Opinión

El Sistema Nacional de Transparencia: instancia de federalismo colaborativo

 
1
 

 

Corrupción. (definicion.de)

La diversidad, si no es que la disparidad, en las prácticas de las instituciones públicas federales, de las entidades federativas y de los municipios en materia de transparencia exigió un remedio de fondo de naturaleza constitucional y legal: el establecimiento de un piso uniforme y homogéneo en todo el país para ejercer en identidad de circunstancias el derecho de acceso a la información, a partir de la reforma a diversos preceptos de la Constitución General de la República en febrero de 2014 y la emisión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015, próxima a entrar plenamente en vigor en mayo de este año.

Con dichas medidas de robustecimiento del marco jurídico se ha avanzado de manera importante en la minimización de lo que podríamos denominar el actual caleidoscopio estatal y municipal en materia de transparencia y acceso a la información.

Cabe señalar que, tras la reforma de 2014 y la Ley General de Transparencia vienen aparejadas diversas consecuencias para su implementación, de las que podemos destacar las siguientes:

• Abrogación de toda disposición legal en contrario a la Ley General y armonización de todas las leyes locales de transparencia.
• Construcción de la Plataforma Nacional de Transparencia como la herramienta tecnológica que concentrará los sistemas de solicitudes de información, recursos de revisión, portales de obligaciones de transparencia, mecanismos de comunicación entre organismos garantes y Sujetos Obligados, etcétera.
• Actualización de los Portales de Transparencia y el incremento de las Obligaciones de Transparencia con un tronco común de 48 obligaciones y adicionalmente obligaciones específicas según la naturaleza de los Sujetos Obligados.
• Sistema de impugnación bi-instancial consistente en aquellos casos en que los particulares solicitantes no se encuentren satisfechos con las decisiones emitidas por los organismos garantes locales puedan acudir mediante el recurso de inconformidad ante el Pleno del Inai.

Para todo este tipo de aspectos de la implementación de la Ley General y la adecuación o armonización de las leyes estatales de transparencia existe una instancia de coordinación nacional en la cual todas las voces son escuchadas y las decisiones son asumidas en colegiación y corresponsabilidad: el Sistema Nacional de Transparencia.

Dicho Sistema es una instancia de federalismo colaborativo presidido por el Inai y acompañado por todos los organismos garantes de los Estados y de la Ciudad de México, así como de la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La construcción del Sistema Nacional es importante sobre todo para descartar la idea equivocada de que las decisiones asumidas sólo son tomadas fríamente desde la Federación con ignorancia de las realidades locales. No es así, el Sistema Nacional de Transparencia está integrado por todos los organismos garantes del país quienes fijarán la política pública de Estado en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y en cierta medida en archivos y rendición de cuentas que formarán parte de los respectivos Sistema Nacionales de Archivos y de Combate a la Corrupción.

Han iniciado ya los trabajos del Sistema, hay muchas tareas por delante, pero es aquí donde debemos proponer y sugerir respetuosamente algunas acciones que tenemos que llevar a cabo para lograr los objetivos de la reforma constitucional y de la Ley General de Transparencia.

Algunas de estas medidas son:
• Revalorizar los archivos estatales y municipales como premisa material de un ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información.
• Llevar a cabo una capacitación y actualización permanentes en la materia para los servidores públicos, sin pensar en re-fundaciones trianuales o sexenales por los cambios de administración.
• Privilegiar el uso de las nuevas tecnologías como lo será la Plataforma Nacional de Transparencia.
• Y sobre todo, sin pretextos ni conceptos malentendidos de austeridad de los recursos, infraestructura y capacidad para construir las estructuras de transparencia, voluntad institucional para lograr estos cometidos.

Con estas acciones, se garantizará el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las instituciones pública y el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información en beneficio de la sociedad.

El autor es comisionado del Inai.