locales: salvo Sinaloa y Tlaxcala, en el resto de las entidades el partido del gobernador tendrá mayoría legislativa. La falta de contrapesos en los estados ha facilitado en los últimos años el endeudamiento, la corrupción y, en el caso electoral, que algunos gobernadores den apoyo económico y político a los candidatos de su partidos. Véase la lista de gobiernos estatales que ayer ratificaron una amplia mayoría legislativa: ahí están algunos de los probables casos futuros de desorden administrativo y corrupción.
 
La segunda mala noticia es una abstención muy alta: varió entre 46% (Tlaxcala) y 57% (Quintana Roo). Llama la atención Baja California, donde se eligió gobernador en una elección muy competida, cuya abstención llego al 60%.
 
La tercera mala noticia es que se reeditó y agudizó la práctica del 'madruguete'. Sin esperar cifras oficiales, muchos candidatos apoyados por sus partidos se declararon ganadores.
 
No importa que efectivamente hayan ganado, sino que adelantarse estimula la guerra de cifras, genera desconfianza y merma a la autoridad electoral. El caso más notorio fue Baja California, donde apenas habían transcurrido minutos de que las casillas cerraron, cuando el presidente del PRI declaró ganador a su candidato. Inmediatamente hizo lo mismo el presidente del PAN. ¿Cuál era la prisa? Horas después el PREP indicaría que uno de ellos había mentido o había sido mal informado. ¿Qué ganó?
 
Pero acaso la peor noticia sea el ambiente de acusaciones durante las campañas: compra del voto, condicionamiento de programas sociales, infiltración del crimen organizado en las campañas. Desconocemos la veracidad de cada acusación, pero el volumen de señalamientos mermó la confianza en las elecciones.
 
Quienes acusaron exigieron centralizar los mecanismos para resolver querellas entre partidos. Se creó una mesa de seguimiento al interior de Pacto por Mexico. Desde hoteles de Polanco en la ciudad de México, los partidos acusaron a muchos gobernadores y exigieron castigo. Se pidió que el presidente de la República 'metiera orden', como si contara con las atribuciones para ello. También el Congreso instaló comisiones de legisladores que visitaron las entidades para supervisar el desarrollo de las contiendas. Al hacerlo, suplantaron en los hechos a los institutos electorales.
 
Efectivamente hay un problema en las condiciones de la competencia a nivel local: gobernadores que influyen de forma indebida en las campañas; algunos institutos electorales cooptados por partidos y gobernantes; campañas cada vez más caras; prácticas amplias de intentos de compra del voto y movilización de electores. Pero la solución no es exigir a Peña Nieto que resuelva esos problemas, sino exigir que los congresos locales y los institutos electorales asuman su responsabilidad.
 
 
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Ayer los presidentes del PAN y PRD dijeron que reconsiderarán su permanencia en el Pacto por México. Se trata de un argumento contradictorio. Primero, porque el gobierno federal y el presidente de la República carecen de atribuciones legales para resolver las querellas en las entidades del país; y porque muchos gobernadores actúan de forma independiente sin prestar atención a las consecuencias políticas de sus actos. Segundo, porque justamente el Pacto busca transformar algunas estructuras anquilosadas que dan lugar a ese control férreo de los gobernadores.
 
Condicionar su permanencia en el Pacto, es una forma de que el PAN y el PRD acrecienten su poder de negociación en las próximas reformas, notoriamente la electoral y la política. Si el resultado es un avance en las condiciones de la competencia, bienvenido. Pero esa táctica también puede debilitar la vía judicial para resolver conflictos poselectorales y sustituirla por la vía política, que tanto dañó el valor del voto en los años ochenta y noventa.
 
 
Twitter: @LCUgalde