Opinión

El significado del Acuerdo del 9 de enero 

 
1
 

 

Paseantes en la Alameda. (Cuartoscuro/Archivo)

El pasado nueve de enero, el Presidente de la República convocó a los principales representantes de los factores de la producción, líderes de los sectores empresarial y obrero del país, cuyas empresas y organizaciones aportan el 75% del Producto Interno Bruto de México, para que junto con el Gobierno de la República se adoptaran compromisos concretos para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

Este Acuerdo constituye una respuesta conjunta de los sectores al difícil entorno económico internacional, que busca enfrentar con realismo y con objetividad estas dificultades originadas por la incertidumbre del entorno político y económico internacional.

En ese entorno de incertidumbre y volatilidad, donde las inversiones y capitales pueden cambiar de destino en horas, la prioridad para el país es mantener la estabilidad en la economía a efecto de salvaguardar la economía familiar.

Un elemento fundamental para ello es lograr mantener el poder adquisitivo de los salarios en su relación con la estabilidad de precios, especialmente los de la canasta básica, con especial énfasis en los productos alimentarios.

En diciembre pasado, los sectores productivos alcanzaron por consenso, un acuerdo de gran importancia en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al establecer a través de una fórmula novedosa un incremento muy sustancial al salario mínimo, en apoyo de los trabajadores de menores ingresos y sus familias, decisión que se ha traducido en que, en los primeros cuatro años de esta administración, el poder adquisitivo de los salarios mínimos tengan la mayor recuperación real en cuatro décadas, de alrededor de 15 por ciento.

Gracias al diálogo social, los salarios contractuales de jurisdicción federal y el salario medio asociado a trabajadores asegurados al IMSS también se han recuperado en términos reales en estos cuatro años, en alrededor del 2.5 y 3 por ciento, respectivamente.

Por ello, frente a la volatilidad era necesario implementar medidas para evitar retroceder en lo que con mucho esfuerzo hemos avanzado, y privilegiar tanto la estabilidad de precios como la protección de la planta de empleo, que también ha tenido un dinamismo histórico con más de 2.3 millones de puestos de trabajo formales en esta administración, 732 mil de ellos el año pasado a pesar de un menor crecimiento económico.

Por esa razón, y con base en el Convenio de Colaboración que desde el mes de noviembre de 2016 la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, suscribimos para Proteger y Fortalecer la Capacidad Adquisitiva del Salario y acercar a los trabajadores información sobre sus derechos como consumidores, a través de las áreas de inspección de la Secretaría del Trabajo, hemos realizado alrededor de 400 visitas de verificación de condiciones de seguridad e higiene así como para detectar aumentos injustificados de precios en productos de la canasta básica.

Estas acciones tienen como objetivo evitar que, a los trabajadores, en su carácter de jefes de familia y de consumidores, especialmente aquellos de menores ingresos, les afecten negativamente en su capacidad de consumo, los incrementos de precios que no tengan una justificación de mercado.

Los primeros resultados han consistido en dictar medidas de restricción de acceso al centro de trabajo por violación a la normatividad laboral en 29 centros de trabajo en diversas entidades de la República, donde se producen y se expenden tortillas y en los que también se detectó un incremento injustificado en los precios al consumidor.

En momentos de grandes desafíos como estos, es indispensable mantener el diálogo social y la solidaridad entre los distintos sectores, apoyando el comercio responsable, el consumo informado, y la protección de los derechos laborales de los trabajadores.

De esta forma podremos mantener las fuentes de trabajo, la estabilidad de precios que es fundamental para proteger el poder adquisitivo de los salarios, y mantener la confianza de inversionistas, empresarios, trabajadores y familias en nuestra economía y en nuestra capacidad de diálogo y de acuerdo, con la corresponsabilidad de todos.

El autor es Secretario del Trabajo y Previsión Social.