Opinión

El peor de los mundos

 
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2018

La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador pidió que el próximo presidente de la República pueda presentar la terna para fiscal general de la República con nombres de gente honorable. Dijo que sería muy incómodo que ahora se eligiera por 10 años, deslizando la idea de que no contaría con el apoyo político del nuevo gobierno.

Ayer el presidente Peña Nieto dijo que el nuevo nombramiento no podía ser rehén de la efervescencia política y que era mejor procesarlo hasta después de la elección. Lo mismo dijo el presidente del PRI, quien aseguró que si los partidos se ponían “intransigentes”, propondría elegir al fiscal después del 1 de julio de 2018. Mientras tanto, los terremotos y otros conflictos entre partidos han desvanecido la discusión del nombramiento del fiscal: la iniciativa para eliminar el 'pase automático' se ha diluido entre otros asuntos y no hay ni cambio legal ni agenda para sacarlo adelante.

Qué bueno que se elimine el pase automático, pero una vez que el PAN ganó esa batalla política, el asunto ha dejado de ser una prioridad. Aun si el proceso legislativo iniciara hoy, dicha reforma constitucional podría llevar dos o tres meses, porque tiene que recorrer ambas cámaras del Congreso federal y luego ir a las legislaturas estatales. Ello implica que la convocatoria para el nombramiento podría ocurrir hasta el siguiente periodo de sesiones que inicia en febrero de 2018, justo en medio del inicio de las campañas presidenciales. ¿Habrá capacidad y serenidad para hacer un nombramiento de consenso en medio de la guerra electoral?

En los últimos meses varias organizaciones civiles y actores políticos propusieron un diálogo nacional para reformar el artículo 102 constitucional para rediseñar las facultades de la nueva Fiscalía, sus mecanismos de reclutamiento y la autonomía de los servicios periciales. En política lo perfecto no es amigo de lo factible. Al pedir todo, los promotores del mundo ideal acaban por dinamitar lo posible y eliminan cualquier avance.

¿Qué están calculando los partidos políticos? Cada uno en qué momento es más ventajoso nombrar al fiscal general. Claramente AMLO piensa que arrollará en la elección de 2018 y por eso le conviene ser quien proponga la terna del fiscal. No sólo eso, en su video de la semana pasada, sugiere que sería inoportuno el nombramiento en este momento y con ello desliza que podría revocarlo una vez en la presidencia de la República.

Los integrantes del Frente Ciudadano por México también apuestan por ganar y en ese caso les conviene patear la pelota. Y el PRI piensa que podrá remontar sus bajos números y ser competitivo el próximo año. Pero sólo habrá un ganador y probablemente un conflicto poselectoral que hará más difícil procesar el nombramiento.

Por ello, cada vez es más probable que lleguemos al 1 de diciembre de 2018 sin fiscal y sin reforma constitucional, con el riesgo de que el nuevo presidente 'patee la pelota' y proceda a nombrar a un encargado de despacho mientras el Congreso procesa sus 'diferencias' (quizá algo parecido a lo que pasó con la Secretaría de la Función Pública al inicio de este sexenio).

A principios de este año se lanzó una nueva convocatoria para nombrar al fiscal anticorrupción (uno de los brazos de la Fiscalía General). Un comité de acompañamiento ciudadano, del cual formé parte, apoyó el proceso para darle más transparencia y propiciar un perfil imparcial. Aunque el comité propuso cuatro nombres, los partidos se entramparon, notablemente el PAN que se opuso bajo el argumento de que no era prioritario nombrar un fiscal anticorrupción si sólo duraría en el cargo menos de dos años. Mejor esperar a tener una Fiscalía Anticorrupción verdaderamente autónoma. En esa discusión, más los pleitos entre partidos y los cálculos de unos y otros, se fue el tiempo: ni hay fiscal anticorrupción ni mejores instrumentos para combatir los casos de corrupción que brotan.

La ventaja de nacer, aun con imperfecciones, es aprender caminando, mediante pruebas y errores. Que hubiera ya un fiscal anticorrupción en la silla ayudaría para revisar desde adentro, ordenar lo desordenado, mejorar el reclutamiento, mejorar la asignación de recursos y determinar cuáles son las carencias estructurales a las que se enfrenta la institución. Lo mismo aplica para el fiscal general.

El procurador saliente, Raúl Cervantes, dedicó meses a trabajar en el diseño de varias reformas legales para darle forma a la nueva Fiscalía General, de la mano de la UNAM y el CIDE. Ese esfuerzo puede irse a la basura porque pasada la excitación del pleito político para quitar a Cervantes, a los partidos les interesa menos el asunto. Es una lástima porque ésta, la reforma que da autonomía a la PGR, es uno de los cambios más trascendentes de las últimas décadas. Y puede irse a la borda.

El gradualismo que proponía la reforma constitucional de 2014 era mejor que lo que tenemos ahora: nada. Reitero: qué bueno eliminar el pase automático, pero el maximalismo de sus proponentes puede impedir que se avance en los próximos meses. Si era indeseable que el nuevo fiscal careciera de la confianza por su cercanía con el presidente, ahora tenemos algo quizá peor: una Procuraduría acéfala, sin agenda de cambio, sin motores para empezar a funcionar.

* Este texto retoma varias ideas de uno publicado el día del terremoto del 19 de septiembre.

Twitter: @LCUgalde

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