Opinión

El vital respeto del acuerdo social

La promesa del crecimiento sostenido no tiene más limitantes que las decisiones que la presente administración y la sociedad civil puedan coordinar y llevar a cabo. Con la promulgación de la reforma energética y el importante cúmulo de leyes que ésta trae aparejadas, la modificación del cambio regulatorio en este segmento de la industria y la economía nacional da una vuelta de ciento ochenta grados que debe sacudir la parsimonia del desarrollo de las últimas décadas. Se terminó la culpa que a lo largo de tantas legislaturas se quiso atribuir al estancamiento legislativo en torno del entorpecimiento de las “reformas estructurales”.

No obstante el gran esfuerzo de una mayoría de todos los mexicanos, que representados en el Congreso votaron a favor de un cambio que podría ser conveniente para todos, no dejan de sorprender los discursos que se empeñan en conservar y revivir fantasmas y discursos que han quedado en el pasado o que, aún inclusive permaneciendo vivos, no son el reflejo de un México del siglo XXI hacia el que la inmensa mayoría de los mexicanos queremos encaminarnos.

Desde su fundación, nuestro país ha vivido en el desazón de la desigualdad y, con ello, ante la incertidumbre del rumbo en el cual encontrar un progreso equitativo y democrático del que todos salgamos beneficiados. No es extraño pues, que el cambio o la transformación de la industria más mexicana de todas, por excelencia, arrebate la congoja y despierte suspicacias que se fundan, indudablemente, en experiencias atravesadas.

Pero la reforma energética no es una privatización de PEMEX, el cambio legislativo no es equiparable a la privatización bancaria ni a la liquidación del sindicato de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. El discurso que han venido pronunciando los partidos de la izquierda, sobre bases ciertas aunque excepcionales, no tiene cabida en el diseño institucional que a partir de ahora deberá observarse.

Como ya lo mencionamos en nuestro análisis de la semana pasada, las autoridades que en lo sucesivo se encargarán de la administración de la industria energética nacional, nacen con una visión y limitaciones normativas que no tienen parangón. Las empresas productivas del Estado, al igual que los particulares que a través de los esquemas de contratación o asociación vayan a realizar actividades en el ámbito de la exploración, extracción, transporte, almacenaje, distribución o comercialización de hidrocarburos y petrolíferos, estarán sujetos a esquemas de participación competitiva y vigilancia, que harían imposible el retroceso al que tanto se tiene miedo.

A pesar de que en el ámbito de la contratación de servicios, cada inversionista o cada participante dentro del mercado gozará de libertad absoluta con sujeción a principios de contenido nacional que garantizarán la reactivación y favorecimiento preeminente de nuestra economía, no puede soslayarse el hecho de que, la primera asignación o el primer contrato para realizarlo, aquel que celebrará el titular del derecho primario y el Estado mexicano, se sujetará a procesos de licitación pública que garantizarán la imparcialidad y transparencia por medio de las cuales se corta el paso a los múltiples esquemas de corrupción que han imperado hasta la fecha.

La problemática entonces no deja de partir de dos vertientes: la carencia de una educación auténticamente progresista de nuestro pueblo, a través de la cual podamos entender, sí con patriotismo y mexicanidad, cuáles son los esquemas más solidarios de desarrollo dentro de los cuales podamos encontrar el anhelado bienestar para todos, en un entorno de competitividad hacia el exterior; y el rediseño de nuestro sistema político-partidista, por virtud del cual se logre el entendimiento de la necesaria protección y conservación de las instituciones que se van diseñando para dar cabida al primero.

Queremos decir con todo lo anterior que, no se vale, que tan pronto como las nuevas reglas de las que pende toda una promesa de inversión y derrama económica para todos los mexicanos, exista una corriente política que con miras a la consolidación de su proyecto electoral hacia el año entrante, siembre en su discurso todo un clima de incertidumbre en torno de la manera inminente en que habrán de bloquear el desarrollo de toda esa inversión que podría llegar al país a través del cause que ha sido abierto; no se vale, incluso, que empañe el proceso que han elegido la gran mayoría de los mexicanos a través de giras amenazantes en el extranjero.

Estamos convencidos de que en la medida en que el discurso político no se consolide entorno de la identificación de un mismo México para todos, en el que se puedan cambiar las variables, pero siempre se protejan las constantes, difícilmente encontraremos paz a ese desasosiego permanente en el que vivimos, divididos, todos los mexicanos. Ningún partido debería tener por bandera su éxito individual en función del fracaso nacional, si para lograr su propósito abona, a través de los medios a su alcance, a favor de este último.

En un sistema auténticamente democrático, en el que la razón se pinta de distintos tonos en función del nutrimento de la participación política de sus ciudadanos, el único medio para construir un medio armónico y pacífico de convivencia, es permitiendo la supervivencia y funcionamiento del acuerdo que alcanzan las mayorías.