Opinión

El reto de Rubido

El objetivo del nuevo comisionado nacional de Seguridad Pública -en espera de confirmación del Senado- Monte Alejandro Rubido es, como aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “recuperar la tranquilidad de todos los mexicanos”.

Responsabilidad prima de los gobiernos modernos y razón de la sustitución de los modelos feudales, la seguridad no puede verse en México sólo en la paz del alma y la garantía a los ciudadanos que cada día no será el último en su vida. La seguridad pública impacta directa y negativamente en la economía, y al alterarla lastima la inversión, el gasto y el desarrollo. La consecuencia es perniciosa: la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades, son una de las fuentes más poderosas de la delincuencia. Michoacán es su mejor ejemplo.

La inseguridad de los últimos ocho años y el combate a los cárteles de las drogas generó una imagen muy negativa de México en el mundo, peor aún que la de los años 80, cuando el fenómeno del narcotráfico tomó carta de identidad en este país. Los miles de muertos en este prolongado conflicto son contabilizados y comparados con otras guerras convencionales en el Medio Oriente y en Asia, lo que ha generado alertas permanentes de varios gobiernos a sus ciudadanos para que no viajen a México. Desde 2009 se cancelaron cruceros y vuelos internacionales a México, lo que impactó al turismo. Ixtapa, uno de los mejores destinos, vive en la depresión permanente. Los gobernadores de los estados con destinos turísticos tienen que cabildear constantemente para frenar la caída, mientras otros pagan en subsidios onerosos a empresas multinacionales para que instalen fábricas en sus entidades.

Hay un costo indirecto para el gobierno federal y los estatales que se tiene que pagar para transmitir una imagen de estabilidad y mejora en las condiciones de seguridad, que ha motivado a varias embajadas a pagar bonos adicionales a sus diplomáticos para que acepten comisiones en México. En algunas entidades, los capitanes empresariales se mudaron a Estados Unidos para evitar el temor al secuestro, y empresas mexicanas y multinacionales han optado por retirar sus operaciones en algunos estados o pagar las extorsiones de los cárteles porque es menos costoso que implementar medidas adicionales de seguridad.

El impacto directo sobre la economía es significativo. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, reveló a finales de 2013 que la violencia costaba a México anualmente entre 8 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en daños materiales, pérdida de productividad, atención médica, rehabilitación de discapacidades, servicios de seguridad y falta de inversiones. Aunque la obligaron en el gobierno a desdecirse, sus cifras fueron ratificadas meses después por el Observatorio México, que contabilizó las pérdidas anuales entre mil 300 y dos mil 400 millones de pesos.

De estos, el Instituto Mexicano para la Competitividad estableció que 215 mil millones de pesos están asociados sólo a los costos que absorben los hogares por el delito y la inseguridad. Por ejemplo, la gente dejó de usar joyas, redujo su asistencia a cines y teatros, evitan tomar taxis y transporte público, o no son proclives como antaño a ir a comer a restaurantes. Al recortar el consumo, disminuye la derrama económica, que afecta utilidades y al empleo. Ese organismo, financiado por el sector privado, añadió que hubo una disminución en el uso de tarjetas de crédito o débito, por lo que las decisiones de gasto impactaron en la compra de bienes y productos que dejaron de consumirse por la inseguridad.

El fenómeno de la violencia golpeó principalmente a la población económicamente activa. La secretaria Juan dijo que en 2012 la sexta causa de muerte entre personas de 15 a 44 años fue por mortalidad dolosa (homicidios deliberados), cuando seis años antes era la décima causa; 59 mil personas en esa edad murió en aquel año. La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública abonó a la complejidad del problema: nueve de cada 10 delitos en el país no se denuncian; uno de cada tres hogares fue víctima de algún ilícito; y seis de cada 10 mexicanos considera que la inseguridad es la principal problemática del país.

La inseguridad no es sólo un problema social y de normas de convivencia. Es también un problema económico que afecta al desarrollo y que al no resolverse, alimenta el círculo vicioso de necesidad y hambre, que acompañados de falta de oportunidad y frustraciones, generan una desesperación que se proyecta en las autodefensas, pero sobretodo, en el reclutamiento inagotable de milicias al servicio de la delincuencia organizada.

La paz mexicana pasa por avenidas más amplias que combatir y neutralizar la criminalidad. Este es el reto de Rubido, sin duda, pero su alcance es finito. Hay que estar claros que la tranquilidad del país no depende únicamente de él, aunque la llave de la puerta de entrada sí está en su bolsillo.