Opinión

El sobrepeso de la cosa pública

10 febrero 2014 5:1 Última actualización 27 agosto 2013 5:2

 
Antonio Cuéllar Steffan
 
La suscripción de un gran acuerdo nacional para la transición de reformas necesarias para el país ha sido, sin lugar a dudas, la nota distintiva de este gobierno federal que comienza. Se trata de un instrumento indispensable para modificar el status quo, que busca darle competitividad al país. Sin restar mérito al esfuerzo emprendido por los partidos suscriptores, debemos preguntarnos si el orden en que se ha dirigido el debate sobre la temática elegida ha sido el más conveniente.
 
 
A pesar de la empeñosa labor de comunicación organizada por las dos cámaras del Congreso General para dar a conocer sus actividades, el contrastante resultado que arrojan los desalentadores indicadores de crecimiento de la economía son apabullantes. Mucho ruido y pocas nueces, dirán algunos. Podríamos hacer un alto en este sinuoso camino y preguntarnos si a caso se ha desorientado la brújula que define la materia de los múltiples ajustes de la reforma nacional que dirige el Pacto por México, o si el orden en el que todos estos se atienden es el más conveniente para alcanzar el fin que se ha dispuesto: inversión y generación de empleo.
 
 
Inmersos en un proceso democratizador recién alumbrado hace un par de décadas, lógico resulta ser el abundante glosario de temas que se deben atender para disminuir los añejos rezagos inherentes a la participación de la ciudadanía en la consolidación de ésta, la democracia, como mandato constitucional que impacta en nuestro sistema de vida: la rendición de cuentas, la transparencia, la información, la participación ciudadana, el perfeccionamiento del sistema electoral, la educación de la gente, etc.
 
 
Sin embargo, la culminación de las actividades económicas de las que depende la ocupación de la gente y, con ello, su estabilidad y calidad de vida, no forzosamente están condicionadas a la reforma política inmediata --no es que no se deba llevar a cabo, sino que puede esperar o caminar de la mano con otras que sí impactan en la definición de los planes de negocio--. Desde el mes de septiembre del año pasado, la única reforma aprobada que realmente tuvo una vinculación real con el ánimo empresarial, fue la reforma laboral. Como era de suponerse, sin embargo, la sola actualización del marco jurídico de los trabajadores resulta sumamente insuficiente para lograr la generación de más empleos.
 
 
En esta legislatura se han aprobado cambios sustanciales a la Constitución y a otras leyes en materia educativa, amparo, telecomunicaciones, derechos de las víctimas y deuda de los estados, por mencionar sólo las más trascendentes. Todas las reformas salvo la primera mencionada, han tenido que ver con la cosa pública, más que con el cambio que es necesario para dar trabajo a la gente.
 
 
La Ley de Amparo actualizó el marco reglamentario de la Constitución para la defensa de los Derechos Humanos; no vino a aportar un nuevo esquema de seguridad jurídica para quien realiza una actividad empresarial. De hecho, bien podemos recordar el gran conflicto que se dio en el momento en el que, en su articulado, se suprimió el derecho a la medida de suspensión en perjuicio de concesionarios de los bienes del dominio directo de la Nación, como camino para permitir la concreción de políticas públicas en estas áreas, la inclusión de los particulares como autoridades responsables o la tutela de los intereses legítimos.
 
 
La reforma de telecomunicaciones estuvo sobre todo orientada a disminuir el poder de los agentes económicos que compiten en ese mismo mercado y en el de la radiodifusión, más que a atraer inversiones en ese mismo ramo, las que sólo se aprecian como un aspecto consecuencial que provendrá del cambio anterior.
 
 
Debemos hacer votos porque pronto se aborde la discusión de la reforma financiera y la reforma energética, porque junto con la laboral son las únicas que tienen que ver con la creación de empleo. Esperemos que el cambio esperado en materia hacendaria, sin duda el otro gran tema propio de este período de sesiones que está por comenzar, no acabe por ser, al final del día, una simple elevación de la carga impositiva para algunos cuantos.
 
 
Profesor de amparo.