Opinión

El urgente replanteamiento de la seguridad

10 febrero 2014 4:24 Última actualización 15 octubre 2013 5:2

 
Antonio Cuéllar Steffan
 
Siempre hemos sido fieles a la idea de que, no obstante el importante número de modificaciones legales que lleguen a concretarse en el legislativo federal y los estatales correspondientes, no habrá crecimiento que inicie, ni mucho menos que perdure, en la medida en la que no se consolide un régimen de respeto por la legalidad.
 

Las muestras de lo que sucede en el país son claras y arrojan un resultado contundente: no obstante las reformas en el ámbito laboral, de amparo, de educación, o de las telecomunicaciones, la inversión no llega y el malestar continúa. La inseguridad, la impunidad y la inobservancia del derecho, obviamente, están por encima de las mejores intenciones.
 

A pesar de que existe una norma cuya aprobación debe privilegiarse, a la que nos referiremos enseguida, debe aprobarse un plan a favor de la legalidad, en todo sentido y sin salvedades, que poco a poco empiece a dar como resultado un nuevo país. Las decisiones adoptadas, en el sentido de ser tolerantes con la criminalidad que acompaña a las manifestaciones; de ser contemplativos e, incluso, permisivos con relación al ataque contra las instituciones, como son las policiales; de asumirse sensibles mediante la retribución de prestaciones para quienes no sólo incumplieron su obligación de educadores, sino hasta incurrieron en actividades ilícitas en el supuesto ejercicio del derecho de expresión de sus ideas, constituye un grave error que penetra en el subconsciente colectivo. Estamos yendo hacia atrás en la construcción de un auténtico estado de derecho.
 

El ataque frontal contra el secuestro, la trata y el derecho de piso constituye un inaplazable del que está dependiendo la eficacia de todo el desenvolvimiento gubernamental, porque la impresión de que la realidad del país va mal, está íntimamente ligada con los resultados de esos tres delitos, los más aterrantes para la población. Las estadísticas no son favorables a la presente administración.
 

La reforma constitucional en el ámbito penal contiene mecanismos que, aún desde la perspectiva de aquellos países en los que el mismo sistema goza de una añeja tradición, son imperfectos. No obstante lo anterior, no cabe la menor duda de que se trata de un mejor sistema del que tenemos, cuya ineficacia está sobradamente comprobada.
 

Una figura legal es esencial para que el sistema penal acusatorio tenga resultados virtuosos: el carácter negociable de la acusación y de las penas. En la medida en que una persona se declara culpable de haber cometido un delito se logra un resultado con impacto múltiple: el resarcimiento del daño para la víctima; la obtención de una resolución condenatoria válida sin el costo de un juicio y, por consiguiente, una eficacia mayoritaria en los procesos penales iniciados; y, la canalización de recursos destinados a la reinserción social del delincuente.
 

El punto es que la negociación del acuerdo penal radica, también, en la presencia de factores que hoy son lejanos, sino es que ajenos a la idiosincrasia mexicana: la honestidad del ministerio público para definir los alcances del acuerdo; la honorabilidad de los abogados que participan en la determinación de sus alcances; y, la absoluta publicidad del proceso para la discusión y aprobación judicial del acuerdo.
 

Si en la nueva legislación penal única se reconsidera el papel de quienes harán las veces de fiscales, con controles de confianza y mecanismos de revisión de sus actos, siempre en un esquema de profesionalización y justa retribución del trabajo; si se reconsidera el tema de la colegiación obligatoria de los abogados y el posible efecto de la pérdida de dicha colegiación ante la existencia de cualquier acto deshonesto de su parte; y si se echa a andar un sistema de publicidad de las audiencias, sin apertura mediática que vulnere la independencia del órgano jurisdiccional de orden penal, tendremos un sistema penal que estará a la par del reto que, hoy mismo, empieza a colocarse por encima de todos los demás en la agenda política nacional. Las expectativas globales de México lo exigen.