Opinión

El régimen de consolidación fiscal y el nombre del cerdo

10 febrero 2014 4:28 Última actualización 23 septiembre 2013 5:2

Dolores Padierna Luna
 
Una vieja historia sudamericana cuenta que un fraile comenzó a bautizar con nombres “cristianos” a los indios de una comunidad. “¿Cómo se llama?”, preguntaba. “Guaicaipuro”, le respondían. “Nada de Guaicaipuro, usted se llama Nicolás”, y así fue renombrando a todos en el bautizo. El religioso también había prohibido a los indígenas comer cerdo, así que cuando un día los encontró dándose un banquete con carne de ese animal los regañó: “Les dije que no podían comer cerdo”.
 
Los indios respondieron con tranquilidad: “Ya solucionamos el problema, a este cerdo lo bautizamos y le pusimos chigüire. Así que no estamos comiendo cerdo, sino chigüire”.
La historia viene a la memoria porque en la iniciativa de Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el Ejecutivo federal se presume la eliminación del régimen de consolidación fiscal, aunque en realidad sólo se trata de un cambio de nombre.
 
 
Como se sabe, este régimen se ha convertido en un mecanismo mediante el cual los grandes corporativos empresariales difieren e incluso evaden el pago de impuestos. A través de este régimen, los conglomerados pueden descontar de las ganancias de sus empresas las pérdidas de otras del mismo grupo o, en el mejor de los casos, diferir el pago hasta por cinco años.
 
 
El complejo esquema dificulta la fiscalización y permite a los grupos empresariales llevar a cabo una “planeación fiscal” que reduce el pago de impuestos. Para 2013, el costo fiscal de este régimen se estima en nueve mil 554 millones de pesos (mdp) y para 2014 en 9,942 mdp[1]. Esta estimación sólo incluye el monto de los impuestos diferidos, no el costo fiscal derivado de la planeación fiscal, que podría ser mucho mayor.
 
 
Así, un esquema razonable en teoría ha abierto la puerta a numerosos abusos. No es casualidad que la Auditoría Superior de la Federación haya encontrado que las grandes empresas sólo pagan 1.7 por ciento de sus ingresos como ISR (antes de devoluciones).
 
 
Ahora, como los indios con el cerdo y el chigüire, el gobierno quiere decirnos que el régimen desaparece aunque en realidad sólo cambia de nombre, pues ahora se llamará Régimen Fiscal Opcional para Grupos de Sociedades.
 
 
Según la iniciativa, este nuevo régimen permitirá un mayor control. Sin embargo, se seguirá permitiendo diferir pagos, aunque el plazo se reduce de cinco a tres años. El régimen de consolidación fiscal seguirá pero con otro nombre, pese a que, en teoría, habrá mayores mecanismos de control.
 
 
La iniciativa del Ejecutivo no contiene es una justificación convincente para mantener este régimen, pues sólo aduce que se trata de que “nuestras empresas sean competitivas con respecto a los inversionistas extranjeros, al tiempo que asegure los controles necesarios para evitar las planeaciones fiscales”.
 
 
No hay, en la propuesta, argumentos sólidos que demuestren que este nuevo esquema beneficiará al país y no sólo a las empresas. Esto es particularmente relevante cuando se trata de otorgar beneficios a los grupos empresariales más poderosos del país; es decir, a los que tienen mayor capacidad contributiva y, también, “mejores” condiciones de evadir obligaciones.
 
 
Aunque la iniciativa pretende demostrar que habrá mayores controles, deja de lado lo esencial: las razones para mantener este régimen de privilegio que ha propiciado prácticas tales como que los grupos adquieran empresas solamente para pagar menos impuestos y que, además, ha permitido a muchos diferir indefinidamente sus pagos.
 
 
La Secretaría de Hacienda debe decirnos: ¿Qué beneficios concretos ha traído al país, no a las empresas, el régimen de consolidación fiscal? ¿Por qué se pretenden mantener los privilegios de algunas empresas que forman parte de grupos y se deja fuera a las demás? ¿Qué se busca presentando un cambio de nombre como la desaparición de un régimen de excepción?
El Ejecutivo debería exponer las razones por las cuales este régimen debe seguir existiendo, no sólo bautizar un chigüire.
 
La autora es senadora de la República.