Opinión

El problema de fondo

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Enfrentamiento Tanhuato Michoacán (Cuartoscuro)

La afirmación del secretario de Gobernación: “México no está en llamas”, ha sido zarandeada por la realidad. El enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán, cerca de la frontera con Jalisco, es uno de los más fuertes del sexenio. El saldo habla por sí mismo: 42 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) muertos versus un miembro de la Policía Federal.

No sólo eso. La versión oficial del enfrentamiento y el saldo han levantado sospechas. A decir de Alejandro Encinas, presidente de la comisión bicameral de seguridad nacional, podría tratarse de un operativo preparado con antelación, como respuesta al “levantamiento” del 1 de mayo y a las emboscadas de soldados, policías federales y estatales por el CJNG en Jalisco.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que la estrategia que delineó el gobierno federal al inicio del sexenio ha sido completamente rebasada. Como algunos advertimos, era absurdo concentrar el esfuerzo en la prevención del delito cuando la casa ardía en llamas.

La otra piedra de toque: la coordinación de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para combatir al crimen organizado, ha mostrado su disfuncionalidad. Cómo hablar de coordinación cuando se sabía que parte fundamental del problema era la colusión –o sometimiento– de autoridades estatales y municipales con los cárteles.
A lo anterior se agregaba la tesis que la violencia era un problema de percepción. Bajo esa perspectiva, había que modular el tema y el tono en los medios de comunicación. Y así se hizo. Por eso, la reacción inicial ante Ayotzinapa fue de absoluta distancia.

Sólo una vez que el escándalo de los 43 se volvió inmanejable, vino la rectificación. El jefe de la Oficina de la Presidencia reconoció que se había subestimado el problema de la violencia, y el presidente Peña propuso un decálogo de seguridad y justicia el 27 de noviembre.

Paradójicamente, cruzado ese Rubicón, el gobierno ha retomado, si no el discurso calderonista, sí prácticas cercanas al mismo. Menciono dos: la eficacia de la lucha contra el crimen organizado se mide, ahora, por el número de capos detenidos (93 de 122 objetivos) y, en operativos como el de Jalisco, se abandonó la estrategia de coordinación con las autoridades locales para evitar fugas de información.

Esto reedita lo que ocurrió el 29 de julio de 2010, cuando Ignacio Coronel, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Jalisco, murió en un operativo del que nada se informó al gobernador, Emilio González, ni a la Procuraduría del estado.

Tras esa coincidencia, sin embargo, se esconde una amarga realidad: el operativo de 2010 fue un éxito, si se considera que Coronel resultó muerto, pero la Operación Jalisco fue un fracaso, dada la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación, amén que cabe suponer que hubo filtraciones.

Esto representa un problema serio para los organismos del gobierno federal, que han reaccionado con un esquema centralista. El Ejército, en la persona del general González Cruz, ha asumido el mando de la Operación Jalisco supeditando a las instancias locales.

Hay quien asegura que el “levantamiento” del 1 de mayo es una suerte de suicidio, ya que tarde o temprano el CJNG será incapaz de soportar la contraofensiva del Estado. El mensaje implícito es que, finalmente, la situación no es tan grave y las aguas volverán a su cauce.

Pero, ¿es de verdad un acto suicida? Puede ser, aunque el Estado no siempre ha sido capaz de restablecer el orden ni someter a los criminales. Fue el caso de Michoacán durante años y allí está Tamaulipas.

Por lo pronto, las decenas de muertos en Tanhuato confirman que el gobierno federal va con todo contra el Cártel Jalisco. Tal como Calderón fue con todo contra La Familia. Por desgracia, no hay garantía que esa estrategia rendirá, ahora, frutos inmediatos a menor costo.

El problema de fondo, sin embargo, está en otra parte: la clase política en su conjunto no reconoce la gravedad de la crisis de violencia ni se empeña en resolverla. Por eso la iniciativa de seguridad, presentada el 27 de noviembre, no ha sido siquiera discutida; así como en su momento, el gobierno de Calderón careció de apoyo para crear una policía nacional o 32 cuerpos estatales.

Twitter: @SANCHEZSUSARREY

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