Opinión

El precio de la libertad

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Presentación de "El Chapo". (Eladio Ortiz)

A veces olvidamos que las figuras públicas, incluso aquéllas que ostentan mayor poder, son seres humanos como los demás. Los riesgos que un fugitivo esté dispuesto a tomar son el factor clave para capturarlo. Aunque su historia es poco conocida, Frank Matthews ha sido uno de los mayores narcotraficantes de la historia. Fue pionero en el tráfico de heroína a gran escala (a principios de la década de los 70 controlaba el comercio de dicha sustancia en todas las ciudades de la costa este de Estados Unidos). Desapareció cuando ya era sujeto de una investigación de la DEA. Ni el gobierno norteamericano, con sus ingentes recursos, ha podido dar con su paradero en más de 40 años.

Matthews evadió con éxito la justicia porque estuvo dispuesto a renunciar a su vida en Estados Unidos (con toda seguridad se fugó al extranjero) y aceptó mantener un perfil bajo por el resto de su vida. Joaquín Guzmán Loera no estuvo dispuesto a pagar un precio tan alto por su libertad. Al parecer quedó expuesto por el apego a su familia o por el capricho de ser inmortalizado en una película. Si las cosas hubieran sido de otra forma, y la entrevista entre Sean Penn y El Chapo se hubiera dado a conocer antes de que se concretara la captura, la humillación para el gobierno mexicano hubiera sido inmensa. Sin embargo, el gobierno federal supo aprovechar bien las debilidades de Guzmán Loera. Su captura no deja de ser un éxito y un alivio para Los Pinos. Después de meses de tropiezos, en un contexto de acelerada depreciación del peso, el viernes pasado el presidente pudo salir sonriente ante los medios para anunciar un logro tangible. Por ello se explica el triunfalismo algo excesivo en sus mensajes.

En la atropellada descripción de la investigación que hizo la noche del viernes la procuradora Arely Gómez se advierten dos mensajes centrales. Primero, se insistió en que las distintas dependencias del gabinete de seguridad desempeñaron un papel en la captura. Con ello se busca minimizar el protagonismo de la Secretaría de Marina (y la hipótesis de que es la única dependencia que cuenta con unidades operativas relativamente inmunes a la corrupción). Segundo, que el mérito corresponde a las instituciones mexicanas. Brillaron por su ausencia las referencias a la cooperación del gobierno de Estados Unidos. Lo anterior, a pesar de que, de acuerdo a la agencia Reuters, una fuente de “alto nivel” señaló que en la operación para recapturar a Guzmán Loera estuvieron involucrados tanto la DEA como funcionarios del sistema penitenciario estadounidense.

La recaptura de El Chapo también implica una difícil disyuntiva: cómo proceder ante las solicitudes de extradición que formalmente ha presentado el gobierno de Estados Unidos. Todo parece indicar que el gobierno federal será cauteloso. Guzmán Loera fue trasladado de nuevo al penal del Altiplano y la PGR emitió un comunicado en el que describe el proceso a seguir para atender las peticiones de extradición.

El comunicado sugiere que existe voluntad para entregar, eventualmente, a Guzmán Loera a las autoridades norteamericanas. Se señala que, tras la captura, “se deberá dar inicio a los respectivos procedimientos de extradición”. Es decir, se ha renunciado a la posición soberanista del exprocurador Murillo Karam (quien dijo en su momento que antes de enviar al Chapo a Estados Unidos, éste tendría unos 300 o 400 años de condena en México). Sin embargo, también se descarta que Guzmán Loera pueda salir de forma inmediata del país.

En el comunicado se advierte que la Ley de Extradición contempla un procedimiento con varias etapas y formalidades. Como es sabido, después de la fuga los abogados de Guzmán Loera iniciaron un juicio de amparo para impedir la eventual extradición de su cliente.

Más allá del cumplimiento de los procedimientos previstos en la Ley de Extradición, la permanencia de Guzmán Loera por algunas semanas o meses en territorio nacional podría ser positiva. En primer lugar, es ahora cuando el capo tiene un mayor valor como fuente de información. Si el gobierno logra que Guzmán Loera colabore, se podrían tomar medidas ejemplares en contra de las autoridades y los particulares que lo ayudaron durante los meses que estuvo prófugo.

En segundo lugar, la permanencia de Guzmán Loera en el penal del Altiplano podría servir en algo para resarcir la maltrecha reputación del Sistema Federal de Readaptación Social y como señal de confianza en Renato Sales, el nuevo Comisionado Nacional de Seguridad. Por supuesto, la historia del Chapo ha sido tan extraordinaria que ninguna posibilidad puede descartarse. Esperemos que ahora sí se estén tomando todas las medidas necesarias para garantizar su integridad física y su permanencia de dentro del penal del Altiplano.

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@laloguerrero

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