Opinión

El saqueo de ductos y el IEPS de la gasolina

 
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Puebla. (Reuters/ Cuartoscuro)

El enfrentamiento de delincuentes con el Ejército y la Policía sucedido ayer en Puebla, cerca de la comunidad La Palmerita, y que terminó con un bloqueo de varias horas en la autopista, que nos tocó a 500 metros de donde ardían las llantas, es consecuencia de cómo ha crecido un problema que tiene mucho tiempo, pero que hoy rebasa cualquier límite de tolerancia, siendo un ejemplo de corrupción institucional, de asociación con la delincuencia organizada, que funciona ya como cualquier corporativo con muchos frentes de acción.

La manifestación de los familiares de los criminales, así como de pobladores de ese municipio, reflejan otro método vinculado con la pobreza de los pueblos.

El fenómeno es creciente, lo podemos observar en materiales de Animal Político y de la prensa nacional.

De 2010 a 2016, las tomas clandestinas han pasado de 691 a seis mil 159, el costo económico es cercano a 160 mil millones de pesos, equivale el robo a 732 mil pipas, esto es de 124 mil millones de litros. Se observa un crecimiento acelerado de este fenómeno de corrupción, donde además del daño social está el patrimonial a Pemex, es decir a la Nación.

Esos 160 mil millones de pesos, a los que podemos sumar aproximadamente otros 90 mil millones de la primera década de este siglo, significan una afectación directa a las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno. Casi tres veces los excedentes petroleros pagados de 2003 a 2018.

Por otra parte, es claro que desde 2014 el IEPS de las gasolinas se volvió positivo, y desde 2015 ha sido la tablita de salvación de las finanzas públicas, particularmente las de los órdenes subnacional y local, que dependen fuertemente de las transferencias de los ingresos federales coordinados.

Este año ha bajado por la fórmula que se aplica, siendo no obstante fundamental su recaudación, ya que aunque los ingresos de exportación han crecido, la nueva mecánica del componente tributario de la recaudación participable proviene del Fondo Mexicano del Petróleo, que es con mucho reducido frente a los derogados derechos de extracción hidrocarburos.

Pues bien, estos ingresos robados a Pemex se traducen en menor pago de IEPS, por tanto en menores ingresos federales y en menores participaciones a estados y municipios, recursos éstos de libre disposición. Por lo tanto, menor gasto social y de seguridad.

No es fácil enfrentarlo, se trata de temas de desarrollo tecnológico, de seguridad, de atención social, de vigilancia ciudadana, de comunicación política y de trabajo policiaco.

Es evidente que el viejo esquema de la ordeña y del robo en las propias plantas de Pemex, para su venta en las carreteras de estados como San Luis Potosí o Coahuila, que se reportaba a principios de siglo, ha evolucionado.

Recuerdo que se intentaron muchas cosas. Primero promover que se calificase esa actividad como delito grave, pues los delincuentes salían a las 48 horas; que Profeco rastrease que en las gasolineras no se mezclara producto lícito con el robado, medidores, vigilancia para detectar los tanques enterrados. Pero apareció la formación de bandas, la colusión con empleados (se habla de 130 empleados remitidos a las autoridades) y empresas que lo compran y autoridades municipales que lo toleran.

Es un tema complicado, que sí se ha atendido, quizá no lo suficiente, ni de manera integral, menos como un asunto de seguridad nacional.

Se trata de un problema de combate al crimen organizado, así como de un asunto de política de desarrollo, de política social.

Como ayer se pudo ver, las autoridades municipales o están en el juego o se vuelven mudas. Las familias son dobles víctimas, incluso ante el acto terrible de que usasen a niños y mujeres como escudos. Y no olvidemos al bebé que mataron esta semana.

[El robo de combustible] está presente en la mayoría de los estados y en cinco se concentra la tercera parte.

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