Opinión

El secuestro del poder público

 
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corrupcion

La casta de políticos tradicionales ha secuestrado el poder público en México, cuando éste debía radicar en la ciudadanía. Desde hace decenios, pero con más notoriedad en el pasado reciente, la casta de políticos tradicionales ha logrado preservar el monopolio del poder, la toma de decisiones trascendentales, para su beneficio personal y, en un segundo lugar muy distante, para beneficio de sus partidos. Rara vez piensan en el país y en la gente. 

Para ilustrar mi argumento, presento algunos ejemplos. Desde hace años, la designación de funcionarios públicos de órganos autónomos se ha constituido en cotos de poder partidista, que en realidad representan sus intereses y no los del órgano en función del interés público. Tal fue el caso del nombramiento de una vicepresidenta del INEGI, a principios de este año, por la determinación del secretario de Hacienda, apoyado por los senadores del partido en el poder con la complicidad de otros que están supuestamente en la oposición, quienes debieron ratificarla a pesar de que no cumplía los requisitos de ley. En otros casos, simplemente no cumplen su responsabilidad constitucional al no nombrar, por intereses personales o políticos, a funcionarios indispensables para el bienestar de los ciudadanos, como el procurador general de la república o el fiscal anticorrupción.

Otros ejemplos. Al aprobar reformas a diversas leyes que permitieron el endeudamiento oculto de los estados a través de un fideicomiso privado (no sabemos con exactitud a cambio de qué), los legisladores estatales nos dieron la espalda a sus representados. Con ese mecanismo, estados como Michoacán, Edomex, Puebla, Veracruz, Chihuahua y muchos más, permitieron al Ejecutivo estatal endeudarse sin tener que solicitar permiso a nuestros representantes, indicar en qué se usarían los fondos, por qué cantidad, bajo qué condiciones financieras, a qué plazo y, para colmo, sin estar sujetos al escrutinio público. En estos casos, que al menos 15 estados comparten o compartieron, los diputados locales fueron verdaderos cómplices de los gobernadores en sus maniobras para obtener recursos adicionales, a costa de los contribuyentes de ésta y de la próxima generación. Los legisladores, y los políticos del Ejecutivo, actuaron por un interés personal y no por el interés de todos los demás. Varios ciudadanos impugnamos el fideicomiso referido y estamos a la espera de una decisión definitiva.

Lo mismo ocurre con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que ha sido un calvario. Pareciera que las trabas se deben a que los legisladores se han asegurado que no puedan ser perseguidos por esa nueva institución. Su desdoblamiento en los estados no ha corrido mejor suerte. Varios gobernadores enviaron iniciativas legislativas que buscaban blindarlos de acusaciones posteriores. Afortunadamente la Suprema Corte intervino en varios de ellos. Todavía sigue esa ofensiva, muchas veces sin posibilidades de oponerse con efectividad, pues los gobernadores mantienen un control férreo de los congresos estatales. ¿Dónde quedamos los ciudadanos que estamos hartos de la corrupción?

El interés personal de los legisladores ha prevalecido por encima del interés público en el caso del exfiscal electoral Santiago Nieto. La lucha porque la votación fuera cerrada sólo refleja que los ciudadanos no contamos. Al final de cuentas, los senadores nos representan y los ciudadanos tenemos derecho a enterarnos de cómo están votando.

Ya cada quien decidirá si fue bien o mal representado en el sentido del voto, pero se deben a nosotros, los ciudadanos. Como agravante, la reciente remoción del fiscal de la FEPADE se agrega a la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR y a la falta del fiscal anticorrupción. No se ha podido completar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Por negligencia o por falta de acuerdo político, no existen cabezas de las instituciones fundamentales de procuración de justicia en el país, que van en detrimento directo de la seguridad de la población. Tal pareciera que se trata de un acuerdo de impunidad y no de procuración de justicia. Todo apunta a que nuevamente los políticos están inmersos en una contienda por sus propios intereses y no por los intereses de la gente.

¿En dónde quedó el interés público? ¿En dónde quedó el ciudadano? La casta política, como los dioses griegos, sólo habita en el Olimpo y ahí libra sus batallas, sin percatarse que se deben, justamente, a los ciudadanos mortales que un día habrán de rebelarse.

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